Créditos: entre la legalidad y la ética

Por Fernando Quaglia | LVSJ 

En declaraciones periodísticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el hecho de que funcionarios del gobierno y legisladores hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación. Estos préstamos originaron un pedido de investigación impulsado por diputados opositores.  

Las palabras del funcionario resonaron con fuerza: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo. Afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

La misma mirada, aunque más “penetrante”, fue exhibida por el presidente de la Nación en una entrevista reciente. Milei minimizó la controversia argumentando que su uso no causó muertes, ni afectó la libertad de las personas. Agregó que los préstamos se tomaron a tasas de mercado, con lo que cerró cualquier posibilidad de debate e ignoró aspectos como la desigualdad en el acceso o la discusión sobre el destino de los fondos públicos.

En verdad, la legalidad de estos créditos estaría fuera de discusión. No obstante, en el plano de la ética pública es donde aquellas explicaciones pierden consistencia. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que ciertos sectores o personajes tienen privilegios a la hora de alcanzar algunos beneficios. Saltarse la cola para acceder antes que los demás a determinados privilegios es un hecho de una habitualidad lamentablemente naturalizada.

En este sentido, el caso del vacunatorio VIP durante la pandemia permite entender el propio límite del razonamiento presidencial: allí sí pueden identificarse consecuencias graves, incluso muertes, producto de las decisiones discrecionales de los funcionarios kirchneristas. Pero si ese fuera el único umbral para cuestionar una conducta, quedarían fuera del análisis una serie de prácticas que, sin provocar daños inmediatos ni restringir libertades, afectan principios esenciales de la ética pública y erosionan la ilusión de muchos ciudadanos que apostaron a la llegada de un outsider que venía a “limpiar” los privilegios y abusos de una casta política responsable, sin dudas, de la decadencia nacional.

Una distinción

La distinción entre lo legal (lo permitido por las normas) y lo ético (lo correcto en función de valores como el bien común y la equidad) es un debate clásico de la filosofía política. Por ello, los préstamos que recibieron altos funcionarios bien pueden ser cuestionados desde la ética administrativa y la transparencia que debe reclamarse a las acciones de gobierno.

Aunque el ministro de Economía diga que los préstamos del Nación están disponibles “para todos”, acceder a los montos que se han publicado no es habitual. Los salarios de la administración pública, aun cuando quien lo reciba ocupe una alta función, tampoco permitirían préstamos millonarios. Asimismo, funcionarios del área económica o del oficialismo pueden verse beneficiados por tener información privilegiada, hecho que sí ingresaría en el terreno del derecho. De igual modo, si el acceso a los préstamos es facilitado por la cercanía política o por el otorgamiento de favores, también la cuestión legal juega en el análisis.

Reducir la ética pública a la ausencia de daño visible es confundir legalidad con legitimidad. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes: las designaciones de familiares en cargos estatales antes de su prohibición no produjeron muertes ni restringieron libertades, pero sí lesionaron principios básicos como la igualdad de oportunidades. Las habituales excepciones en los procesos licitatorios que direccionan los recursos a los “amigos del poder” pueden estar revestidas de legalidad si cumplen determinados requisitos, pero los principios de transparencia y competencia, pilares de la ética pública, se debilitan al extremo.

Es decir, la evaluación ética de una decisión gubernamental no debería agotarse en observar si produjo un daño inmediato (según Milei, muertes o pérdida de libertades), sino que puede ser cuestionable si consolida desigualdades o compromete recursos públicos que podrían destinarse hacia otros fines. Por ejemplo, no hay ilegalidad en que una diputada oficialista por Salta destine los pasajes de avión que recibe cada mes para que su hijo pueda estudiar en Buenos Aires. Pero reducir la discusión a que no hay daños graves para otros implica una mirada minimalista de la ética. Además, en una república los recursos del Estado deben orientarse al bien común, no solo a operaciones “correctas”.

En este contexto, el valor de la equidad se ve afectado. El acceso al crédito para el ciudadano promedio es caro, difícil o burocrático y el hecho de que altos miembros del gobierno utilicen el cupo de préstamos de un banco público trastoca el orden de las prioridades que deberían guiar la misión de esa entidad financiera.

En definitiva, lo que está en discusión no es si algo puede hacerse, sino si debe hacerse. En el primer caso, la Justicia dilucidará la cuestión. En el segundo, referido a la ética, las zonas grises abundan.