Toloza: “La única vía que queda es la judicialización del reclamo universitario”

El decano de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, Alberto Toloza, advirtió que el sistema universitario público se encamina hacia la judicialización del reclamo por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. 

El directivo cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de no ejecutar una norma sancionada y promulgada por el propio presidente Javier Milei, y señaló que la comunidad universitaria vive un clima de 'calma tensa' mientras espera una respuesta institucional.

Un sistema que cumplió todas las instancias institucionales

Toloza explicó que la situación que atraviesan las universidades públicas del país es el resultado de un proceso que agotó todas las instancias institucionales. Recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que implica que se encuentra plenamente vigente. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió suspender su aplicación mediante un decreto posterior, lo que –según el decano– constituye una contradicción directa con los principios republicanos y constitucionales.

“El sistema universitario ya cumplió todos los pasos institucionales. Lo que sigue es pedirle al Poder Judicial que haga cumplir la ley”, enfatizó el decano, tras confirmar que los rectores de las 30 facultades regionales de la UTN avanzan en la presentación de un amparo colectivo para exigir la vigencia efectiva de la norma.

Un reclamo que trasciende lo presupuestario

El decano sostuvo que el reclamo de las universidades ya no se limita al aspecto financiero, sino que se trata de una cuestión de respeto institucional. “Pedir que se cumpla una ley no debería ser una medida de fuerza”, señaló, y remarcó que la discusión sobre si el financiamiento es alto o bajo quedó atrás: “Lo que estamos diciendo es que hay una ley sancionada por el Congreso, promulgada por el presidente, y que por lo tanto debe estar en vigencia”. Según Toloza, la dilación en la aplicación de la norma constituye una señal de alarma para toda la sociedad: “Habla de una institucionalidad debilitada y de un juego de poder que no corresponde en una república”.

Impacto en las universidades y en la comunidad docente

El decano explicó que el panorama dentro de las universidades es desigual. En la UTN San Francisco, la situación económica aún no generó renuncias ni licencias de profesores, aunque sí hay consultas. En cambio, en las facultades de Buenos Aires y otras capitales provinciales ya se registraron decenas de renuncias de docentes jóvenes, especialmente jefes de trabajos prácticos y ayudantes.

“La vocación docente todavía pesa más que el análisis financiero, pero la situación empieza a ser insostenible”, reconoció Toloza. A esto se suma la paralización de proyectos de infraestructura, como el edificio de cuatro pisos que estaba proyectado frente a la calle Las Margaritas, y las dificultades para sostener los gastos de funcionamiento y mantenimiento.

Una calma tensa antes de las elecciones

En cuanto al clima dentro de la comunidad universitaria, Toloza describió un estado de 'calma tensa'. Explicó que, aunque las actividades académicas continúan y las medidas de paro no superan el 50% de acatamiento, el desgaste y la incertidumbre se hacen evidentes. “El año pasado había cierta comprensión hacia las medidas del gobierno, pero hoy esa paciencia se agotó. Lo que se percibe ya no es una revisión administrativa, sino un ajuste real sobre el sistema universitario”, señaló.

Para el decano, algunas decisiones del Ejecutivo parecen responder a una estrategia de dilatar tiempos más que a resolver problemas de fondo. “Hay una mayor asimilación de que esto tiene más color de ajuste que de corrección institucional”, expresó, aludiendo a las promesas de transparencia y auditoría que el Gobierno había utilizado como argumento durante 2024.

Judicialización: la única vía posible

La decisión del Consejo Superior de la UTN de avalar a los rectores en la presentación judicial marca un nuevo capítulo en la disputa. El planteo, según detalló Toloza, tomará la forma de una solicitud de amparo ante el Poder Judicial, con el objetivo de que se ordene la aplicación inmediata de la ley. “Ya no hay otra respuesta posible: los pasos institucionales se cumplieron y ahora corresponde que otro poder del Estado haga cumplir lo que el Congreso sancionó”, afirmó.

En esa línea, consideró que el conflicto trasciende el ámbito educativo: “Esto no es solo un reclamo universitario. Es una cuestión de respeto por la división de poderes y por la palabra institucional del Estado”. A su juicio, el sistema universitario “está dando una lección de civismo y de defensa del Estado de derecho”, aún en medio de las dificultades presupuestarias.

Declaración del Consejo Superior de la UTN

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional expresó su profunda preocupación por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, resaltando que la misma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. En su Declaración N.º 3/2025, el cuerpo reafirma su defensa del sistema universitario público, gratuito y federal, y respalda las gestiones de los rectores para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

La declaración expresa su pleno respaldo a la ley y denuncia que, aunque fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, su ejecución fue suspendida mediante decreto, lo que agrava la ya crítica emergencia presupuestaria de las universidades públicas. Señala que la norma contemplaba actualizaciones de partidas y recomposición salarial para 2025, pero que al mantenerse un presupuesto prorrogado sin contemplar la inflación, se genera un desfinanciamiento estimado en más de un billón de pesos para dicho ejercicio.

Además, el Consejo manifiesta su preocupación particular por la situación de la Universidad Tecnológica Nacional, que enfrenta costos muy altos en equipamiento, infraestructura y mantenimiento propios de las carreras de ingeniería y tecnología, y advierte el impacto de la demora en la ejecución de la ley sobre la retención de docentes y nodocentes altamente calificados. En consecuencia, acuerda adherir al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (14 de octubre de 2025), y avala las gestiones del Rectorado para presentar acciones legales si fuese necesario, en defensa de la educación pública, gratuita y federal.