“Siguen aumentando la presión impositiva a la producción en vez de recortar el gasto ineficiente”

La Cámara de Comercio Exterior de San Francisco se sumó a la preocupación manifestada por la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) por las consecuencias que arroja la implementación de resoluciones de la Afip que "impactan severamente" sobre la actividad productiva y comercial.

Esta postura se originó a raíz de las resoluciones emitidas desde la Afip por medio de las cuales Fecacera entiende que se eleva significativamente la presión fiscal al ámbito de la producción.

A través de un documento emitido por la entidad que agrupa a las cámaras de comercio exterior de nuestro país, se indicó que "si bien no se trata de nuevos impuestos, al modificar los regímenes de aplicación incrementa de manera notable la presión fiscal y recaudatoria sobre los privados".

Luego la entidad se refirió al alcance que tiene la Resolución General 5329/2023 por medio de la cual "se incrementa en un 3% adicional la percepción a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza. Por su parte, la Resolución General 5339/2023 del miércoles 29 suspende, para todo el año en curso, el beneficio de solicitar un certificado de exclusión de la percepción de IVA y Ganancias para importaciones que generen saldo a favor de manera permanente".

En este caso, cargaron contra "el perjuicio directo que generan estas percepciones" al "acumular saldos a favor que, en gran parte de los casos, exceden ampliamente lo que se determinará como impuestos".

Consideran que "la dimensión política de estas medidas es que anticipan recaudación para financiar el monumental déficit fiscal nacional. Según especialistas, sólo el efecto de la RG 5339/2023 (ya en vigencia) incrementa en más de un billón de pesos la recaudación de impuestos nacionales, un 10% adicional a la recaudación anual proyectada".

Por todo ello, entendieron que estas medidas "van en sentido contrario a solucionar uno de los mayores problemas macroeconómicos de la Argentina: el déficit fiscal. De esta forma, se continúa en la línea de aumentar la presión tributaria sobre el ámbito productivo en lugar de enfocarse en recortar el gasto ineficiente".

El rechazo de la CCE

La Cámara de Comercio Exterior de San Francisco y la Región (CCE) sumó su postura en el mismo sentido que la expresada desde Fecacera al criticar duramente la posición del gobierno en torno a las medidas tributarias relacionadas con la actividad del comercio exterior.

En este caso, el vicepresidente de la CCE San Francisco y revisor de Cuentas de Fecacera, Fernando Bertorello, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que a través de estas dos medidas "el gobierno busca incrementar la presión fiscal" sobre los exportadores a través de la suspensión de la vigencia de los certificados de anticipo que tenían determinadas empresas que no son otra cosa que dinero de las empresas que tienen saldo a favor y hoy la Afip lo suspende hasta el 31 de diciembre y vencida esa fecha recién podrán reclamar".

"En un contexto inflacionario como el que estamos atravesando, el Estado nos va a devolver la mitad de lo que nos quitó. Esta medida le quita capital de trabajo a las empresas y luego generar más inflación", reclamó el dirigente empresarial quien agregó que este tipo de políticas "son lisa y llanamente una locura".

Luego se quejó de que este tipo de medidas fueron tomadas "de manera inconsulta" y ante "la falta de algún contacto con las cámaras de primer grado que informen cuál es el plan a seguir".

"Se siguen adoptando este tipo de medidas que no son otra cosa más que parches porque el Estado necesita recaudar", sostuvo Bertorello.

Luego comentó que esta situación ocurre "porque el gobierno se quedó sin fondos de reserva para continuar financiando la voracidad de su gasto público". Con estas medidas "se impide el cumplimiento de la seguridad jurídica, generando más inflación y quitándole más herramientas de competitividad a las empresas".

En el ámbito local, el entrevistado advirtió que "el 90 por ciento de las empresas exportadoras se ven afectadas" por estas disposiciones del gobierno nacional, destacando que la única excepción se centra en aquellas empresas que revisten el carácter de mipymes, es decir, aquella micro, pequeña o mediana empresa que realiza, en el país, sus actividades en alguno de estos sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero. La mipyme puede estar integrada por una o varias personas y su categoría se establecen de acuerdo a la actividad declarada, a los montos de las ventas totales anuales o a la cantidad de empleados.

"A lo largo del tiempo se ha probado que este tipo de herramientas no funcionan porque lo único que hacen es generar más incertidumbre y más inflación -siguió Bertorello-. Esto afecta financieramente a las empresas que están programando sus compras porque mientras que antes manejaban determinados costos, a partir de ahora esos números deben duplicarse para poder anticipar un poco más del doble de impuestos para luego reclamarlos".

Desde el sector exportador "siempre decimos que la única alternativa a todo este inconveniente pasa por fomentar la exportación, pero con esta inflación galopante hay empresas que se están quedando fuera del circuito al no poder competir con el resto de los países del mundo ya que otra alternativa pasa por que al gobierno le puedan prestar plata y cada vez son menos los países u organismos que le presten", concluyó.