Un exjefe policial de Brinkmann será juzgado con jurados populares
Por irregularidades con vales de combustible. El excomisario Rubén Chiambretto está acusado de abuso de autoridad y peculado.
Rubén Chiambretto, exjefe de la comisaría de Brinkmann, enfrentará un juicio con jurados populares desde el lunes 2 de marzo próximo.
El comisario está imputado como supuesto autor de los delitos de "abuso de autoridad y peculado".
El exjefe policial fue removido de su cargo el viernes 22 de julio de 2016 por el entonces segundo jefe de la Departamental San Justo, comisario mayor Héctor Roldán, al tomarse conocimiento de una investigación que había en contra del oficial jefe, la cual llevaba adelante el entonces fiscal de instrucción de Morteros Alejandro Acuña.
En aquella oportunidad, al anunciar el comisario mayor Roldán el apartamiento de Chiambretto del cargo de jefe de la comisaría de Brinkmann, indicó que se había tomado conocimiento de presuntas irregularidades en el manejo de vales de combustible.
Roldán había explicado que cada dependencia policial poseía un cupo de combustible, el cual se dividía por la cantidad de móviles que había en funcionamiento.
Personal policial advirtió el faltante de algunos vales por lo que decidió poner en conocimiento de la Justicia la supuesta irregularidad.
A partir de allí tomó cartas en el asunto el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario que ordenó el licenciamiento de Chiambretto hasta tanto se aclarara su situación procesal.
Chiambretto, oriundo de la localidad de Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero, se había hecho cargo de la comisaría en marzo de 2016.
De acuerdo a la investigación habría utilizado los vales de combustible en beneficio propio. En ese sentido, se lo acusa de haber consumido unos 300 litros de nafta para movilizarse entre Brinkmann y Villa Santa Rosa, su lugar de origen, combustible que habría sido cargado en su automóvil particular.
También al exjefe policial en su momento se lo acusó del faltante de fondos pertenecientes a la comisaría, concretamente 5.000 pesos que habría retirado antes de salir de licencia.
Además, se presume que a la municipalidad de La Paquita le hizo adquirir dos baterías de las cuáles una tuvo como destino el móvil policial, en tanto se desconoce qué pasó con la otra.
La defensa del policía que comenzará a ser juzgado el primer día hábil de marzo está a cargo del abogado Martínez Flores, en tanto que el tribunal compuesto por tres jueces técnicos y doce jurados populares será presidido por el camarista Guillermo Rabino y la fiscal de cámara Consuelo Aliaga llevará adelante la acusación.
