Subsidio, polémica y delitos

Ha adquirido una repercusión notable la decisión del gobierno bonaerense de otorgar un subsidio de hasta 50 mil pesos para desalentar la toma de tierras sin recurrir a las fuerzas de seguridad. De inmediato, la medida abrió una polémica de carácter nacional en medio de las fuertes imágenes que se observaron el jueves por la mañana en el desalojo del predio usurpado en Guernica, ubicado en el Conurbano.

Según se establece en el Boletín Oficial bonaerense, a través del decreto 938/2020, el objetivo es crear un "Programa de Asistencia Crítica y Habitacional", por el cual se asistirá y otorgará fondos a las personas y familias en "extrema vulnerabilidad social", con el fin de atender los problemas habitacionales. El objetivo del programa será "atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional, mejorando las condiciones de habitabilidad para grupos en situación de riesgo social, y la calidad de vida de los mismos". Además, mediante subsidios que pueden llegar hasta los 50 mil pesos, los beneficiarios podrán pagar "gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente", aunque también podrán utilizarlos para "alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad".

Dos principios centrales de la vida en sociedad se unen para generar una situación polémica que arrastra a un debate añejo, a una discusión que debería haber sido zanjada ya desde hace tiempo, pero increíblemente persiste por imperio de determinadas posiciones ideológicas y también por la recurrente ineficiencia de los distintos gobernantes. Por un lado, la necesaria función del Estado en la asistencia de los sectores más desprotegidos. Por el otro, la vigencia de normativas que respetan la propiedad privada y que deberían, a esta altura, estar fuera de cualquier discusión.

En el primer caso, cualquier Estado que cumpla con su función debe atender a los más necesitados. El problema es cómo lo hace, con qué herramientas y bajo qué criterios. Aquí entran a jugar otros condimentos, propios de cuestiones ideológicas que terminan desvirtuando cualquier acción. Históricamente ha sido el método clientelista el que ha predominado para atender a los más vulnerables. La política ha utilizado esa condición incluso hasta para dirimir cuestiones de poder. Lo que se observa en la actualidad es una clara manifestación de ello. Se habló siempre de luchar contra la pobreza pero con estas decisiones solo se generaron más pobres.

Además, en este caso, ingresa con fuerza el segundo principio: la interpretación más extendida del subsidio dispuesto por el gobierno de Buenos Aires es que se otorgará a quienes no usurpen terrenos privados. Esto es, se otorgan 50 mil pesos por mes -una cifra no menor teniendo en cuenta los niveles salariales actuales de la Argentina- para evitar un delito. Porque eso es la toma de terrenos ajenos. Lo que se hace entonces es admitir el fracaso estatal para impedir las delictivas usurpaciones provocadas por grupos violentos, punteros políticos y extorsionadores profesionales.

La repercusión popular de esta medida ha llevado a comparaciones que siempre son odiosas. Se relaciona a este subsidio con los ingresos de trabajadores esenciales como los equipos de salud o los docentes, por caso. Cobran más fuerza por cierto en un tiempo dominado por la anormalidad. Tan inverosímil como la mirada ideológica que desespera ante la restauración de la legalidad ante la usurpación de terrenos a la que asistimos por estos días en este atribulado país.