Santa Fe registra su menor cifra de homicidios en 20 años, con Frontera aún afectada por la violencia

El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que durante el primer cuatrimestre del año se registraron 48 homicidios dolosos, la cifra más baja en dos décadas. Desde la gestión provincial destacaron que la disminución responde a una política sostenida en materia de seguridad.

“Es el resultado de un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”, afirmó la vocera del gobierno, Virginia Coudannes. En ese sentido, también remarcó que en el mismo período de 2023 se habían contabilizado 156 homicidios, lo que marca una fuerte reducción y “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”.

Las estadísticas históricas reflejan que los picos más altos se dieron en 2014, con 172 homicidios, y en 2023. A partir de allí, los registros comenzaron a descender: 84 en 2024 y 80 en 2025, hasta llegar al actual mínimo.

En el desglose territorial, Rosario concentró 31 homicidios en los primeros cuatro meses del año, 19 menos que en igual período de 2025. En tanto, la ciudad de Santa Fe registró 10 casos, ocho menos que el año anterior.

Sin embargo, fuera de los grandes centros urbanos, persisten focos de alta conflictividad. La localidad de Frontera, en el departamento Castellanos y lindante con San Francisco (Córdoba) aparece como uno de los puntos más sensibles. Con poco más de 10.000 habitantes, registró 7 homicidios en 2025 y presenta una de las tasas más elevadas en relación a su población, además de un alto número de búnkers de droga desarticulados.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que en el último año se reforzó la presencia policial en la zona, con mayor despliegue de patrullajes y la intervención de fuerzas como la Policía de Acción Táctica, la Guardia Provincial y la Guardia Rural Los Pumas. También se ampliaron las capacidades del Ministerio Público de la Acusación, con la radicación del fiscal Pedro Machado.

Aunque el último homicidio registrado en Frontera data del 22 de octubre del año pasado, las autoridades advierten que no hay margen para relajar las políticas de seguridad debido a las condiciones estructurales que sostienen el delito.

En ese contexto, en febrero de este año se produjo un hecho que derivó en la muerte de un joven de 20 años tras recibir un disparo en la cabeza. El episodio, ocurrido en el marco de una reunión de adolescentes, es investigado por la Justicia para determinar si se trató de una manipulación imprudente de un arma de fuego. La causa continúa en curso, con distintas medidas probatorias para esclarecer lo sucedido.