“¿Sabrán los legisladores cordobeses que el río Dulce, que alimenta Mar Chiquita, se nutre de los glaciares?”

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Ley de Glaciares reactivó el debate en todo el país. Más allá de las discusiones políticas, la iniciativa también generó preocupación en distintos sectores de la sociedad. En San Francisco, una de esas voces es la de Beatriz Casalis, quien manifestó su inquietud a partir de una reflexión publicada en redes sociales.

“¿Sabrán los legisladores cordobeses que el río Dulce, principal tributario de la laguna Mar Chiquita, se nutre de los glaciares cordilleranos?”, planteó en su publicación, abriendo interrogantes sobre las posibles consecuencias de la normativa.
“Especialista no soy, pero soy ciudadana y consciente de las cosas que ocurren y me aflige mucho la aprobación de una ley que retrocede en la protección del ambiente”, señaló Casalis en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

Casalis explicó que, aunque Córdoba no es una provincia cordillerana ni minera, podría verse afectada indirectamente. “Uno ve los mapas de dónde están los glaciares, pero hay algo muy importante: de los glaciares derivan ríos, y algunos son fundamentales para distintas regiones del país”, indicó.

En ese sentido, remarcó: “El río Dulce, que es el principal afluente de la laguna Mar Chiquita, se nutre de glaciares. Entonces estamos hablando de una zona clave para nuestra región”.

Una preocupación que llega a la región

La vecina puso especial énfasis en el valor ambiental del ecosistema. “Es una zona fundamental para el mundo por el intercambio de aves migratorias, por la fauna, por la presencia de flamencos. Privar o contaminar esas aguas sería realmente muy perjudicial para nuestra provincia, para nuestro departamento y para nuestra zona”, advirtió.
También expresó dudas sobre uno de los ejes de la reforma: el mayor poder otorgado a las provincias para definir el uso de los territorios. “Es cierto que las provincias deben ocuparse del suelo y del ambiente, pero el Estado nacional no puede desentenderse. Es quien regula en función de los intereses generales”, sostuvo Casalis.

En esa línea, planteó interrogantes sobre los controles en áreas donde podría avanzar la actividad extractiva. “Por la ambición de generar recursos, entregar concesiones y demás, ¿quién controla que no se contaminen los ríos? ¿Qué va a pasar con la fauna y con las personas que viven en esos lugares?”, se preguntó.

Casalis incluso mencionó experiencias personales para dimensionar su preocupación: “Tuve la oportunidad de viajar por la Puna y ver cómo son esos territorios, muy frágiles. Allí hay poblaciones que dependen de esos recursos. No podemos dejar de pensar en ellos”.

Un debate abierto

Si bien reconoció no ser especialista, insistió en la importancia de la participación ciudadana. “A lo mejor no es una opinión científica, pero es lo que pienso como ciudadana”, afirmó.
La reforma, aprobada por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, introduce cambios en las áreas protegidas, habilita nuevas condiciones para la actividad minera en zonas periglaciares y otorga mayor protagonismo a las provincias, además de establecer evaluaciones de impacto ambiental.

En Córdoba, la votación reflejó posturas divididas entre los diputados nacionales, en línea con un debate que también se replica en la sociedad. El proyecto fue acompañado por legisladores cordobeses como Gabriel Bornoroni, junto a Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce, Laura Rodríguez Machado y Alejandra Torres. En cambio, votaron en contra Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, además de Natalia de la Sota y Gabriela Estévez. Por su parte, Ignacio García Aresca estuvo ausente al momento de la votación.