Transporte: inequidad persistente

Al referirse a la discusión por los subsidios al transporte público de pasajeros en el marco del tratamiento del presupuesto nacional para 2023 en la Cámara de Diputados, un legislador santafesino del bloque oficialista fue contundente al señalar que "las crisis las genera Buenos Aires y la recuperación, el interior productivo". Remarcó esta conclusión el diputado justicialista Roberto Mirabella luego de dejar en claro que "así como están los subsidios, en el nuevo presupuesto no lo voy a votar y propuse que se modifique el criterio su reparto al transporte de una manera igualitaria para todo el país".

La misma postura han esgrimido los diputados que responden al gobierno de Córdoba. El sanfrancisqueño Ignacio García Aresca advirtió sobre el atraso real que tendrán las partidas de subsidios si se aprueban tal como están planteadas. Al mismo tiempo, el riocuartense Carlos Gutiérrez explicó al diario Puntal que "la cifra ni siquiera contempla la inflación del presupuesto, cuando todos sabemos que llegaría al 100%. Por eso como mínimo vamos a pedir 95 mil millones de pesos para el interior y terminar con esta cuestión de la escasez de subsidios y las permanentes protestas gremiales surgidas del alto proceso inflacionario", advirtió.

Estas voces que provienen del verdadero interior productivo ratifican que la cuestión de los subsidios al transporte público de pasajeros no está contemplada como corresponde en la ley que establece el marco de gastos e ingresos del Estado nacional. Y que, asimismo, mantiene una ridícula y ofensiva política de reparto de fondos que favorece solo a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano de la provincia en detrimento de todas las poblaciones del resto del país.

Los funcionarios nacionales se escudan en que el pacto fiscal firmado por los gobernadores en 2018 establecía que las jurisdicciones provinciales y municipales deberían aportar los recursos para los subsidios al transporte. Durante la discusión en las comisiones de la Cámara Baja el ministro nacional del área, pretendió enrostrar que las provincias no están cumpliendo con su parte y que la Nación sigue enviando fondos.

Cuando las verdades son a medias, no son verdades. Primero, porque la pandemia destrozó cualquier previsión que podía haberse hecho antes. Y porque la inflación, de la cual la Nación es principal responsable por la emisión descontrolada y el déficit enorme que sigue aumentando, rompe también con las estimaciones más razonables. Así, jurisdicciones principales de aquel "interior productivo", como Córdoba y Santa Fe, destinan ingentes sumas a paliar el aporte discriminatorio de la Nación en este rubro.

La Nación, por cierto, no tiene en cuenta que ninguno de los distritos que forman el Amba hace lo mismo. Y, sin embargo, mantiene en el presupuesto diferencias notables en la asignación de recursos, así como también contempla incrementos nominales para el interior que, si se aprueba el proyecto, serán rápidamente absorbidos por la inflación.

Las cualidades de inequidad e injusticia en este tema desnudan un centralismo arbitrario. Que no puede ser más disimulado y que debe ser revertido. Porque no se concibe que, en el interior del país, el boleto tenga un valor que cuadruplica o quintuplica lo que se paga en el Área Metropolitana de Buenos Aires.