Restringidos en las aulas, tolerados en las cárceles

En los últimos tiempos, se ha fortalecido el consenso respecto de la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuela. El objetivo es proteger el proceso educativo, evitar que la atención se disperse, reducir el impacto cognitivo negativo de su utilización sin control o procurar que no se produzcan situaciones que alteren la convivencia. Así también garantizar la mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Sin embargo, el mismo rigor no aparece cuando se trata del uso de los dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias. Por cierto, no en todos los sistemas carcelarios, aunque son varios los que todavía mantienen las autorizaciones. Habilitaciones que podrían haber sido útiles en la época de la pandemia del Covid 19, pero que -a la luz de hechos evidentes- no tienen sentido hoy.

Es que los celulares en las cárceles son estupendas herramientas para cometer delitos. Y también se convierten en vitrinas masivas de una vida carcelaria que, sorprendentemente, es exhibida sin pudores en las redes sociales. Se comprueba de este modo que, en muchos establecimientos, quienes purgan condenas por sus delitos tendrían un modo de vida superior al de muchos argentinos que se esfuerzan día a día y transitan su vida con honestidad inquebrantable.

La restricción en las escuelas es razonable desde el intento de ordenar el proceso educativo porque se ha llegado a conclusiones certeras sobre el impacto de los dispositivos móviles en la vida de los niños y adolescentes, aun cuando , su utilización pedagógica correcta es verificable luego de años de experimentación frente a las nuevas tecnologías. Entonces,  si esto es así en las escuelas, ¿por qué no sucede lo mismo en las cárceles? ¿La sociedad puede ser más estricta con estudiantes que con delincuentes?

Son meras preguntas retóricas. Pero que a la hora del análisis encontraron respuestas en las decisiones que se están tomando en el sistema educativo, pero no ocurre algo similar en numerosos ámbitos carcelarios. En varias provincias persisten los permisos originados en la pandemia para que los reclusos utilicen celulares, pese a que los estrados judiciales están abarrotados de casos en los que los delitos nacieron en las prisiones gracias a la flexibilidad y a la debilidad de los controles penitenciarios. Está claro que no se trata de la necesidad de comunicación que cualquier ser humano tiene, sino que -en estos casos- el móvil es una   herramienta operativa para el delito.

La incongruencia es manifiesta. Las decisiones sobre el celular en la escuela procuran mejorar la formación de las personas. La permisividad en las prisiones favorece el crecimiento de algunos delitos. Llama la atención que la plausible discusión que se da en los ámbitos educativos sobre el tema no se replica -vaya a saberse por cuáles motivos- en los ámbitos penitenciarios. Una sociedad que discute cómo ordenar el uso de la tecnología en las aulas debería ser capaz, al menos, de impedir que esa misma tecnología se convierta en una herramienta para delinquir desde la cárcel.