Retenciones: vuelta atrás que castiga al interior productivo

Desde el pasado 1° de julio, la soja y el maíz vuelven a tributar los derechos de exportación con las alícuotas vigentes antes de la reducción temporal dispuesta en enero. Con esta medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, la provincia perderá alrededor de 420 millones de dólares, lo que representa más de una cuarta parte del impacto nacional estimado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. 

Se trata de una decisión que retrocede en el camino iniciado hacia la recomposición de la competitividad agroindustrial y que despierta un rechazo generalizado entre los productores y gobernadores de la Región Centro. De este modo, se renueva el castigo al interior productivo, tal como lo expresan los números, las voces del sector y el impacto previsible en las economías regionales. nuevamente condicionadas por una política fiscal que demora en modificarse.

“El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”, señalaron los presidentes de las cuatro entidades que conforman la Comisión de Enlace cordobesa. En un comunicado contundente, recordaron que las retenciones no son solo una carga económica: constituyen un impuesto distorsivo y anacrónico que desalienta inversiones, frena el desarrollo tecnológico y debilita el arraigo rural.

En el mismo sentido, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Javier Rotondo, calificó la medida como “un mazazo a la confianza del productor”. “Pasan los gobiernos, pero la receta es siempre la misma”, lamentó, y añadió: “No se ven afectados solo los productores: se ve afectado el interior de la provincia, porque es el círculo de dinero que no tendrán ni la provincia ni los pueblos”. Muchas otras voces se sumaron para cuestionar la medida dispuesta por la Nación. Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe fueron enfáticos en renovar sus críticas por el perjuicio histórico que las retenciones han generado. 

Más aún, todo indica que la rebaja temporal aplicada en enero no implicó pérdida para el Estado: por el contrario, desde entonces, el país acumuló ventas externas de granos y subproductos por más de 15.000 millones de dólares. Se trató de una medida que mejoró la competitividad sin resentir el ingreso de divisas. A pesar de ello, el gobierno optó ahora por el camino más corto y menos sostenible: elevar otra vez las alícuotas de un impuesto que ya ha demostrado su ineficiencia para fomentar el crecimiento y el desarrollo del sector.

El campo, que hoy debe lidiar con precios internacionales inestables, costos internos en dólares muy altos y una estructura impositiva que sigue sin reformarse de raíz y genera una presión fiscal mayúscula, formula un lógico reclamo por el incumplimiento, al menos hasta el momento, del compromiso asumido por el gobierno de la Nación. Se trata de una nueva vuelta atrás que castiga al interior productivo.