Una herida que sigue abierta

Aquella mañana del 3 de noviembre de 1995 es de ésas que se recuerdan para siempre. Marcaron miles de historias de vida. La explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero fue un acontecimiento bisagra. Porque la rutina de una planta industrial de material militar se volvió un caos. Y la ciudad que había crecido gracias su desarrollo se convirtió en un escenario propio de una guerra.

Proyectiles y esquirlas cayeron sobre viviendas y escuelas; el cielo se tiñó de humo negro y el pánico se adueñó de la población. Siete personas murieron, cientos resultaron heridas y miles perdieron sus hogares. Peor aún: aquella tragedia fue el comienzo de una página oscura y vergonzosa. Una herida que no puede cerrarse, pese al enorme esfuerzo de los riotercerenses que no cejan en su reclamo de justicia.

La investigación judicial desnudó una triste verdad. Las explosiones fueron intencionales. El objetivo fue borrar las pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Pero la justicia tardó casi dos décadas en reconocer que se trató de un atentado planificado. En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a exdirectivos de Fabricaciones Militares por “estrago doloso agravado”, y se estableció que la ciudad fue víctima de un crimen de Estado. Pero la condena a los responsables políticos de esta tragedia nunca llegó. La impunidad volvió a ganar.

Treinta años después, la deuda con Río Tercero se mantiene. La ley de reparación económica, aprobada hace años, avanza con pasmosa lentitud. Apenas una mínima porción de los reclamos fue pagada, mientras miles de vecinos continúan esperando una compensación por los daños sufridos. Sin embargo, el reclamo más profundo es el moral. Porque el dinero no devuelve la paz ni borra la humillación. Ninguna indemnización repara el trauma de haber sido víctimas de la explosión ni el dolor de ser testigos de cómo la verdad se diluye entre demoras judiciales, olvidos y silencios.

Río Tercero es un espejo en el que también se reflejan los nombres de tragedias que el país aún no logra cerrar. Al mismo tiempo, es el más claro ejemplo de cómo una comunidad puede dar lecciones de dignidad. A lo largo de tres décadas, vecinos, familiares y sobrevivientes sostuvieron su lucha contra el olvido. Treinta años después, el reclamo de verdad persevera.  Y esa verdad, todavía esquiva, es condición para cualquier reparación posible. En este marco, es imprescindible remarcar que la justicia tardía es una forma de injusticia.

Así como muchos recuerdan qué hacían y dónde se hallaban cuando la metralla horadaba la vida de los habitantes de Río Tercero, tampoco puede olvidarse un reclamo que sigue siendo el mismo: que el Estado repare no solo los daños materiales, sino sobre todo los morales. Si ello no ocurre, la herida seguirá abierta.