Un sueldo de $23.000 y medio novillo por semestre, detalles de la causa de trata
La abogada que representa a la familia explotada en un campo de El Arañado brindó pormenores de la indignante situación que se encontró cuando conoció la historia que conmovió a la sociedad.
Milena Tomasetti es la abogada que realizó una denuncia penal a raíz de la cual una familia que era explotada laboralmente y obligada a vivir en condiciones infrahumanas en un tambo de El Arañado. La letrada brindó detalles de la historia que conmovió a toda la sociedad y por la cual se encuentran imputadas una mujer y sus dos hijos.
El caso salió a la luz el pasado 29 de junio, cuando se llevó a cabo un procedimiento en el cual fueron rescatados un matrimonio y sus hijos de 6 años y 20 meses. A la vez se allanó el domicilio de Marta Romero y sus hijos Manuel y Brenda Clara, quienes más tarde fueron imputados por "trata laboral agravada por la pluralidad de intervinientes y por abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas y porque la explotación se consumó". La madre y el hijo están señalados como coautores y la hija como partícipe necesaria.
La próxima semana los acusados deberán prestar declaración indagatoria y todavía no hay fecha para que las víctimas den su testimonio a través de una Cámara Gesell.
Tomasetti contó que al momento de conocer la situación de esta familia realizó la denuncia correspondiente y llevó adelante una colecta para brindarles los alimentos y el agua potable a los que no podían acceder.
También comentó que además de las condiciones precarias en la que vivía la familia, trabajaban por un sueldo indigno de $23.000 mensuales de los cuales les descontaban alimentos y agua y la promesa de "medio novillo cada seis meses".
La abogada relató que el grupo familiar "llegó desde otro tambo que cerró y dieron con estos empleadores. Entraron a trabajar en marzo de este año y habían acordado que cobrarían una suma de 23.000 pesos más medio novillo cada seis meses. Además, les entregarían diariamente agua potable en botellas o en bidones porque la casa que les dieron para vivir no cumple con los requisitos que tiene que tener cualquier vivienda donde va a habitar un ser humano y además no cumple con lo que establece la ley 26.727 que regula a los trabajadores rurales".
En ese sentido detalló que la ley establece que "se les debe brindar una vivienda digna, con agua potable y se le debe brindar una alimentación suficiente a los trabajadores rurales. Esto no ocurría. La jornada laboral debe ser de 8 horas y esto no era así: se extendía mucho más".
Luego explicó que "el empleador era quien tenía que hacer las compras de mercadería porque ellos no tenían un vehículo propicio, solo contaban con una moto en la que no podían cargar con todos los alimentos que necesitaban comprar. Esto se dio de manera muy irregular porque había días que se quedaban sin comida y por uno o dos días no podían comer. Cuando llegaba el momento de cobrar el sueldo, les descontaban lo que habían gastado en comida y agua, pero sin mostrar ningún tipo de recibo. Así, el primer mes cobraron solo 4.000 pesos".
Sale a la luz
La historia de esta familia podría no haber cambiado si no fuera por un accidente que el padre sufrió trabajando y que generó un conflicto con el empleador.
"En mayo sufrió un accidente en el que se cortó 3 dedos de una mano con una desmalezadora. Por ello necesitaba que le brinden prestaciones médicas. En un primer momento surgieron diferencias con el empleador, que no se quería hacer cargo de los gastos ya sea por operaciones o curaciones. Hasta que se logra que el empleador le cubra el traslado en el remis", contó Tomasetti.
A raíz de este conflicto, la parte empleadora dejó de llevarles comida y agua potable, algo que profundizó la crítica situación de la familia, teniendo en cuenta las condiciones en que ya vivían. "Es una vivienda muy precaria que no tiene las mínimas condiciones habitacionales: no cuenta con agua corriente , no contaba con canillas, la instalación eléctrica era deficiente, no tenían luz en la habitación ni en el baño. En realidad el baño era una habitación donde había un balde con agua extraída de un aljibe que no reúne condiciones para consumo. La calentaban en un tarro de leche haciendo una fogata y ahí la ponían en ese balde para poder bañarse", explicó la abogada.
Luego continuó detallando: "El baño en sí está ubicado entre 5 y 10 metros de la vivienda. Era una letrina, el famoso excusado. No tenían dinero, el empleador les cerraba los portones del campo y les impedía el egreso durante casi todo el día. No es que estaban propiamente privados de la libertad, pero para salir del campo tenían que saltar esos portones que estaban cerrados con candados y cadenas y no contaban con las llaves"
"Cuando venía el remis tenía que saltar dos portones para salir del campo", agregó.
En el momento del accidente, la abogada Tomasetti tomó conocimiento de la situación y comenzó a tomar las medidas: "Se hace la denuncia penal correspondiente conjuntamente con el doctor Alejandro Alcantaro. Se le solicitaron medidas a la fiscal, entre ellas el allanamiento que se realizó el 29 de junio en el campo y en dos viviendas de los imputados".
En ese procedimiento se rescató a la familia, que ahora está contenida en una casa refugio para víctimas de trata de Córdoba. Además se secuestraron los teléfonos de los acusados, que pueden arrojar pruebas sustanciales a la causa.
"Estamos hablando de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Para que esto suceda se necesita una prestación de servicios, es decir que el trabajador esté a disposición del empleador y que a cambio reciba una prestación sensiblemente inferior. Hoy 23.000 pesos no es solo menor al Salario Mínimo Vital y Móvil sino que es también es muy inferior a la remuneración que establece la escala salarial para los peones rurales", explicó Tomasetti.
En ese sentido consideró que "por ello hay un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la familia, porque esta gente estaba sola, no tenían a quien acudir ni medios para trasladarse para buscar mercadería ni agua potable. Entonces el empleador se aprovechó de esta situación para lograr beneficios ilegales económicamente".
La precaria vivienda de donde fue rescatada la familia que ahora está alojada en una casa refugio para víctimas de trata en Córdoba
La causa
Para la semana entrante se espera que se tome declaración a los acusados, que por decisión del juez continúan en libertad. Los abogados representantes de las víctimas continúan recabando pruebas y aseguraron que sumarán el testimonio de dos testigos claves.
En paralelo trabaja la fiscalía federal de San Francisco a cargo de María Marta Schianni. Sobre esto, la abogada Tomasetti hizo una aclaración: "Escuché que la fiscal que está investigando la causa dijo que la víctima hizo la denuncia llamando a la fiscalía y haciendo un croquis de cómo llegar al lugar. Me sorprende mucho porque esto ha sido un trabajo arduo que hicimos con el doctor Alcantaro conjuntamente. Fuimos quienes tomamos conocimiento de la situación y quienes formulamos la denuncia penal correspondiente. Pusimos en conocimiento de la fiscal esta situación, solicitamos el allanamiento".
Luego agregó: "Al día siguiente de conocer lo que pasaba, además de hacer la denuncia, realizamos una colecta de ropa, alimentos, agua y se lo llevé personalmente. En ese momento no actuó el Ministerio de Trabajo. Recién a la semana y media se realizó el allanamiento. Durante ese lapso esta gente tenía que comer, necesitaba agua potable. Por eso me sorprenden las declaraciones de la fiscal, quiero creer que se trata de un error, de una confusión con otra causa".
