Saludable respuesta diplomática uruguaya
Que Uruguay, un país hoy con credenciales democráticas innegables, haya tomado la decisión de negar el asilo político al expresidente de Perú, Alan García, es una sana circunstancia en el marco enrarecido de la política sudamericana.
El gobierno de Uruguay rechazó el pedido
de asilo político que había solicitado días atrás el expresidente de Perú, Alan
García. El conocido y controvertido dirigente peruano se había refugiado en la
embajada oriental en Lima, argumentando que las causas judiciales que se
sustancian en su contra son parte de una persecución política.
Alan García fue dos veces presidente de Perú y tuvo una fulgurante presencia en toda Latinoamérica en los años 80 y 90, para luego caer en la consideración de la ciudadanía peruana en virtud de las innumerables causas judiciales que debe afrontar por presuntos hechos de corrupción. La negativa uruguaya a darle asilo agrava aún más su situación ante los tribunales de su país, en virtud de que -según sostiene el diario El Comercio de Lima- "al haber tratado de asilarse, su voluntad de sustraerse a la acción de la justicia ya no podrá ser considerada una mera especulación y no es inverosímil que, en virtud de ello, se produzca un escalamiento en las medidas de precaución que podría solicitar al respecto la fiscalía".
La noticia del rechazo uruguayo ha causado revuelo en toda la región. Porque deja un antecedente importante en un escenario por el que no sólo está pasando el ex presidente de Perú. Son muchos los gobernantes y ex gobernantes de varios países sudamericanos que tienen procesos en la Justicia y la reacción primera ante estas investigaciones es denunciar que se está frente a persecuciones políticas.
La negativa al asilo de Alan García desbarata casi de forma fulminante esta argumentación. Y lo hace con expresiones cuya contundencia no deja margen para dudas. Se trató de un proceso intachable. El ex mandatario del Perú solicitó asilo en la embajada de Uruguay. Este país le otorgó de inmediato, de acuerdo a normas jurídicas internacionales, el refugio solicitado. Pero también solicitó a la justicia peruana y a los abogados defensores todos los documentos relacionados con las causas en las que está acusado. Luego del análisis efectuado, y en medio de presiones fuertes de organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda, Uruguay consideró que las investigaciones judiciales contra García no constituyen "persecución política", y que se trata de imputaciones vinculadas mayoritariamente con hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de Perú.
Para más, vale recordar que el actual gobierno oriental pertenece al Frente Amplio, organización que se asume progresista y con ideas de izquierda, que desde hace bastante tiempo se transformó en la fuerza mayoritaria de ese país. Por ello, cae por sí sola la afirmación de que la negativa se debe a cuestiones vinculadas con una lucha ideológica propia de otros tiempos, pero todavía esgrimida como modo de explicar la realidad por parte de algunos grupos políticos defensores de las prácticas populistas, entre otros.
Que Uruguay, un país hoy con credenciales democráticas innegables, haya tomado la decisión de negar el asilo político a Alan García es una saludable circunstancia en el marco enrarecido de la política sudamericana.