Un juicio incompleto

Se desarrolla en Río Cuarto el juicio contra dos funcionarios por impedir el ingreso de Pablo Musse a nuestra provincia, en agosto de 2020, cuando su hija Solange agonizaba en Alta Gracia. La mujer falleció sin poder despedirse de su padre, en uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de las restricciones sanitarias durante la pandemia.

Los imputados son un médico entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y una asistente social Analía Morales, miembro de un ente cuya sigla no es bien recordada: COE. Se los acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, limitar la causa a estos dos nombres se parece mucho a un intento de encubrimiento institucional.

Las decisiones que impidieron el reencuentro entre padre e hija no fueron aisladas ni improvisadas: respondieron a una lógica vertical, diseñada y ejecutada desde los más altos niveles del poder político y sanitario. Si bien las intenciones pudieron, inicialmente, cuidar a las personas y evitar los contagios, la acción de estos organismos creados para hacer frente a la emergencia se tradujo en situaciones que agregaron dramatismo al ya dramático panorama de la pandemia y que, en casos como éste, estuvieron totalmente alejadas del sentido común.

Pablo Musse, el padre, lo expresó con claridad tras la primera audiencia: “No fueron ellos solos”. Y apuntó directamente a la cúpula del Ministerio de Salud de aquel momento y las figuras clave del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Un razonamiento simple permite habilitar la duda. ¿Por qué no están imputados? ¿Por qué la justicia se detiene en los eslabones más débiles de la cadena? ¿Por qué se buscan responsables, pero se lo hace mirando hacia abajo?

Es verdad que la pandemia exigió decisiones difíciles. Pero también dejó al descubierto cómo el Estado puede fallar en la protección de la dignidad humana. Negar el ingreso de un padre a la provincia para despedirse de su hija moribunda no fue un mero error administrativo. Se inscribió en una estrategia de prevención que terminó cercenando derechos fundamentales. Con el aditamento perverso de que la cúpula del poder gozaba de prerrogativas indignantes. La foto de Olivos es un claro ejemplo de ello.

En verdad, las penas que podrían recibir los acusados serán todas condicionales. Pero no satisfarán. Porque no habrá verdadera justicia si no se sienta en el banquillo a quienes diseñaron órdenes inconcebibles que terminaron agigantando el dolor terrible que provocó la pandemia del Covid 19 en miles de familias e impidió, como en este caso paradigmático, que un padre pueda despedirse de su hija que sufría una enfermedad terminal.

Frente a estas consideraciones, resulta evidente que la verdad sobre el caso Solange Musso no estará completa cuando termine este juicio.