Transparencia, no silencio

El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia de la Nación, denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y periodistas.

Se trata de una posición acorde con un tiempo en el que la prensa recibe insultos y hostigamientos desde varios estamentos del poder.

Es verdad que son épocas en las que la reconfiguración de los ecosistemas mediáticos han establecido parámetros confusos que complican la tarea de separar la información fiable y rigurosa de la que prolifera en esta suerte de desconcierto desinformativo, dominado por las redes sociales y la búsqueda de impacto inmediato que se mide en cantidad de "clikbaits".

Aun así, los conceptos del juez Mahiques constituyen un ataque a valores republicanos centrales que, por su investidura, está obligado a cumplir y defender.

Admitiendo que un juez o cualquier otro funcionario puede sentirse desprotegido ante una crítica, la realidad demuestra que existe una honda asimetría de poder a favor del Estado. Por ello, es cuestionable la intención de sancionar como una "grave falta" en cualquier ámbito de la Justicia el intercambio de información con periodistas bajo el rótulo de "fuentes no revelables".

Se infiere que el magistrado conoce el principio constitucional expreso de garantía del secreto profesional periodístico y la protección de las fuentes. No es un privilegio corporativo, sino la garantía que permite ejercer el derecho ciudadano a la información.

Muchas de las grandes investigaciones sobre corrupción o connivencia política dentro de los tribunales (asuntos de altísimo interés público) han visto la luz gracias a fuentes que pidieron expresamente no ser identificadas. Sancionarlas equivale a imponer una mordaza inconcebible en un estado de Derecho.

Asimismo, el argumento del juez de que las críticas producen un "efecto corrosivo" en la legitimidad de la justicia invierte la lógica. En una república, la confianza en las instituciones no se construye mediante el secreto o el silencio forzado, sino a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

Si la opinión pública cuestiona la integridad de un magistrado por sus vínculos o decisiones, el remedio democrático es una mayor apertura, explicaciones públicas y el sometimiento a los mecanismos institucionales de control, no el blindaje informativo de los tribunales.

Mahiques, por algunas de sus acciones y sus vínculos opacos con ciertas figuras controvertidas, ha recibido cuestionamientos que está obligado a despejar.

Sus conceptos exhiben la decisión de no hacerlo. Porque no apela al remedio democrático de una mayor apertura, explicaciones públicas y el sometimiento a los mecanismos institucionales de control, sino que intenta un inadmisible blindaje informativo.

Pretender penalizar el discurso periodístico desnaturaliza la función de contralor de la prensa, cuyo rol histórico es, precisamente, vigilar a quienes ostentan ese poder.