Repensar la relación entre delito y droga

Una reciente publicación de nuestro colega Puntal de Río Cuarto da cuenta de que, de acuerdo con datos judiciales y policiales de Córdoba, nueve de cada diez delitos que llegan a los juzgados provinciales guardan relación con el consumo de drogas.

La afirmación puede sonar, en principio, exagerada. No obstante, al analizar los aspectos que asoman en la problemática de la inseguridad, esa proporción se acerca peligrosamente a la realidad. Sin embargo, la noticia señala que, en esas causas judiciales, hay registros de jóvenes delincuentes que son adictos a distintas sustancias. Los estudios confirman también una “relación directa” entre delincuencia y droga y ratifican que “bajó la edad” de inicio en el consumo.

Tramas sociales complejas, donde la vulnerabilidad, la exclusión y la falta de oportunidades se combinan con la expansión del consumo de sustancias psicoactivas, son elementos que permiten suponer la existencia de aquella relación entre delito y droga, especialmente entre adolescentes. El delito y el consumo son manifestaciones distintas de una misma fragilidad social. Son los síntomas de un entramado que involucra pobreza estructural, deterioro educativo, ausencia de redes comunitarias, más allá de políticas de salud mental y adicciones que deben ser sostenidas en el tiempo.

En nuestra provincia, el crecimiento de las causas judiciales que involucran adolescentes y el reconocimiento de que la mayoría de ellos había consumido drogas antes de delinquir constituyen señales de alarma. Sabido es que las drogas actúan como catalizadores, pues multiplican los riesgos, disminuyen la percepción del daño y disuelven los límites de la convivencia.

En el caso del departamento San Justo, la tasa delictiva es menor al promedio provincial. Pero la experiencia indica que el problema está presente. La droga aparece en detenciones juveniles y en habituales procedimientos y condenas por narcomenudeo. Lo que falta es un sistema de información que permita comprender con precisión la dimensión del fenómeno en una comunidad. El reto para las autoridades es llenar esos vacíos de información, no quedarse en percepciones.  Porque sin datos concretos, imposible se torna hacer análisis y diseñar estrategias efectivas para adaptar las respuestas a lo que verdaderamente sucede en cada comunidad.

Pese a la difusión de numerosas políticas públicas que combinan prevención, tratamiento y reinserción, parece ser impenetrable el vínculo entre delito y droga. Porque es síntoma de una crisis social profunda. Es decir que, si en nueve de cada diez delitos la droga está presente de alguna manera, todavía no se ha conseguido atenuar la incidencia de las adicciones, así como resta mucho por hacer para frenar la venta ilegal de sustancias.

Actuar sobre ese terreno -con firmeza y, al mismo tiempo, con humanidad y sensibilidad- es el único modo de romper el círculo que une la droga con el delito y, sobre todo, de proteger el futuro de quienes aún pueden salir de él.