Submarino: respuestas tardías pero necesarias

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En el encuentro, les expresó su dolor por este episodio y, tras ratificar la "firme intención" del Gobierno de continuar la búsqueda con "la mejor tecnología", anunció que "se fijará una recompensa millonaria para quien encuentre la embarcación". El dato fue confirmado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tras la reunión del Presidente con los familiares en la Casa de Gobierno. Se trató del segundo encuentro que mantuvo con las familias de los marinos. El primero fue el 21 de noviembre, en Mar del Plata, seis días después de que se confirmó la desaparición del submarino.

Transcurridos casi tres meses de la desaparición del submarino, con las dolorosas consecuencias que ha traído aparejada, la promesa presidencial es tan solo una aspirina para los familiares que se resisten -como lo haría cualquier persona que viva una situación similar- a no saber qué ocurrió con sus seres queridos a bordo de la nave de la Armada nacional.

La necesidad de respuestas va mucho más allá del anuncio de una recompensa. Por ello, las miradas ahora se dirigen a la acción de la Justicia que, como casi siempre, tiene tiempos dilatados. Así se agiganta la incertidumbre y prácticamente nada se avanza. Porque los allanamientos realizados en la base naval Mar del Plata, por caso, pretenden, a casi tres meses, conocer datos que ya han sido revelados por el vocero de la Armada en varias ocasiones. Son acciones tardías que no abren optimismo para encontrar respuestas.

Si hubiesen existido actos irregulares o maniobras corruptas, tanto en el contacto con la nave como en las reparaciones efectuadas antes de su zarpada, lógico es pensar que los responsables se podrían haber encargado de "limpiar" toda la documentación comprometedora. Por ello, las declaraciones de la jueza interviniente no sólo son tardías sino también están cargadas de ingenuidad: "Es pertinente registrar las dependencias de la Armada para poder reconstruir las condiciones de navegabilidad con las que salió el submarino y confirmar si realmente presentaba falencias", señaló. Algo que es obvio en cualquier investigación, a la Justicia argentina le llevó casi 90 días entenderlo.

La misma sensación se produciría si no se hubieran registrado anomalías y todo estuviera en orden dentro de los mandos de la Armada. En ese caso, también la remolona acción judicial provoca perjuicios manifiestos a quienes tienen el derecho de no ser juzgados por algo que no cometieron.

El caso del submarino revela las grandes deficiencias que tiene nuestro país en varios aspectos. Es posible que pase mucho tiempo antes de que se conozca qué pasó realmente. Pero el sentimiento de los familiares de los marinos no puede seguir siendo desahuciado a cada paso. Bienvenida la recompensa si ayuda a encontrar algún rastro. Y, aunque tarde, bienvenida la Justicia que no debe cejar en su empeño de encontrar la verdad.