<h4>Por Fernando Quaglia | LVSJ&nbsp;</h4>El verano político argentino transcurre con episodios que marcan el clima de época. Mientras la rosca se mueve entre sombras, algunas playas bonaerenses, teatros marplatenses y festivales cordobeses son escenario propicio para la aparición de gobernantes con la intención de “bañarse” de aplausos y vítores. Negociaciones arduas para sumar adhesiones a la reforma laboral y un suspenso que mantiene en vilo a los actores de la política nacional.En este marco, el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso prevé ajustadas expectativas. Todo parece indicar que el Senado aprobará el proyecto de reforma laboral, aunque deberá ceder en algunos aspectos puntuales, especialmente referidos a disposiciones tributarias que son resistidas por varios gobernadores. Llamativo es este aspecto: sobre una ley que reformula o moderniza las condiciones de trabajo de los argentinos se discuten las aún no resueltas cuestiones impositivas y fiscales entre Nación y provincias.Esta situación, además, expone los límites reales del poder. Y coloca a la ley laboral en el sitial que ocupan las pruebas de gobernabilidad. El debate exigirá la acción de equilibristas políticos que, pragmatismo mediante, asuman con realismo hasta dónde se puede tensar la cuerda ante un respaldo que existe, pero que exhibe condicionamientos.La negociación encarnada en las giras por el interior del ministro Santilli no constituye un dato sorprendente. Sí lo es la ausencia de un conflicto mayor. Puede ser que el verano haya amainado los reclamos. Sin embargo, ante la inminencia del debate y pese a las amenazas de algunos gremios combativos, la conducción de la CGT solo expresa su oposición de modo verbal. La resistencia históricamente explosiva a los anteriores intentos de reformas laborales aún no se manifiesta. Es muy posible que esta circunstancia exprese la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para leer el presente político y sus disrupciones nacionales e internacionales.&nbsp;<h3>Un protagonista</h3>Sin haber demostrado todavía que se aprendieron las lecciones de los fracasos legislativos del año pasado, el gobierno confía en que la reforma laboral saldrá del Senado. Es así como Milei mantiene su protagonismo oscilando entre anuncios de racionalidad (tendremos leyes de “países normales”, dijo) y su habitual histrionismo especialmente cuando se encuentra con los militantes más fervorosos. Sus apariciones públicas, sus números musicales en festivales folklóricos cordobeses y el teatro marplatense le sirvieron para captar la existencia de un clima que mantendría las expectativas expresadas en las urnas en septiembre pasado. Es su estilo confrontador y polémico. Pero también una manera de ocupar el espacio que otros han dejado vacante.El discurso que pronunció Milei en la Cumbre de Davos no hizo ruido como el del año pasado, cuando arremetió sin miramientos contra la cultura “woke”. Sin embargo, los conceptos allí expuestos permiten entender la controversia abierta a partir de la decisión oficial de adjudicar a una empresa extranjera -con una oferta más competitiva- una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un oleoducto en Vaca Muerta. La disputa expresa la mirada tajante que descarta la intervención del Estado para beneficiar a actores locales, en nombre de un “capitalismo justo”. Y, al mismo tiempo, ratifica el intento de producir un quiebre de las prácticas económicas y empresariales del pasado, al exponer a un poderoso grupo industrial de origen nacional como símbolo de discrecionalidad y búsqueda de beneficios.Tanto es así, que no hesitó en colocarle el apodo de “Dr. Chatarrín” a uno de los empresarios más poderosos del país, quien se quejó porque una empresa de la India obtuvo la referida licitación. De este modo, repuso en la escena nacional la discusión tan añeja como no resuelta, que enfrenta a las posturas aperturistas con las proteccionistas que, por imperio de las disrupciones de Donald Trump, hoy también envuelve al mundo.Lejos del estilo didascálico de Davos y aun considerando las enormes diferencias entre los auditorios, su discurso en el evento “Derecha Fest” renovó su faceta más ácida y provocadora. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”,&nbsp;sostuvo en clara alusión a las críticas que hizo el líder del grupo Techint. Y afirmó que “siempre existen piedras en el camino”, en referencia directa al apellido Rocca.&nbsp;Así, entre ironías, excesos, “Rock del gato”, “Amores salvajes”, viajes a las provincias del ministro del Interior, poroteos en el Senado, reclamos provinciales ante la posible merma de recursos que pueda generar la reforma laboral, incertidumbre de dirigentes opositores y gremiales que no aciertan en su lectura del presente y&nbsp; el sonoro choque con un peso pesado del empresariado, &nbsp;transcurre un verano argentino en el que afloran las mismas controversias no saldadas de siempre -coparticipación, importaciones versus producción nacional, por caso. Para no perder la costumbre, el estío nos encuentra -otra vez- hasta los caños.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="45978" data-title="Puede interesarte"></section>

Hasta los caños

<h4>Por Fernando Quaglia | LVSJ&nbsp;</h4>El Boletín Oficial del primer día hábil de este año llegó con una sorpresa. Un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (el 941/25) estableció modificaciones importantes a la Ley de Inteligencia Nacional. De inmediato se abrió un debate político y jurídico que fue creciendo aun cuando funcionarios, legisladores y magistrados judiciales están hoy más atentos al oleaje del mar que a las vicisitudes políticas e institucionales.El decreto reforma la estructura y amplía las atribuciones de la Secretaría Inteligencia del Estado (Side). &nbsp;El nuevo esquema combina disposiciones que buscan actualizar el sistema frente a amenazas contemporáneas con otras que despiertan serias dudas por su posible impacto sobre derechos y garantías constitucionales.Por cierto, el contexto político es un dato clave para analizar el futuro de este decreto. Luego de las últimas elecciones de medio término, la actual conformación del Parlamento dificulta reunir mayorías en ambas cámaras para rechazar un DNUAprovechando la insólita&nbsp; estructura normativa que volvió casi inexpugnables a los decretos presidenciales -diseñada durante el kirchnerismo-, Milei decidió avanzar. Y es posible que se tome revancha de la derrota que sufrió cuando pretendió asignar millonarios fondos a la Side y el Congreso, por primera vez en la historia, anuló esa decisión “de necesidad y urgencia”.La historia de los servicios de inteligencia argentinos es controvertida y también poco recordada. Desde la creación de la Cide durante el primer peronismo hasta la Side y sus múltiples reformulaciones, la inteligencia estatal estuvo durante largos períodos asociada al control político interno. Espionaje a personajes públicos de varios ámbitos, superposición de organismos y vínculos con prácticas represivas forman parte de un pasado que no distingue ideologías.Como recuerda Pablo Mendelevich en La Nación, el problema no es nuevo: la cultura del espionaje político se consolidó mucho antes de la actual administración y nunca fue plenamente desmantelada, ni siquiera cuando se intentó hacerlo por vía legal con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 en 2001. La paradoja, como señala el periodista, es que sectores del peronismo y otras fuerzas políticas que hoy se presentan como defensores de la República rara vez revisaron su propia responsabilidad en la construcción de un sistema opaco y proclive a excesos.El DNU reorganiza el sistema de inteligencia nacional y actualiza algunas funciones frente a nuevas amenazas, en especial en materia de ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas ante eventuales ataques tecnológicos. Además, reafirma -al menos en el plano declarativo-, que no se podrá hacer inteligencia o contrainteligencia “sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.&nbsp;<h3>Aspectos controversiales</h3>Sin embargo, junto a estas afirmaciones generales aparecen disposiciones que generan fundada preocupación jurídica e institucional. En primer lugar, el decreto no cumpliría con los requisitos constitucionales para legislar por DNU, ya que no justificaría por sí mismo la urgencia exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Otro punto crítico es la caracterización de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, un término ambiguo que provoca confusión.El aspecto más sensible es la habilitación para detener personas en el marco de actividades de inteligencia sin una intervención judicial. Esta facultad abre la puerta a decisiones arbitrarias y afecta garantías básicas constitucionales. En el mismo sentido, la ampliación de funciones de la Side, combinada con controles debilitados, podría restringir la labor judicial en la investigación de supuestos delitos.Se espera que, una vez reanudada la actividad parlamentaria, la agenda oficial estará concentrada en la reforma laboral. El gobierno confía en que la actual composición del Congreso le permitirá neutralizar los intentos de rechazo del DNU. Es probable que abunden las denuncias y las proclamas opositoras, pero con escaso margen para avanzar más allá de ese plano.En este escenario, la Justicia aparece nuevamente como la barrera última para poner límites a una posible vulneración de normas y derechos ciudadanos, en un país donde el espionaje político ha sido, durante décadas, una añeja y censurable costumbre.<section class="noteSuggested" data-id="45844" data-title="Puede interesarte"></section>

Inteligencia: nuevas facultades, viejas prácticas

<h4>Por Fernando Quaglia | LVSJ&nbsp;</h4>“La &nbsp;confianza (de una sociedad en sus gobernantes) solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él. La confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza. La transparencia es un estado en el que se elimina todo no saber. La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza”.El filósofo coreano Byung Chul Han, en su libro “La sociedad de la transparencia”, escribe que confianza y transparencia son caras opuestas de una misma moneda. Cuando se rompe la confianza, asoma la necesidad de la transparencia. Por extensión, cuando los indicadores que marcan la vida de la sociedad no son confiables, el reclamo porque lo sean se torna imperativo y la necesidad de explicaciones cristalinas aparece con nitidez.La renuncia del economista Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos abrió el escenario de sensaciones descripto más arriba. Recobró vigor la histórica desconfianza en los guarismos que se difunden sobre la inflación, aumentada a niveles estratosféricos luego del estropicio cometido por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno entre 2007 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas cuando se alteraron de manera escandalosa los números. En la semana han vuelto a escucharse reclamos de transparencia. Algo atenuados por cierto desde quienes intentan minimizar aquella destrucción del prestigio del Indec. En estos casos, según Pablo Mendelevich, se simula “una &nbsp;equiparación de pecados, por llamarlos de alguna manera, con eventuales debilidades de sus adversarios y así licuar culpas”. El mensaje sería, “vieron, hacen lo mismo que Moreno”, aunque sin cuestionar lo que hizo este singular personaje.&nbsp;<h3>La pelota en la red</h3>No sorprende, por cierto, que el gobierno de Milei haya vuelto a dejar la pelota en la red al cometer un nuevo error no forzado. La susceptibilidad sobre las mediciones del Indec se había atenuado en los últimos dos años. Más allá de su filiación política, el funcionario renunciante había continuado trabajando luego de la asunción de este gobierno y su figura fue elogiada por las más altas autoridades. Se había transformado en un ejemplo simbólico de la primacía de las instituciones por sobre los intereses partidarios. Tras el portazo, hoy es vilipendiado por las usinas mileístas en las redes sociales. Asumir actitudes similares al kirchnerismo no figuraba entre las promesas de los actuales gobernantes.Lo cierto es que la salida de Marco Lavagna reavivó la desconfianza en las estadísticas oficiales. El Indec no es hoy el espacio militante y falaz de la época de Moreno ni atraviesa hoy una crisis comparable a la de otros períodos. Sin embargo, la renuncia de su titular -motivada porque el Ejecutivo rechazó el cambio de metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor- generó preocupación en la ciudadanía. Y también en los organismos internacionales, los potenciales inversores y actores económicos que toman decisiones a partir de los datos oficiales.Al mismo tiempo, el ruido sobre la estratégica económica se intensificó. La desaceleración inflacionaria es uno de los activos políticos más significativos del gobierno. ¿Lo sigue siendo luego de un episodio en el que se refuerza la idea de oportunismo en el manejo de las estadísticas? El carácter retórico del interrogante impide advertir que se ha erosionado la narrativa oficial que había recuperado el prestigio del Indec y, con ello, se debilitó la credibilidad de sus mediciones aun cuando los datos puedan seguir siendo técnicamente correctos.En ese contexto, reabrir el debate sobre el Indec se transformó en un ruido innecesario. Porque la sensación que se filtra es que el gobierno volvió a subestimar el costo político de determinadas decisiones, confiando en que los números bastan para clausurar cualquier discusión.Así, otra vez el eje se ha cambiado. Ya no se habla de “cuánto” subieron los precios. Sino “cómo se mide” la inflación. El debilitamiento del mensaje gubernamental es evidente consecuencia del despropósito que significa anunciar un nuevo método y frenar su implementación de modo imprevisto, generando otra crisis innecesaria y con escasos recursos para brindar explicaciones claras.“La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando no hay confianza”, dice Chul Han.<section class="noteSuggested" data-id="46305" data-title="Puede interesarte"></section>

Análisis

Hasta los caños

Inteligencia: nuevas facultades, viejas prácticas

Otra crisis innecesaria