Judiciales
Trata de personas: cómo sigue el juicio contra el pastor Elías Argüello
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El líder de Dimensión Cielo y otros cuatro imputados son juzgados en Córdoba por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Tras la primera audiencia, el proceso continuará el 11 de mayo y no se descarta una extensión debido a la cantidad de pruebas testimoniales.
El juicio contra el pastor e influencer de San Francisco Elías Argüello continuará el próximo 11 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que también tiene como imputados como coautores a su pareja, Daiana Herrera, además de Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, como partícipe necesario.
El proceso judicial comenzó esta semana y, según informaron fuentes judiciales a LA VOZ DE SAN JUSTO, podría extenderse más allá del 13 de mayo, fecha inicialmente prevista para la finalización de las audiencias, debido a la amplitud de la prueba testimonial incorporada al expediente. En la causa figuran siete presuntas víctimas, aunque cinco de ellas no se consideran víctimas de los hechos investigados.
El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.
Durante la primera audiencia, Argüello declaró ante el tribunal y rechazó las acusaciones en su contra. El pastor sostuvo que es inocente y negó haber ejercido sometimientos o restricciones sobre integrantes de la organización religiosa Dimensión Cielo. Además, afirmó que no se consideraba “ningún líder religioso”.
También señaló que el dinero que ingresaba a la organización formaba parte de “un fondo común” al que todos los integrantes tenían acceso y cuyo uso, según dijo, era consensuado.
La investigación, impulsada por la fiscal federal que subroga en San Francisc, María Marta Schianni, sostiene que las presuntas víctimas habrían sido captadas mediante mecanismos coercitivos, alejadas de sus familias y despojadas de bienes materiales para beneficiar económicamente a la organización.
De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es el de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por “engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas” y por haberse concretado la explotación. En el caso de Argüello, además, se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.
La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, acompañado por la letrada Alejandra Sosa Cerrolaza. El defensor cuestionó la investigación y aseguró que “no existe delito” en el accionar de los acusados.
La causa se originó a fines de 2020 tras una serie de allanamientos realizados en la vivienda de Argüello y en dos emprendimientos vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario. En marzo de 2021, el pastor fue detenido y meses después recuperó la libertad, situación que mantuvo hasta el inicio del juicio oral.
De qué se lo acusa
En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió este diario, la fiscal Schianni sostuvo que Elías Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante “engaños”, mensajes por Whatsapp y Facebook y videos difundidos en su canal de Youtube. Según la acusación, las víctimas fueron atraídas con “promesas de salvación eterna” y bajo la supuesta condición de que Argüello, su pareja Daiana Herrera y su hija eran “elegidos o enviados de Dios”.
La fiscalía indicó además que los imputados se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y familiar de las presuntas víctimas, muchas de las cuales atravesaban crisis personales. La acusación sostiene que, una vez incorporadas a la organización Dimensión Cielo, eran persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor del grupo.
Según el requerimiento, la promesa de una vida “en comunidad” derivó en condiciones de “hacinamiento”, alimentación deficiente, control de salidas y comunicaciones, además de extensas jornadas laborales en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias administradas por Argüello y otros acusados.
La fiscal Schianni también sostuvo que las presuntas víctimas realizaban tareas durante aproximadamente 14 horas diarias, muchas veces sin descanso y con salarios “ínfimos o inexistentes”. La acusación describe además situaciones de “humillaciones y maltratos”, vigilancia permanente y mecanismos de control psicológico y religioso dentro de la organización.
