No por antiguo y repetido, el dicho pierde vigencia: hay imágenes que golpean más fuerte que mil palabras. En especial, las difundidas hace poco, que exhiben a una niñera maltratando con violencia a un bebé de siete meses. El episodio, registrado por una cámara de seguridad en el domicilio familiar, expone una situación de maltrato infantil inadmisible, sino que interpela con crudeza a toda la sociedad.&nbsp;El hecho, que derivó en la imputación penal de la mujer involucrada y su posterior detención, no es un simple caso policial. Se transforma en un llamado urgente a revisar los mecanismos mediante los cuales se habilita servicios, se publicita y se legitima la contratación de personas para una de las tareas más sensibles: el cuidado de los niños.Una madre actuó como corresponde. Acudió a una supuesta empresa “seria”, revisó referencias, antecedentes y credenciales de potenciales cuidadoras. Pero no bastó. La escena que presenció, y que luego puso a disposición de la Justicia, revela la violencia ejercida sobre el menor y también las fallas de un sistema de tercerización del cuidado que funciona, en muchos casos, sin controles eficaces ni regulaciones acordes con la importancia del servicio que presta.La necesidad de contratar niñeras ha crecido al ritmo de las nuevas formas de organización familiar y laboral. La tecnología permitió la creación de “agencias” que, por medio de atractivas “apps” en varios casos, ofrecen su servicio para satisfacer aquella necesidad. Sin embargo, estas nuevas modalidades no han sido acompañado por normas que garanticen condiciones mínimas de idoneidad, estabilidad y supervisión profesional en quienes asumen la responsabilidad de cuidar a los niños.El doloroso suceso dejó al descubierto que resulta imprescindible avanzar en regulaciones que permitan a los padres tener garantías. Y ello solo se consigue con controles estrictos y sanciones con el mayor rigor en caso de incumplimientos. Porque, si bien la Justicia accionó contra la maltratadora, los intermediarios están haciendo grandes esfuerzos para quitarse de encima su responsabilidad por el daño cometido.&nbsp;Imposible es no empatizar con el relato dramático de la madre del bebé golpeado. Su experiencia, dolorosa e injusta, no puede quedar en el olvido ni en el mero repudio social: debe dar lugar a cambios en el marco normativo referido al cuidado infantil. No es posible continuar delegando el cuidado de lo más valioso en estructuras sin garantías ni controles suficientes. El resguardo de la infancia debe ser una prioridad en todo momento, sostenida con recursos, regulación efectiva y un compromiso ético que esté a la altura del daño irreparable que pueden ocasionar la negligencia, la violencia o el abuso.La vida y la salud de un hijo es el preciado bien que debe resguardarse a toda costa.&nbsp;Ninguna forma de violencia puede ser tolerada. Y ningún vacío legal debería servir de excusa.

El drama de confiar y la necesidad de regular

Nuestra comunidad ha vuelto a ser, en estos días, escenario de un hecho que sacude los cimientos del entramado social: el asesinato de un joven de 15 años, supuestamente a manos de otro adolescente. El caso, de por sí estremecedor, pone en evidencia la dimensión del problema que enfrentamos: la violencia juvenil, la agresión que llega al crimen, no es una excepción sino una señal de alerta desatendida.No se trata de caer en generalizaciones ni en discursos que criminalicen a la adolescencia. Por el contrario, el hecho debe interpretarse como un síntoma de una compleja red de variables que vienen erosionando, desde hace tiempo, los vínculos sociales, las instancias de contención y los canales de orientación que históricamente han contribuido a la formación de las nuevas generaciones.Dejando de lado la pretensión de dictar cátedra acerca de las razones que determinan las conductas sociales en un marco de complejidad creciente, el aporte sociológico permite iluminar reflexiones imprescindibles para tomar nota del problema. Son numerosos los estudios que advierten sobre el avance de procesos de desintegración comunitaria que afectan especialmente a las nuevas generaciones. Uno de los padres de la sociología, Emile Durkheim, hablaba ya en el siglo XIX del concepto de anomia para describir el estado de desregulación social, de pérdida de normas y referencias colectivas que produce desorientación y conductas destructivas. En contextos donde las instituciones básicas y el Estado no logran cumplir adecuadamente su función, los jóvenes quedan a la deriva, expuestos a influencias nocivas y sin proyectos vitales claros.Por ello, el hecho que hoy conmueve a San Francisco no puede leerse únicamente como un caso individual. Debe ser abordado, además, como una expresión de una problemática estructural: el debilitamiento de las redes de cuidado, el aumento del consumo problemático de sustancias, la pérdida de referentes adultos significativos, el empobrecimiento material y simbólico de la infancia y la adolescencia. San Francisco no es ajena a estos procesos. De hecho, episodios anteriores -como el ocurrido frente al cañón de Rigar’s, que marcó la memoria urbana hace décadas- muestran que la violencia juvenil no es un fenómeno nuevo, aunque sí más visible hoy.&nbsp;El trágico episodio no puede ser abordado con liviandad, pero tampoco debería conducirnos a respuestas apresuradas o reduccionistas que impidan comprender su complejidad. Como señala Marc Augé en Los nuevos miedos, “el mundo contemporáneo nos enfrenta a una verdadera madeja de miedo. Esa madeja es la que tenemos que tratar de desenredar a fin de poder analizar las causas, las consecuencias y las posibles continuaciones del malestar generalizado que parece haberse apoderado de las sociedades humanas y amenazar su equilibrio”.&nbsp;Empatía y solidaridad, dolor y consternación son sentimientos que afloran en estos casos. Pero no pueden ser razones para desviar la mirada. Por el contrario, se impone la necesidad de examinar los factores que confluyen en hechos como éste. Porque la muerte absurda de un adolescente profundiza la incertidumbre colectiva: crece el temor de que se esté clausurando la puerta a los sueños.&nbsp;

Violencia juvenil: consternación y una señal de alerta desatendida

Un video generado con inteligencia artificial que simula un discurso del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, provocó revuelo político en nuestra provincia. La pieza audiovisual fue replicada en la red social X por el diputado nacional de la UCR, Rodrigo de Loredo, quien quedó en el ojo de la tormenta a raíz de los cuestionamientos expresados por el propio mandatario provincial y varias voces del oficialismo cordobés.El video muestra un supuesto discurso de Llaryora cuyo contenido está en las antípodas del discurso oficial. Procura, como lo ha sostenido el diputado nacional radical, mostrar “lo que realmente sucede” y no lo que se relata. “Cordoversismo. Peronismo. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA”, escribió De Loredo al compartir el contenido. De inmediato, se recordó un video falso en el que el expresidente Macri anunciaba el retiro de la candidatura de su candidata principal a la Legislatura porteña, incluso sin señalar que se trataba de una creación de la IA.Las repercusiones elevaron el tono de la discusión política, a pocos meses de las elecciones legislativas en Córdoba. El gobernador afirmó sentirse injuriado y sostuvo que “la inteligencia artificial es un nuevo debate, pero la injuria no es un nuevo debate. La injuria siempre duele. Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa”. Así también, varios de sus colaboradores lanzaron duras críticas por “los límites traspasados” y otros calificaron, quizás exageradamente, la acción como “un delito en flagrancia”.&nbsp;Por su parte, De Loredo defendió su actitud señalando que siempre aclaró que el video fue elaborado por la inteligencia artificial, “una tecnología que, de a poco, se convierte en masiva, con distintos episodios y figuras públicas nacionales e internacionales”. &nbsp;Agregó que lo que se expresa en el video “es lo que realmente pasa”. Su argumento no parece contemplar aquello tan añejo del fin y los medios.&nbsp;En estas posturas contrapuestas aparecen nítidas las aristas de un problema creciente. Que, como las injurias, no es nuevo. Y que, más allá de las tecnologías disponibles, ha sido objeto de debate permanente a lo largo de la historia. Se trata del uso ético de la tecnología. Un tema complejo de abordar y en constante desarrollo debido al enorme crecimiento de la “oferta” de algoritmos que invaden la vida del hombre. Así, la privacidad, la intimidad, la posibilidad de vigilar y controlar, la manipulación ideológica y política, la desinformación y la factible modificación de comportamientos son temáticas candentes que plantean serios desafíos.&nbsp;Independientemente de los protagonistas de esta disputa, el video referido es otro lamentable episodio en el que se refleja la inexistente toma de conciencia sobre los perjuicios del mal uso de los dispositivos digitales. En este contexto, la política no puede mirar para otro lado. En lugar de crear y difundir “deepfakes” para usos proselitistas, los dirigentes que aspiran a representar a su pueblo deberían plantearse aquellos interrogantes éticos que exigen una atención urgente. Porque, si continúan en esta senda, se hará realidad cotidiana aquello que afirma Yuval Noah Harari en “21 lecciones para el siglo XXI”: “la revolución tecnológica y científica actual no solo implica que individuos auténticos y realidades auténticas puedan ser manipuladas por algoritmos, sino más bien que la autenticidad se transforma en un mito”.

Política, ética e inteligencia artificial

En las últimas semanas, el conflicto en el Hospital Garrahan -uno de los centros pediátricos más importantes de América Latina- puso sobre la mesa la desvalorización del trabajo médico. Médicos residentes, jefes de servicio y personal especializado reclamaron por condiciones salariales y laborales que resultan incompatibles con la responsabilidad que implica su tarea.Más allá de remezones ideológicos que siempre salpican este tipo de manifestaciones y también de los inauditos exabruptos de algunas diputadas oficialistas sueltas de lengua que recomendaron a los médicos dedicarse a otra cosa, el reclamo contiene, en su base, una cruda revelación. El país invierte en la formación de médicos que son reconocidos en el mundo por su excelencia, pero no los valora como corresponde. Desde hace décadas, el Estado mira para otro lado en materia de salud pública y el sistema privado vive una crisis persistente que tampoco acompaña el desarrollo personal y profesional de los médicos y otros agentes de los equipos de salud.La consecuencia es lógica. La Argentina pierde a valiosos profesionales. La constante emigración hacia otros países no es solo un dato estadístico: es una señal de alarma social, económica e institucional. Un reciente informe periodístico señala que, entre 2014 y 2024, las solicitudes para homologar títulos de medicina en España y otros países de Europa crecieron exponencialmente. En Sudamérica, Uruguay y Chile también figuran entre los principales receptores de talento argentino. Según el artículo, las razones son claras: mejores condiciones laborales, estabilidad contractual, acceso a tecnología de punta y una valoración social del rol médico que aquí se ha erosionado peligrosamente.Esta realidad golpea con especial crudeza varias regiones del país, la nuestra entre ellas. Hay crecientes dificultades para cubrir cargos en hospitales públicos, son escasos los médicos para guardias en sanatorios y clínicas privadas. No hay especialistas en sensibles materias como pediatría o anestesiología, por ejemplo. Al mismo tiempo, cada vez con más profundidad, se distingue el menosprecio al valor de la formación médica y a su papel en la vida de la sociedad.Se puede argumentar que la emigración médica es “natural” en un mundo interconectado, y que podría generar beneficios al país si los profesionales retornan luego de algunos años con la experiencia adquirida en el exterior. Pero esta visión no puede ser excusa para la inacción. Formar médicos con fondos públicos y resignarse a perderlos no solo es una pérdida económica; es una claudicación del Estado en su deber de garantizar el acceso equitativo a la salud.La emigración de médicos y otros profesionales de las distintas áreas de la salud es un desafío para el sistema sanitario en su conjunto. Lo es, en tanto y en cuanto significa que aquí no encuentran las condiciones para ejercer dignamente su vocación. Sin retribución adecuada, sin acceso a las tecnologías de punta, sin posibilidades concretas de formación continua y sin jerarquización de rol de los médicos en el entramado de la salud pública, el éxodo continuará.<section class="noteSuggested" data-id="40191" data-title="Puede interesarte"></section>

Médicos “para el mundo”

Todo ha cambiado en Medio Oriente&nbsp;desde el brutal ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. La reacción israelí -hoy cuestionada por su obstinación y crudeza- y la resistencia no menos violenta de los terroristas ha generado una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Y ha extendido la mecha de la guerra hacia otras latitudes. El mundo observa con las pantallas cómo los misiles surcan los cielos de Teherán y Tel Aviv, en un espectáculo de destrucción que denigra la condición humana.&nbsp;A partir de la revolución islámica de 1979, la hostilidad entre los dos países no deja de incrementarse. El régimen de los ayatolás persiste en el explícito objetivo de conseguir la desaparición del Estado de Israel. A su vez, la estrategia de defensa israelí surge de la preocupación que generan los experimentos persas en materia de armamento nuclear. En este marco, Israel demostró&nbsp;su poder de su inteligencia&nbsp;respecto de las actividades de los jerarcas del régimen fundamentalista de Irán. La respuesta de Teherán era esperable. Así, el antiguo conflicto territorial y religioso entre judíos y musulmanes ha ingresado en una etapa de imprevisibles derivaciones.Numerosos interrogantes asoman en torno a las proyecciones internacionales de este enfrentamiento bélico. La ambigüedad y ansia de protagonismo de ciertos líderes de las potencias internacionales agregan incertidumbre política sobre lo que podría ocurrir. En lo económico, los analistas presagian graves inconvenientes en la provisión de petróleo, lo que podría llevar a una crisis que solo recuerda pocos precedentes, en especial la de los primeros años de la década de los 70.&nbsp;La arquitectura del orden internacional nacido luego de la Segunda Guerra se muestra inútil para contener los conflictos que tienen en Medio Oriente un permanente escenario. Sin embargo, frente a la posibilidad de que se esté frente a una guerra devastadora, la comunidad internacional no puede mantenerse al margen. La lluvia de misiles que cada noche se produce es una razón de peso para que los líderes mundiales dejen atrás las bravuconadas, propias de este tiempo de desmesuras, para iniciar el tendido de puentes que garanticen una salida sensata.El recordado ex presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz en 1994, Shimon Peres, expresó que “el verdadero triunfo está en la cosecha de la paz, no en las semillas de otra guerra”. Además de revelar la convicción de un líder político que logró entenderse con quienes por siglos fueron enemigos. la frase remite a la parábola bíblica del trigo y la cizaña, relatada en el Evangelio de San Mateo. El problema es que, en el actual escenario, no es posible asegurar que la cizaña termine quemada y triunfe el trigo. En otras palabras, prevalece el temor de que la guerra se extienda, se profundice y se internacionalice, doblegando cualquier esfuerzo para lograr una paz duradera en aquella región del mundo.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="40183" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;

Guerra, paz e incertidumbre

Se cumplen 205 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Los análisis históricos sobre la figura del creador de la Bandera son tan disímiles como controvertidos. Se coincide en su extraordinario aporte en los tiempos de nacimiento de la Patria. Se discuten sus modos de pensar y sus acciones de acuerdo con concepciones actuales, sin reparar en las circunstancias del tiempo en el que vivió, lo que constituye un anacronismo que desvirtúa el sentido del relato histórico.El error frecuente de moldear al personaje con el ropaje ideológico preferido lleva a excesos que no permitan una visión global del aporte que hizo con sus hazañas militares y sus obras de gobierno y, también, con sus reflexiones acerca de los aspectos más importantes de la vida de los hombres en su tiempo. Y en todos los tiempos.Uno de ellos es el concepto de libertad. El prócer entendió que sin libertad no hay desarrollo posible para los pueblos. Ser y sentirse libre es el basamento de la vida personal y social. Para Belgrano “la vida es nada si la libertad se pierde”. Es una palabra repetida en sus reflexiones, pero no se trata de un concepto hueco. Sus luchas, sus afanes, su convicción, su pasión por alcanzar el objetivo de la independencia fueron impregnadas por ese ideal.Para Belgrano, la idea de libertad se vincula con un profundo humanismo. Así, el desarrollo de las potencialidades individuales debe estar al servicio de una comunidad. En este marco, todos los ámbitos de la vida humana son alcanzados. Entonces, la libertad no solo implicaba para el prócer la emancipación de España. El desarrollo personal y social solo podía alcanzarse si se ejercía esta premisa básica.Así, la política, la educación, la justicia, la economía, la comunicación, entre otros, deben ajustarse a parámetros concretos en los que la vigencia de la libertad es el sostén. Por ejemplo, el prócer creía en la competencia y el libre comercio como elemento del progreso económico; aseguraba que la educación era esencial, porque “un pueblo justo jamás puede ser esclavizado” y sostenía que la libertad de prensa es “la principal base de la ilustración pública”. Además, la idea de libertad belgraniana tenía un profundo contenido moral. Exigía que la conducta los hombres públicos “debe siempre presentarse, o para que sirve de ejemplo o de lección para fomentar el gran resorte del espíritu público”.&nbsp;Las lecciones de Belgrano lejos están de ser aprendidas. Mucho menos, aprehendidas. Vivimos un tiempo en el que el concepto de libertad es tironeado. Algunos lo absolutizan, le quitan su contenido humano y lo degradan moralmente. Movidos por las circunstancias, otros anuncian que su acción política se dedicará a conseguir la libertad de un personaje político condenado por la Justicia.“¡Pobre patria mía!” expresó Belgrano en el momento de su fallecimiento. Esa frase eligió Marcos Aguinis para titular un libro que retrata la decadencia nacional. Allí se lee: “Los argentinos tenemos la desgracia de no escuchar y a menudo ni siquiera ver. Por eso, esa frase resuena como un patético trompetazo. Por eso, debemos recordarla y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para revertirla”.

Belgrano y la idea de libertad

En los últimos meses provoca preocupación el avance de los casos de sarampión en varias regiones de nuestro país. De acuerdo con las últimas estadísticas, se confirmaron 31 casos distribuidos principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con un caso aislado en San Luis. Además, están pendientes de clasificación unos 500 casos más. Si se confirman, la situación tornaría a niveles alarmantes.Los adultos conocen a la enfermedad. Muchos la han padecido cuando niños. Pero las nuevas generaciones no tienen noción de su peligrosidad. El sarampión es una patología aguda, potencialmente grave, transmisible y contagiosa. Las manifestaciones clínicas son: fiebre, conjuntivitis, tos y erupción generalizada, con espacios de piel sana que comienza en la cara, en la zona retroauricular, desciende al tronco y por último a los miembros.&nbsp;El sarampión puede tener graves consecuencias para la salud, por ejemplo&nbsp;en el cerebro&nbsp;y&nbsp;el sistema inmunológico&nbsp;, años después de la infección. Se transmite&nbsp;de persona a persona a través de pequeñas gotitas respiratorias que pueden permanecer suspendidas en el aire durante dos horas. Es altamente contagioso: una persona con sarampión puede contagiar la infección a&nbsp;entre 12 y 18 personas que no son inmunes. Por ello, la OMS recomienda desde hace años que solo una cobertura vacunatoria superior al 95% podrá detener su propagación.En efecto, evitar el sarampión requiere de una acción que parece sencilla, pero que después de la pandemia del Covid 19 se ha vuelto esquiva. Solo se necesita generalizar la vacunación. Así lo dispusieron las autoridades sanitarias de la Nación y la provincia de Buenos Aires, lanzando una estrategia de inoculación de dosis que&nbsp;“tiene como objetivo interrumpir la cadena de transmisión, proteger a los grupos vulnerables y fortalecer la inmunidad colectiva frente al sarampión en el contexto del brote actual. "Para ello, se utilizará la vacuna doble viral (que protege contra el sarampión y la rubéola), la cual se distribuirá exclusivamente para este contexto de emergencia epidemiológica”, según publicó recientemente la prensa porteña citando fuentes de Salud. Sin embargo, entre marzo y mayo pasados, solo el 16,3% de la población de 6 meses a 5 años había recibido las dosis correspondientes.&nbsp;Vale señalar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los chicos deben tener el esquema de inmunización completo y al año de vida y a los 6 años, recibir la vacuna triple viral. Además, deben recibir una segunda dosis entre los 13 meses de edad hasta los 4 años inclusive. Sin embargo, la realidad muestra una disminución de las tasas de vacunación que está jugando un rol preponderante en el retorno de esta enfermedad.&nbsp;Por cierto, el problema no es solo argentino. Brotes de sarampión se reportan hoy en numerosos países. Europa ha multiplicado la cantidad de casos, Estados Unidos sufre también los embates de esta patología eruptiva y toda la región del Pacífico Occidental padece el problema. En especial, Vietnam donde se registraron alrededor&nbsp;40 mil casos entre 2024 y lo que va de 2025, con un alto índice de fallecimientos.El brote de sarampión que aqueja especialmente a la región metropolitana de Buenos Aires debe servir como llamado de atención. No basta con asombrarse por la reaparición de la enfermedad. Tampoco sirve lamentarse. Es necesario actuar para que la vacunación alcance el carácter masivo que exige la lucha sanitaria contra este mal.&nbsp;

Sarampión: la importancia de vacunar

El pasado 10 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Vial. Una fecha que invita a la reflexión sobre el caótico modo de conducir que tenemos en este país y sobre las brutales estadísticas de accidentes que nos enlutan a diario. El hecho de que mueran entre 12 y 15 personas por día en siniestros viales es una realidad que abruma y que impone profundas reflexiones, así como la necesidad de que la toma de conciencia sea general.Se publicó en estos días que una de las principales causas de accidentes es la distracción al volante. En este punto, el uso del celular ocupa el primer lugar. El dispositivo telefónico es hoy una extensión de nuestro cuerpo, ha modificado conductas y los parámetros tradicionales de análisis se derrumbaron frente a su omnipresencia, muchas veces adictiva. Sin embargo, es profusa la información que alerta sobre el peligro de usar el móvil mientras se maneja un vehículo.Según la OMS, el uso del teléfono celular hace que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante y aparte su mente de la carretera y de la situación existente. Es precisamente ese tipo de distracción, conocida como distracción cognitiva, la que tiene mayores consecuencias en el comportamiento del conductor. Serias investigaciones han comprobado esto hace años. Por ejemplo, en 2012 el British Medical Journal, con sede en Londres, concluyó que "usar un teléfono sin manos no es para nada seguro".&nbsp;El trabajo estableció que casi la mitad de los conductores que protagonizaron colisiones en distintos países europeos y en Australia reconoció haber tenido utilizado el aparato en el trayecto en el que sufrieron los accidentes. Hace más de una década, el uso de los dispositivos móviles era habitual, pero no había todavía alcanzado la magnitud que se observa en la actualidad.Bajar la vista por apenas un par de segundos cuando se circula a 60 kilómetros por hora implica recorrer más de 50 metros sin atender lo que sucede alrededor. Además, el proceso de enviar un mensaje corto mediante WhatsApp podría tomar aproximadamente un segundo por paso, lo que supone un total mínimo de 6 segundos. Es un instante, pero puede significar el comienzo de un drama. Porque, aunque la persona sea hábil para usar su teléfono, por cada minuto y medio de hablar por el móvil, el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12% y el ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada.El fenómeno es habitual en las calles de nuestra ciudad y en prácticamente todas las poblaciones de la región. Existen controles y sanciones. Pero la toma de conciencia no parece llegar. Tampoco alcanza, por lo visto, la profusión de mensajes de advertencia. Síntomas preocupantes de desapego personal y social. De indiferencia y negligencia. A la luz de las estadísticas trágicas es urgente comprender que manejar un vehículo y usar el celular son acciones incompatibles.

Acciones incompatibles

Bajo la metáfora de la “motosierra”, el gobierno nacional impulsa la racionalización y, en otros casos, directamente la eliminación de varios organismos estatales. En este marco, se aguardan definiciones, en el centro de uno de los debates se halla el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).La intención de ajustar la estructura del Inta responde, según se ha afirmado, a la premisa de mantener y profundizar la eficiencia y reducción del gasto público, pero la preocupación expresada por el gobernador de nuestra provincia, Martín Llaryora, y por las entidades agropecuarias de la región abre la puerta a la necesidad de una discusión sobre la necesidad de mantener las reformas pero sin desmantelar a un organismo que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la producción agropecuaria nacional.El Inta ha sido, desde su creación en 1956, un pilar fundamental para el campo. Su labor en investigación, extensión y transferencia de tecnología ha permitido avances significativos en productividad, sustentabilidad y competitividad. Esta característica es reconocida más allá de las fronteras agrarias. Aunque, por cierto, son las entidades y los productores quienes conocen sobradamente los beneficios de su actividad. Por ello, no sorprende que las voces representativas del ámbito rural adviertan sobre los perjuicios que podría acarrear una reforma que afecte su autonomía y estructura territorial.El gobernador Llaryora fue enfático en su defensa del Inta, señalando que su cierre o debilitamiento representaría un golpe al desarrollo productivo del campo. En un mensaje reciente, destacó que el instituto no solo es clave para la innovación agropecuaria, sino que su impacto se extiende a la vida cotidiana de los argentinos, desde la producción de alimentos hasta la generación de conocimiento aplicado. Al mismo tiempo, la Mesa de Enlace ha expresado su preocupación por la posible eliminación de áreas clave, como la extensión rural, que permite el vínculo directo con los productores y las comunidades.En este contexto, si bien es legítimo que la Nación disponga medidas para revisar y corregir posibles desajustes administrativos en el Inta, no puede suceder que la racionalización anunciada determine la pérdida de una referencia científica y técnica que ha sido fundamental para el crecimiento del agro argentino. La modernización del organismo puede lograrse mediante alianzas estratégicas con el sector privado, optimización de recursos y fortalecimiento de su vínculo con el entramado productivo y académico, sin necesidad de desarticular su estructura operativa.El verdadero desafío pasa, entonces, por encontrar equilibrio entre la administración adecuada de los recursos y la preservación de las actividades que han otorgado prestigio al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es necesario entender que su reforma debe servir para potenciar su rol clave en el desarrollo agropecuario, no para debilitarlo. En ese contexto, el llamado de las entidades agropecuarias y del gobernador de Córdoba deberían ser el puntapié inicial de un diálogo serio entre la Nación, las provincias y el sector agropecuario sobre el futuro de un organismo cuyo aporte supera con creces las urgencias de cualquier coyuntura económica o financiera.<section class="noteSuggested" data-id="39833" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;

Reformar sin desmantelar

Por décadas, el consumo problemático de sustancias fue tratado en la Argentina como un tema sanitario de segundo orden. Relegado a las márgenes del debate público, abordado por políticas fragmentarias o respuestas focalizadas, su expansión fue progresiva y silenciosa. Los últimos diagnósticos oficiales no solo alertan sobre el crecimiento sostenido del consumo, sino que exhiben una deuda estructural del Estado y la necesidad urgente de repensar los modos de atender este fenómeno.&nbsp;Un reciente informe presentado por la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas (Aprecod) de Santa Fe expone un dato inquietante: entre 2023 y 2024 las situaciones de consumo abordadas aumentaron un 43%. Aunque esta cifra no equivale a un crecimiento equivalente del consumo, sí pone en evidencia una “demanda histórica insatisfecha” de atención a las adicciones. Que no es nueva. Simplemente estaba oculta en los pliegues del sistema.&nbsp;Algunos datos estadísticos de Córdoba también reflejan semejanzas con lo que ocurre en la vecina provincia. En el interior provincial conocemos que el consumo de drogas es una de las preocupaciones principales de las distintas comunidades. Las redes de contención existentes, tanto estatales como comunitarias, así lo certifican. Las consecuencias devastadoras de la adicción se expresan cada vez con más fuerza en los núcleos urbanos, independientemente de la cantidad de población.&nbsp;En este contexto, los datos del Observatorio de Aprecod en Santa Fe refuerzan una lectura estructural del problema: el 64% de las personas asistidas tienen más de seis años de consumo, lo que indica que el pedido de ayuda llega tarde, cuando los lazos sociales y familiares ya están profundamente deteriorados. El fenómeno atraviesa edades, pero es particularmente significativo entre los jóvenes de entre 21 y 38 años. Un par de años atrás, los datos recabados a nivel universitario señalaban que, en Córdoba, el alcohol y la marihuana eran las sustancias más consumidas por los estudiantes, con un inicio promedio a los 19 años y una baja percepción del riesgo.&nbsp;Pero el consumo es, ante todo, un síntoma social. La droga aparece donde fallan los vínculos: en familias fragmentadas, barrios empobrecidos, juventudes sin horizontes claros, adultos sin contención afectiva. El consumo no distingue edades, tampoco niveles socioeconómicos, pero sí encuentra mayor arraigo donde se profundiza el aislamiento, la exclusión o la desesperanza.Son destacables los esfuerzos que se hacen desde los organismos del Estado para atender la cuestión. No obstante, en ocasiones parece que corren detrás del problema. Por ello, se impone comprender que las adicciones no se resuelven solo con más centros de atención -aunque estos sean indispensables-, sino con políticas integrales que ataquen las causas estructurales del consumo. Entre ellas, la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia urbana, la precarización del empleo juvenil, la crisis de los vínculos en cualquier estamento social y el debilitamiento de la vida comunitaria.

Drogas: una deuda estructural

La vecina ciudad de Rafaela se prepara para inaugurar el hospital “más moderno del centro del país”, como lo calificó el propio ministro de Obras Públicas santafesino Lisandro Enrico. El nuevo centro sanitario representa una inversión millonaria, un salto tecnológico y una reorganización sanitaria que beneficiará no solo a sus habitantes, sino también a decenas de localidades vecinas. Esa obra -que ingresó en su etapa final y que abrirá sus puertas al público en pocos meses- permitirá fortalecer el sistema público de salud con infraestructura moderna, personal capacitado y una mirada integral sobre el acceso al derecho a la atención médica, según se indicó.&nbsp;La salud pública del este y el noreste cordobés tiene un referente ineludible: el Hospital Regional José Bernardo Iturraspe. Una institución que cumple una función vital asistiendo a nuestra comunidad y a varias otras, incluso de la provincia de Santa Fe. Sus equipos de médicos, enfermeros y otros profesionales están a la altura de los desafíos que exige la actual realidad y su infraestructura no tiene que envidiar a muchos otros nosocomios similares.&nbsp;Sin embargo, San Francisco es la cabecera de un departamento extenso y poblado, centro de referencia para múltiples localidades, con un crecimiento sostenido de su población y con un entramado social y productivo que exige respuestas en la materia acordes a su desarrollo, que solo puede brindar una política sanitaria sustentable y con mirada hacia el futuro. &nbsp;Por ello, no parece descabellado lanzar la idea de que la ciudad pueda contar con otra institución hospitalaria pública preparada para absorber requerimientos crecientes, que complemente y, en casos, descomprima al Iturraspe.&nbsp;En verdad, varias localidades vecinas como Arroyito, Las Varillas, Morteros, La Francia, Brinkmann y Balnearia disponen de hospitales municipales que atienden los casos de menor complejidad. Pero en determinadas circunstancias, es una necesidad la derivación hacia el centro asistencial sanfrancisqueño. Asimismo, varias son las poblaciones del santafesino departamento Castellanos que también acuden allí. A la alta demanda se le suma el deterioro socioeconómico de importantes sectores de la población que no tienen otra alternativa que hacerse atender en el sistema público en virtud de la imposibilidad de costear tratamientos o intervenciones en otros ámbitos de la salud.&nbsp;Lanzar esta discusión no es un capricho ni una ocurrencia. Es parte de la función de la prensa: instalar temas de interés público, abrir espacios para la reflexión y contribuir a que las políticas públicas atiendan las necesidades reales de la población. Plantear la necesidad de otro hospital no implica una propuesta cerrada ni una demanda inflexible. Por el contrario, es una invitación al debate.El tema debe ser analizado por especialistas, planificadores y funcionarios con competencia en la materia. Es posible que el análisis técnico indique que no es viable o que existan otras prioridades más urgentes en términos de infraestructura. Pero también puede surgir un diagnóstico distinto, que reconozca la necesidad de ampliar la capacidad instalada del sistema de salud en San Francisco.Por ello, el interrogante del título de esta nota editorial no es ingenuo ni retórico. Es una invitación a seguir pensando el San Francisco del futuro.&nbsp;

¿Por qué no otro hospital?

“Me he visto obligado a dejar mi trabajo porque la inclusión en la lista negra me impide realizar mi trabajo. Mi familia se enfrenta a la posibilidad de la ruina financiera debido a los costos legales. Nos han llegado amenazas, incluso de acosadores que nos han hostigado y divulgado información personal. Nuestros amigos se han distanciado por miedo a represalias. Un funcionario del DHS incluso fue despedido después de que circularan fotos que mostraban que en 2019 asistió a mi boda”.&nbsp;El periodista y ex funcionario del primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, Miles Taylor, relató en la revista Time las peripecias que debe vivir luego de que el gobierno norteamericano emitiera un memorando presidencial que ordenaba investigarlo, “por el solo hecho de criticar aspectos de su gestión”. Este proceso se inició luego de que la Casa Blanca aprobase un documento que actualiza la política sobre “la obtención de información o registros de los miembros de los medios de comunicación”. Por esta disposición, el departamento de Justicia del país del norte “no tolerará divulgaciones no autorizadas que socaven las políticas del presidente Trump, perjudiquen a las agencias gubernamentales y perjudiquen al pueblo estadounidense”.Se trata de un caso testigo de lo que viven hoy periodistas de todo el mundo, no solo en los países en los que gobiernan regímenes autoritarios, sino también en los que siguen proclamándose paladines de la libertad y la democracia. Por ello, en la celebración del Día del Periodista, creemos pertinente ensayar reflexiones sobre la realidad del oficio de informar también en nuestro país.Una orden de tono similar a la que se conoció en Estados Unidos figura en el texto del Plan Nacional de Inteligencia, que la prensa difundió hace pocos días. Allí se puede leer que la Side está autorizada a “recabar información” sobre quienes puedan “erosionar” la confianza pública en los funcionarios. Socavar y erosionar no son verbos sinónimos, pero se parecen mucho cuando aparecen escritos en el contexto de normativas que pretenden, aunque lo nieguen con énfasis, coartar la libertad de prensa.&nbsp;El ejercicio responsable del periodismo se desenvuelve en este embravecido contexto en el que la tolerancia hacia la crítica es cada vez menor, en el que los ataques verbales se suceden y en el que las maniobras de manipulación son cada vez más sutiles. Un ambiente inquietante en el que los hechos son interpretados como opiniones o pasan a formar parte de teorías conspirativas. Varias décadas antes de que se acuñara el término “posverdad”, Hannah Arendt ya advertía el peligro de que la distinción entre mentira y verdad se vuelva insignificante.&nbsp;Por ello, sin la pretensión de hacer una defensa corporativa, el Día del Periodista es un buen momento para reflexionar sobre la labor de la prensa en este tiempo. Así, podemos tomar prestada una sentencia de Mario Vargas Llosa: “El periodismo es un barómetro fundamental del grado de libertad que hay en una sociedad: necesitamos ese derecho de crítica, esa libertad de expresión que da el verdadero periodismo para que una sociedad sea realmente democrática”.

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