Un año sin celulares en el aula: la experiencia de la Escuela Normal

Por Cecilia Castagno | LVSJ 

El debate por el uso de celulares en las escuelas volvió a instalarse en Córdoba tras el proyecto presentado por el legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) para prohibirlos en todos los establecimientos. Mientras la discusión avanza en el plano político, en la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” la experiencia ya lleva casi un año de aplicación y se apoya en una definición institucional clara: regular dentro del aula, sostener acuerdos y evitar tanto la prohibición absoluta como el uso irrestricto.

 La medida comenzó a implementarse a mediados del año pasado, con la compra de cofres de madera móviles para guardar los teléfonos durante las horas de clase, y fue ratificada al inicio del ciclo lectivo 2026 para el nivel secundario. El eje de la política está puesto en los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), que establecen que el celular no puede utilizarse dentro del aula mientras se desarrolla la clase, aunque sí está permitido durante los recreos.

 “Nosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo con respecto a eso, porque hemos observado una dificultad en la atención y en algunas transgresiones a los acuerdos escolares de convivencia”, explicó el director Norberto Palancar en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Y añadió: “El foco está allí, en los acuerdos escolares de convivencia. Esa es la estructura normativa que nos avala respecto a lo que nosotros venimos llevando adelante con el celular”.

 Acuerdos institucionales y dinámica en las aulas

Según detalló Palancar, los AEC contemplan faltas leves, moderadas y graves. “Con respecto al celular, hay faltas moderadas, en el caso del uso con fines no pedagógicos y sin supervisión docente, y faltas graves, que tienen que ver con alguna publicación en redes sociales, alguna fotografía, algún video ofensivo o comentarios difamatorios”, precisó.

 Para ordenar la dinámica cotidiana, la institución adquirió cofres con 40 compartimentos individuales. “Lo que hicimos fue regularlo a través de unos muebles o cofres que hemos comprado el año pasado, a mediados de año”, indicó. Cada docente decide si lo lleva o no al aula. “Una vez que lo lleva, lo deja en el escritorio e invita a los estudiantes a dejar su celular allí. Son como celdas donde va cada teléfono mientras no se utilice de manera pedagógica”, describió.

“Esto no tiene que ver con demonizar el celular, sino con hacer un uso responsable de esta tecnología (…) El celular está entre nosotros, ya es indispensable. No podemos ir contra eso”

“El celular no se esconde, queda allí a la vista de todos”, remarcó. A la vez, aclaró que “hay docentes que dicen ‘yo lo necesito de manera pedagógica’, por lo tanto el celular sigue en poder de los estudiantes”. En esos casos, el uso está supervisado y vinculado a actividades específicas.

 “Si uno recorre la escuela en este momento, va a encontrar aulas donde está el cofre con los celulares allí, aulas donde no hay cofre y los estudiantes están trabajando con el celular, y aulas donde hay algunos celulares guardados y otros en poder de los alumnos”, sostuvo. Y agregó: “Esto no es una ciencia exacta, son acuerdos institucionales que hay que sostener”.

 A casi doce meses de la implementación, el director reconoció que el proyecto se encuentra en evaluación permanente. “No hemos cumplido todavía un año respecto a lo que es este análisis del celular, tenemos cosas para cambiar y modificar, pero vamos por buen camino”, afirmó.

Ciberacoso y límites

Uno de los motivos centrales para regular el uso fue la aparición de conflictos asociados a redes sociales y publicaciones sin autorización. “El celular llega a tener tanta incidencia en nuestra conducta cotidiana que en la escuela tenemos que regularlo para ayudar y acompañar trayectorias que tienen que ver con esa desconcentración o con posibles conflictos”, señaló Palancar.

 El director enumeró situaciones vinculadas al “ciberacoso, casos de bullying, fotos hacia compañeros o profesores, filmaciones y viralizaciones sin autorización”. Y fue enfático: “No se puede publicar sin autorización, menos filmar y viralizar, porque ya estamos cometiendo una transgresión a los acuerdos escolares”.

 “Muchas veces los problemas de burlas, exposición o conflictos entre compañeros se potencian cuando el celular está en el centro de la escena –siguió-. Hemos tenido algunos estudiantes que han pasado por esas faltas, tanto moderadas como graves”, reconoció. Frente a estas situaciones, la respuesta institucional es gradual: “Primero hay un apercibimiento oral, luego un apercibimiento escrito que va al legajo, y después acciones reparadoras que tienen que estar consensuadas por la institución, por los estudiantes y por las familias”.

 Esas acciones pueden ir “desde clases dadas a distintas divisiones de la escuela hasta acciones de disculpas en base a la causa generada”. Para Palancar, el objetivo es que el límite tenga un sentido pedagógico. “Esto no tiene que ver con demonizar el celular, sino con hacer un uso responsable de esta tecnología”, insistió.

 Consultado sobre el impacto en el rendimiento académico, respondió: “Los seres humanos somos todos diferentes. Hay estudiantes a los que el celular los ayuda, pero si por una desconcentración ingresan a redes sociales o miran videos que no tienen que ver con la escuela, ahí sí es un problema para el desempeño del estudiante”. Y agregó: “Cada docente y cada estudiante sabe lo que significa transgredir un acuerdo”.

 Palancar aclaró que “los profesores y directivos pueden tener el celular, pero esa es una cuestión ética. Los acuerdos escolares son para todos”. En ese sentido, explicó que puede ocurrir que un docente dicte su clase guiándose por el teléfono. “El docente puede tener un apunte, puede tener alguna aplicación, puede tener alguna presentación que va guiando su dictado, su estructura, su planificación sobre lo que está en el celular. Eso es correcto, porque no está usando el celular con fines de ocio, sino que lo está usando con fines pedagógicos”, reiteró.

Aceptación de las familias

 Un aspecto central de la experiencia fue la respuesta de las familias. “Se trata de una regulación consensuada, acordada con la familia, con los estudiantes y con la escuela. Tenemos que hacer un contrato social donde se estipula qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, expresó el director.

 “No hemos tenido ninguna queja, ningún reclamo de ninguna familia”, aseguró. La institución mantiene vías de comunicación abiertas y, en casos específicos, autoriza el uso del celular por razones médicas u otras situaciones justificadas. “Si algún estudiante lo necesita por alguna situación que lo amerite, nosotros lo sabemos y lo autorizamos, pero eso no significa que pueda utilizarlo con fines no pedagógicos”, aclaró.

“No podemos mirar el uso del celular solo desde la sanción o la prohibición. Hay que entender que para muchos chicos el teléfono es una herramienta de socialización, de validación y de pertenencia”

 Palancar recordó además que entre el 95 y el 100% de los estudiantes asiste con teléfono. “El celular está entre nosotros desde hace varios años, ya es indispensable. No podemos ir contra eso”, afirmó. Por eso, la regulación se limita a las horas de clase y no a los recreos. “Los cambios no tienen que ser bruscos. Si ya regulamos el celular en el aula y avanzamos hacia sacarlo durante cuatro o cinco horas, puede generar un efecto contraproducente”, consideró.

También hizo hincapié en un aspecto que atraviesa especialmente a la adolescencia: la necesidad de pertenecer a un grupo. “No podemos mirar el uso del celular solo desde la sanción o la prohibición. Hay que entender que para muchos chicos el teléfono es una herramienta de socialización, de validación y de pertenencia”, señaló Palancar. Y subrayó que la iniciativa no busca aislar a los estudiantes ni desconocer sus dinámicas sociales: “En los recreos los chicos pueden usar el celular”.

Sobre este punto, agregó que en el nivel primario la realidad es diferente: “Allí el teléfono no cumple el mismo rol que en la secundaria y, por eso, el enfoque debe ser más cuidadoso y acorde a la edad”.

“Hay una diferencia muy clara entre limitar el uso en clase y prohibirlo de manera absoluta –continuó el docente-. No se trata de negar la tecnología, sino de ponerla en un marco que favorezca el aprendizaje”.

 El balance general, insistió, es “altamente positivo”. Sin embargo, aclaró que el proceso es dinámico y se revisa en el Consejo Escolar de Convivencia. “Siempre hay que sostenerlo y monitorearlo. Esto está en movimiento, lo que hoy tenemos puede cambiar de acá a dos meses”, concluyó.

A casi un año del inicio, la experiencia de la Escuela Normal muestra una política que combina regulación, diálogo y seguimiento de casos concretos. En medio del debate provincial, la institución sostiene que el camino no es la prohibición total, sino la construcción de acuerdos que involucren a estudiantes, docentes y familias en el uso responsable de una tecnología que, como reconoce su director, “forma parte de la vida cotidiana y no podemos desconocer”.