¿Y?: Puede Fallar

Por Fernando Quaglia | LVSJ 

La noticia ocupó los principales titulares de la semana, hasta que la escasez de materia gris derivó en un bochornoso episodio en la Cámara de Diputados, donde las distintas miradas sobre sobre las consecuencias de arrojar materia fecal frente a la casa de un legislador casi culminan en una trifulca. La sentencia de una jueza estadounidense contra el Estado argentino, a raíz de la estatización de YPF, generó conmoción política. Aunque no tanta como los gritos e insultos en el recinto parlamentario, desatados por un hecho teñido de coprofilia.

“Puede fallar” era el lema del comercial de un conocido supermercado durante la pandemia. Mientras se mostraban desastres culinarios, una voz en off celebraba a quienes fracasan intentando, como una reivindicación del error en tiempos de redes sociales donde todo lo que se publica parece perfecto.

El paralelismo con el caso YPF puede sonar exagerado. Pero el “puede fallar” se ajusta a ambos contextos. En la publicidad solo se hablaba de los errores en la cocina. Mucho menos graves que los surgidos de la obstinación política que pretende moldear una realidad concreta y compleja, utilizando parámetros ideológicos abstractos como si fuesen dogmas. Para peor, con métodos desprolijos y sin medir consecuencias. 

Una jueza de los Estados Unidos ordenó a la Argentina a entregar las acciones de YPF que están en poder del Estado para indemnizar por 16 mil millones de dólares al fondo Burford Capital, que compró los derechos de juicio de otros accionistas, luego de la estatización de la petrolera. Este fondo se dedica a la compra de litigios de empresas quebradas en el mundo entero para iniciar procesos por montos siderales. Las firmas del grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, poseían el 25% de las acciones de la petrolera, adquiridas sin invertir capital propio, en el marco de un opaco proceso, gracias al aval político del momento.

El enmarañado asunto tiene su raíz en el artículo 7° del Estatuto de YPF: quien compre más del 15% de la empresa debe hacer la misma oferta al resto de los accionistas. Cuando se trataba la expropiación, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, se burló de esa disposición en un plenario de comisiones del Senado diciendo que “tarados son los que piensan que el Estado debe respetar ese estatuto”. Estas declaraciones fueron argumento para el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska. 

Reacciones

Tras conocerse la decisión judicial, la reacción de autoridades y dirigentes políticos mantuvo similar nivel que el observado en el Congreso. La retórica incluyó los consabidos insultos, argucias lingüísticas para adjudicar culpas, deslinde de responsabilidades, búsqueda de beneficios electorales y también ensordecedores silencios de muchos protagonistas. Al mismo tiempo, comenzaron a moverse los resortes del Estado para responder a la jueza, ganar tiempo y preparar una nueva apelación. 

En este punto, el periodista Diego Cabot señaló que “podría existir un intersticio” para cuestionar la sentencia: ni la jueza ni los fondos litigantes habrían logrado detectar bienes argentinos embargables en EE.UU. Ante esa dificultad, la magistrada habría solicitado que las acciones de YPF se transfieran a un banco estadounidense, desde donde podrían ser ejecutadas como pago a cuenta. Se trata, advierte, de una solución sin demasiados antecedentes: “No hay otro juicio donde un tribunal americano le ordene a un país soberano que lleve algún bien a Nueva York para ser entregado como pago”.

Más allá de los aspectos técnicos, este asunto sacudió el ya agitado el tablero político. Mientras el gobierno decide el curso de acción, Milei sabe que no puede cumplir el fallo. Por impedimentos económicos y también porque la ley de estatización se lo prohíbe. Cualquier cesión de acciones de YPF requiere aprobación del Congreso, ámbito donde el oficialismo no logra afianzar consensos con bloques dialoguistas y recientemente ofreció escenas más propias de una comedia burda que de una institución republicana. Allí también reverberan las discusiones entre la Nación y las provincias por los recursos que escasean. Aun así, Milei aprovechó para descargar su ya habitual andanada de agravios contra Kicillof.

El gobernador bonaerense, por su parte, recurrió a un repertorio conocido y ajado. Volvió sobre los conceptos de “entrega del patrimonio” y “subordinación al imperialismo”, atribuyó la culpa al actual gobierno y lo vinculó con los fondos demandantes. Intentó desestimar el estatuto de YPF alegando que “no es más que una ley”, conclusión a la que -según sus propias palabras- arribó tras consultar con inteligencia artificial.

¿Ofreció Kicillof una solución concreta para destrabar el brete en el que sus decisiones pusieron a la Argentina? Ninguna. Si llegara a intentarlo, no sorprendería que vuelva a delegar el análisis en ChatGPT.

Aunque no lo admita públicamente, mostrándose a la defensiva, el otrora estratega de la estatización de la petrolera quizás haya tomado nota de que debería haber medido el costo real de aquella decisión, festejada en su momento como el penal de Montiel. Porque, quedó demostrado, podía fallar.