Sobre la autodeterminación de los pueblos
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El reclamo de mayor autonomía planteado por líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reavivó en Argentina el debate sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y su aplicación en el caso de las Islas Malvinas. La comparación entre ambas situaciones expone diferencias históricas y jurídicas, pero también cuestionamientos a la posición del Reino Unido.
Tuvo mucha repercusión en nuestro país el acuerdo que la semana pasada firmaron los líderes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en el que reclaman al gobierno del Reino Unido, -establecido en Londres, capital de Inglaterra- una mayor descentralización de las competencias de gobierno y también abrir el camino a consultas populares sobre la posibilidad de conseguir su independencia.
El impacto en la Argentina tiene toda lógica. Porque vuelve a escena la cuestión del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este principio es invocado por el Reino Unido cada vez que nuestro país insiste en su el reclamo soberano por las islas Malvinas. Especialmente en estos días donde el tema ha generado mucha efervescencia nacional e internacional.
Un primer análisis permite establecer que en Londres se otorga distinta vara a la existencia del citado derecho según sea quién lo exige. El gobierno británico apela a la autodeterminación cuando habla de las Malvinas, pero niega tajantemente cualquier posibilidad de que puedan ejercerlo los ciudadanos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte.
El debate tiene principios jurídicos que son similares, aunque diferentes situaciones históricas, políticas y jurídicas que obligan a reflexiones más profundas y análisis de expertos que puedan arrojar luz sobre un asunto crucial para los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
En este punto, la Carta de las Naciones Unidas y algunos otros documentos del derecho internacional reconocen que los pueblos pueden decidir libremente su organización. El proceso de descolonización que se produjo en el siglo pasado fortaleció este principio. Pero la Resolución 1514 de la ONU establece que cualquier intento de quebrar la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado es incompatible con los principios de la carta fundacional de la entidad multilateral.
Entonces, se diferencia el ejercicio del derecho según sean poblaciones sometidas a un régimen colonial o naciones que formen parte de un Estado consolidado y que tengan participación política en él. Los casos de Quebec en Canadá y de Cataluña y el País Vasco en España podrían parangonarse con el reclamo de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Todos ellos tienen autonomía e instituciones propias y representación política. Los malvinenses, en cambio, no. Por ello, la Argentina siempre afirma que deben respetarse sus intereses, pero no puede invocarse lo de la autodeterminación al ser un enclave colonial.
No obstante, aunque pueda ser jurídicamente erróneo comparar ambas situaciones, el doble discurso del Reino Unido queda al descubierto. La declaración de Gales, Escocia e Irlanda del Norte ciertamente abrió la puerta para que la diplomacia argentina aproveche la oportunidad para exhibir la debilidad de las afirmaciones y argumentos que Gran Bretaña utiliza para mantener el estatus colonial en Malvinas.
