Terminan los alegatos en el juicio contra Viaut y podría haber sentencia

Por Ivana Acosta | LVSJ

La semana pasada comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de Córdoba el juicio contra el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, acusado de concusión agravada y tráfico de influencias.

El funcionario en uso de licencia está acusado junto con un empleado de la dependencia a su cargo, Darío Rivarola, y otras tres personas más - Gerardo "Coco" Panero, Walter Gustavo Fattore y Víctor Hugo Brugnoni - de cobrar sobornos para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas en curso en la justicia ordinaria.

Los cinco imputados llegaron a juicio por dos hechos. Viaut y Rivarola, ordenanza de la fiscalía, están acusados de concusión agravada, en carácter de coautores, por ofrecer "cajonear" una investigación en curso mediante el pago de sobornos.

En el segundo hecho, ambos están acusados de tráfico de influencias, con Panero y Fattore como partícipes necesarios, luego de que Brugnoni, acusado de cohecho activo, le entregara dinero a cambio de su intervención en una causa en la justicia provincial. Cabe destacar que estos tres imputados son oriundos de Las Varillas, Pozo del Molle y Laborde, respectivamente.

En el debate interviene la Fiscalía Nº 2 del TOF a cargo de Carlos Gonella y la fiscal de primera instancia de Villa María, María Marta Schianni quien condujo la investigación. En tanto que el tribunal está presidido por la magistrada federal María Noel Costa y lo integran también los jueces vocales Julián Falcucci y José Fabián Asís. El querellante es Pablo González que es asistido por el abogado Juan Bernardo Alberione.

Cuatro aceptaron los cargos

En la jornada inicial primero se leyó la acusación y después tras pedir la palabra Fattore y Panero reconocieron su participación en el segundo hecho y pidieron perdón. Posteriormente hizo lo mismo Brugnoni, que agregó sentirse víctima de una estafa luego de que los demás imputados lo contactasen para solicitarle dinero.

Los 17.100 dólares que Brugnoni entregó tenían por fin mejorar la situación procesal de su hijo imputado en una causa por delitos contra la integridad sexual.

Luego en la segunda jornada, Rivarola decidió reconocer la responsabilidad y la pieza probatoria en su contra, pero no hizo alusión a que el fiscal no haya estado involucrado en esos hechos.

Todo esto derivó en que, al día siguiente, tercera jornada del proceso, Viaut hiciera uso de la palabra negando de plano los delitos que se le atribuyen y se amparó que nunca hubo denuncias por hechos de esa naturaleza en su Fiscalía.

Durante su descargo se refirió a las expresiones de la fiscal de Instrucción de Bell Ville Isabel Reyna que dijo haber recibido una llamada del propio funcionario para interiorizarse de la causa del hijo de Víctor Brugnoni, la cual se tramita en la justicia ordinaria. Expresó que nunca la llamó por ningún motivo y desconoce el procedimiento penal cordobés porque siempre trabajó en el fuero federal, ni mantiene contacto con personas de esa competencia.

Testigos

Panero pidió perdón por el daño causado y dijo sentirse arrepentido, casi idénticas palabras expresaron Fattore y Brugnoni con posterioridad. De su declaración no surge el involucramiento de otros empleados de la Fiscalía, los cuales se presentaron como testigos y dijeron desconocer esa clase de maniobras.

Más adelante habló ante el tribunal el querellante Pablo González, quien asume este rol para intervenir en el proceso ya que hizo la denuncia inicial. Ratificó ser integrante de una cooperativa Las Cañitas de El Tío y que Rivarola le solicitó 2,5 millones de pesos para que no quedar involucrados en una causa por presuntas facturas apócrifas. Todo esto coincidió con el testimonio aportado por Juan Domingo Solá que pertenece a la misma entidad.

Asimismo, indicó que ese hombre siempre habló como mano derecha del fiscal y decía ir en su representación y aclaró que por intermedio de Santiago Badino, un conocido suyo, le gestionarían una reunión con el fiscal para tratar el tema.

Badino fue quien luego puso en aviso a al abogado y el contador de la cooperativa que le contaron al querellante que en la Fiscalía les informaron que lo iban a detener a González y ahí fue cuando decidieron que él insinuara que iba a pagarle a Rivarola y Viaut, pero para obtener grabaciones que sustentaran la denuncia.

González nunca pagó nada, pero por su denuncia fue que se comenzó a investigar. Como resultado de sus dichos, surgió el nombre del cooperativista Domingo Benso quien vivió una situación similar.

Benso fue a declarar en calidad de testigo y confirmó que mientras estuvo detenido por una causa de facturas apócrifas a la familia le pidieron 150.000 dólares para que su excarcelación sea inmediata a lo que también se negó. En este sentido, detalló que eso sucedió cuando ya González había denunciado.

Iniciaron los alegatos

La etapa de alegatos continuará esta semana, ya hicieron sus solicitudes de pena la querella y los fiscales, restando así los abogados de los imputados.

En su carácter de querellante Juan B. Alberione, se avocó a solicitar penas en función del delito de concusión agravada. El profesional pidió para Rivarola 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos; en relación a Viaut instó a que el tribunal lo condene a 4 años de prisión efectiva, 6 años de inhabilitación y que se le exija un curso de perspectiva de género.

El alegato de la Fiscalía estuvo a cargo de Carlos Gonella y María Marta Schianni uno por cada delito. Pidieron para Rivarola 3 años de prisión en suspenso, imponer una acción a favor del bien público, una multa económica de 20.000 pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A Viaut solicitaron que se lo condene a 7 años de prisión efectiva, una multa de 51.300 dólares, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que la mitad del dinero secuestrado en la fiscalía (8.900 dólares) sea destinado a las asociaciones civiles La Virgencita de San Francisco y La Amistad de Frontera en partes iguales. En tanto que los $ 869.550 secuestrados en la fiscalía y en la casa de uno de los imputados señalaron que se destine a un club de El Tío.

En el caso de Fattore y Panero pidieron una condena, pero no como partícipes necesarios sino secundarios necesarios debido al tráfico de influencias agravado del que se los acusa. Esto significaría la imposición de seis meses de prisión en calidad de condicional y una multa de $50.000.

Finalmente, a Brugnoni en virtud de la calificación de cohecho activo agravado solicitaron 2 años de prisión de ejecución condicional e imponer una acción a favor del bien público con costas.

Trama delictiva

De acuerdo a la acusación, Rivarola mantuvo una primera reunión con Pablo González de la cooperativa, donde se presentó como miembro de la Fiscalía Federal y se informó sobre la investigación en curso.

Más tarde, a través de una persona en común, hizo llegarle al hombre el monto requerido y al día siguiente mantuvieron una nueva reunión. En un último encuentro Rivarola les exhibió documentación que involucraba al gerente, con la finalidad de persuadirlo para que abonase la suma solicitada.

En el segundo de los hechos, Brugnoni por medio de Fattore y Panero, se contactó con Rivarola y Viaut para solicitarles que ejerciesen las influencias sobre quienes llevaban a cabo la investigación penal en contra de su hijo por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que tramitaba en la Fiscalía de Instrucción y Familia del turno 2 de Bell Ville.

El 26 de agosto de ese año, Viaut se comunicó telefónicamente con Rivarola y lo puso al tanto de la intención de Brugnoni de abonarles la suma de 250 mil dólares, de los cuales gran porcentaje sería repartido entre los dos y presuntamente un porcentaje mejor serían entregados a Panero y Fattore.

Rivarola se encargó de comunicarse mediante una llamada con Brugnoni para coordinar encuentros para establecer la modalidad de pago.

El 21 de septiembre de 2020, Viaut se comunicó telefónicamente con Rivarola y le informó que Panero había realizado gestiones para cobrarle a Brugnoni una parte en función de beneficios parciales; luego le consultó al fiscal el monto que debía cobrarle a Brugnoni, y el fiscal le indicó en código la suma.

De ahí que Panero y Fattore se comunicaron de nuevo con Brugnoni para decirle esa suma y les pagaría el equivalente en dólares, quedando pendiente una entrega mayor en caso de que lograsen obtener la libertad de su hijo.

El 1 de diciembre de 2020, a partir de allanamientos ordenados en la causa, se hallaron en la Fiscalía Federal de San Francisco 843.500 pesos y 8.900 dólares que serían resultado de las gestiones ilícitas realizadas por Viaut y Rivarola, cuyos teléfonos celulares, desde donde coordinaban las cosas también fueron secuestrados.

Para la Fiscalía, Rivarola no operaba sin que Viaut supiera porque éste era quien decidía en qué casos se iban a efectuar los requerimientos ilegales, a quién se le haría, las promesas, les daba instrucciones y se le notificaba cuando se consumaban.

Este proceso ha hecho historia porque es la primera vez que un fiscal federal de Córdoba es sometido a juicio por delitos comunes asociados a la corrupción, algo que se profundizará si hay una condena la semana entrante.