Una creciente crisis deja al sistema judicial al borde del colapso
El presidente del Colegio de Abogados de San Francisco Alberto Arrieta, manifestó que "el poder judicial atraviesa probablemente una de las crisis más importantes de las últimas décadas.
El libertador Simón Bolívar adujo alguna vez que la justicia "es la reina de las virtudes republicanas", debido a que es el sostén de "la igualdad y la libertad", sin embargo en nuestra ciudad, y en la provincia en sí, esto parece no tenerse en cuenta: se atraviesa una crisis coyuntural producto de demoras en la asignación de vacantes de un sistema "lento", que a su vez provoca el reemplazo de jueces que deben descuidar sus propios tribunales, agravante que -como si fuera poco- se agudiza con la incorporación de nuevos fueros.
Por ello, el sistema se encuentra bajo un efecto dominó y sin vías de solución a corto plazo.
El presidente del Colegio de Abogados de San Francisco Alberto Arrieta, quien estuvo acompañado por vocales y otras autoridades de la entidad, manifestó que "el poder judicial atraviesa probablemente una de las crisis más importantes de las últimas décadas, esto se debe a una inadecuación de la estructura en relación a los requerimientos que tiene el sistema, lo que ha provocado una justicia cada vez más lenta. La situación se agrava por la incorporación de nuevos fueros, sin que se haya modificado la estructura del poder judicial. Tampoco se cubren las vacantes especialmente en el interior y en los cuerpos auxiliares, todo conspira contra resoluciones oportunas".
"Cuando la justicia no aparece en tiempo y forma se corren riesgos en la paz social", añadió Arrieta.
Hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la asamblea anual de colegios, en ese marco se produjo la visita protocolar a la Superintendencia de Tribunales donde se notificó "la irregularidad del funcionamiento de Tribunales en nuestra ciudad por la designación de quien era juez de Control hacia la cámara en lo Criminal y Correccional, dejando vacante el juzgado de Control... a su vez esa función fue asignada al juez de Ejecución Penal, quien pasó a cubrir dos funciones (la propia y la nueva), pero como el juez de Control intervino en causas que luego son elevadas a la Cámara, debía apartarse y por lo tanto, el juez de Ejecución Penal tenía que cumplir tres funciones a la vez".
Asimismo, debe tenerse en cuenta que en nuestra ciudad existe el denominado 'Plan Piloto' en el fuero penal, consistente en un juicio abreviado para casos de flagrancia que conlleva audiencias casi diarias en el Juzgado de control.
La ralentización del sistema afecta a los detenidos, que ven atrasado su juzgamiento y posible recuperación de libertad, y a las víctimas de los delitos que no tienen pronunciamiento judicial oportuno, viendo así insatisfechas sus expectativas.
Arrieta comentó que la situación se agudizó más aún cuando "la doctora a cargo de estas tres funciones obtiene su licencia anual y la Jueza de Menores, que podría haberla sustituido, realizó un pedido de carpeta médica. Como conclusión esas funciones se asignaron a la Jueza de Conciliación que tenía a su cargo cuatro juzgados y el reemplazo de la Cámara. Con esto se atrasó más al juzgado de conciliación, que ya venía con un atraso significativo, porque nosotros desde hace dos años (dada la cantidad de casis que se atienden) venimos pidiendo que se cree una nueva Secretaría de Juzgado de Conciliación, pero seguimos sin respuestas hasta ahora. La alternativa que se ofreció es que jueces satélites (de Arroyito o Las Varillas) reemplacen al juez de Control mientras se cubre el cargo, pero esto implica atrasar sus respectivos juzgados. Toda la circunscripción se ve seriamente afectada por esta situación que se nos ha presentado".
"El panorama es desalentador"
Como no podía ser de otra manera, Arrieta advierte que "el panorama es desalentador si se tiene en cuenta que además el fiscal de Cámara se jubiló, razón por la que Fiscalía de Cámara está siendo sustituida por los tres fiscales de instrucción, atrasando la actividad de las fiscalías. Y desde el año pasado quedó vacante un puesto de asesor letrado porque (dicho profesional) asumió en un cargo en Río Cuarto".
"En la asesoría letrada -prosiguió- aumentó la actividad por la asignación de distintos fueros, entonces los asesores letrados tienen que atender las audiencias de la cámara penal, de ejecución penal, del juzgado de control y es necesario tener en cuenta -como se sabe- que hubo y hay una creciente actividad en el fuero de violencia familiar en los últimos años".
En este marco, la búsqueda de soluciones se torna un arduo trabajo. "Hicimos el requerimiento a la Superintendencia que, es justo decirlo, elevó la totalidad de los reclamos al Tribunal Superior de Justicia, aunque no obtuvimos respuestas hasta el momento. Para apoyar los reclamos nos hemos reunido en el Tribunal Superior de Justicia, con el fin de buscar reemplazantes ya que la cobertura oficial de cargos llevará un año o más, porque es un sistema lento. Tampoco se tuvo respuestas... Entonces nos reunimos en Córdoba con la Secretaria de Justicia, queríamos que el gobierno esté al tanto de la situación por si se agrava todavía más, la cuestión es que seguimos sin soluciones", alertó el presidente del Colegio.
En busca de un sistema superador, desde el Colegio se aportó un proyecto de reforma del sistema del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, iniciado años atrás por el doctor Javier Panero. "Entendemos que es necesario ampliar el plazo de vigencia en las órdenes de mérito para cubrir vacantes, no se puede esperar a que estas se produzcan para llamar a concurso y tener que esperar así un año o más para las soluciones, como ocurre ahora", indicó Arrieta.
En última instancia, el presidente aclaró que lo sucedido "no es culpa de los abogados, que somos los que estamos trabajando para que esto cambie, pero para que esto salga adelante es necesario que los jueces hagan su aporte y tengan que hacer un esfuerzo más. Esto es un problema de sistema por un lado y de gestión, por otro".
Lo cierto es que cuando la justicia no encuentra un cimento estable es la estabilidad de una sociedad la que se pone en jaque.