Triste estadística sobre femicidios

En los primeros seis meses de 2018 se registraron 139 femicidios en Argentina, según un nuevo relevamiento del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación al que tuvo acceso la prensa nacional. Se estableció que once de ellos fueron vinculados -es decir, cometidos por un hombre que tenía lazo familiar o afectivo con la víctima- y cuatro travesticidios, reveló el informe basado en el análisis de medios, tanto gráficos como digitales, y en un trabajo de investigación que cruzó información entre las comisarías, fiscalías y juzgados a cargo de cada una de las causas.

Es posible que estos indicadores no sean definitivos. Y que la cifra de mujeres fallecidas en estos conmocionantes hechos sea superior. Por ello, no se puede negar que es imprescindible la intensificación de las políticas públicas para defender a la víctima y, al mismo tiempo, para controlar a quienes tienen antecedentes de agresión. La visibilidad que el problema ha tomado en la sociedad ayuda para conseguir estos objetivos, pero todavía se suceden hechos trágicos que podrían evitarse.

La noticia señala además que la mayoría de las víctimas -casi un tercio- tenían entre 19 y 30 años. Asimismo, según el estudio, 38 mujeres murieron baleadas, 28 apuñaladas, 22 golpeadas, 16 estranguladas y 15 quemadas. Ocho fueron víctimas de violación y, en particular, una joven fue violada hasta la muerte. La provincia de Buenos Aires lidera el ranking con un total de 42 casos en lo que va del año. Le sigue Córdoba, con 12 femicidios; Santa Fe, con 13; Tucumán, con 11; y Mendoza, con nueve.

Otro dato revelador es que casi tres cuartos de las víctimas que padecieron estas atroces agresiones no habían formulados denuncias por agresión, lo que indicaría que aún resta mucho por hacer para proteger a las mujeres, puesto que son objeto de agresión permanente y en muchos casos, por temor u otras causas graves, no se atreven a dirigirse a las autoridades para poner fin a su sufrimiento.

Entonces, la protección de las víctimas es incompleta. Como también lo es el seguimiento y control de los violentos. Las violaciones de las órdenes de restricción son sistemáticas. Si esto se agrega a la ineficiencia de la justicia con fallos absurdos que permiten la salida de la cárcel de hombres con antecedentes graves en la materia, el cóctel se torna explosivo. Pareciera que los agresores mantienen la impunidad de siempre, mientras que las mujeres ven alterada su vida de manera total. Y lo mismo ocurre con los hijos y el resto de la familia.

Terminar con los femicidios supone acabar con la desprotección de la mujer. Para ello deben cumplirse a rajatabla las leyes así como mejorar de manera sustancial los procedimientos de control y aplicación de las normas. La violencia machista es una aberración que supone un cambio cultural profundo. Pero éste es un proceso que lleva tiempo, aun cuando se han hecho adelantos significativos. En el mientras tanto, es vital que se persevere y profundice la protección de las víctimas y la sanción a los agresores.