Reformar sin desmantelar

Bajo la metáfora de la “motosierra”, el gobierno nacional impulsa la racionalización y, en otros casos, directamente la eliminación de varios organismos estatales. En este marco, se aguardan definiciones, en el centro de uno de los debates se halla el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

La intención de ajustar la estructura del Inta responde, según se ha afirmado, a la premisa de mantener y profundizar la eficiencia y reducción del gasto público, pero la preocupación expresada por el gobernador de nuestra provincia, Martín Llaryora, y por las entidades agropecuarias de la región abre la puerta a la necesidad de una discusión sobre la necesidad de mantener las reformas pero sin desmantelar a un organismo que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la producción agropecuaria nacional.

El Inta ha sido, desde su creación en 1956, un pilar fundamental para el campo. Su labor en investigación, extensión y transferencia de tecnología ha permitido avances significativos en productividad, sustentabilidad y competitividad. Esta característica es reconocida más allá de las fronteras agrarias. Aunque, por cierto, son las entidades y los productores quienes conocen sobradamente los beneficios de su actividad. Por ello, no sorprende que las voces representativas del ámbito rural adviertan sobre los perjuicios que podría acarrear una reforma que afecte su autonomía y estructura territorial.

El gobernador Llaryora fue enfático en su defensa del Inta, señalando que su cierre o debilitamiento representaría un golpe al desarrollo productivo del campo. En un mensaje reciente, destacó que el instituto no solo es clave para la innovación agropecuaria, sino que su impacto se extiende a la vida cotidiana de los argentinos, desde la producción de alimentos hasta la generación de conocimiento aplicado. Al mismo tiempo, la Mesa de Enlace ha expresado su preocupación por la posible eliminación de áreas clave, como la extensión rural, que permite el vínculo directo con los productores y las comunidades.

En este contexto, si bien es legítimo que la Nación disponga medidas para revisar y corregir posibles desajustes administrativos en el Inta, no puede suceder que la racionalización anunciada determine la pérdida de una referencia científica y técnica que ha sido fundamental para el crecimiento del agro argentino. La modernización del organismo puede lograrse mediante alianzas estratégicas con el sector privado, optimización de recursos y fortalecimiento de su vínculo con el entramado productivo y académico, sin necesidad de desarticular su estructura operativa.

El verdadero desafío pasa, entonces, por encontrar equilibrio entre la administración adecuada de los recursos y la preservación de las actividades que han otorgado prestigio al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es necesario entender que su reforma debe servir para potenciar su rol clave en el desarrollo agropecuario, no para debilitarlo. En ese contexto, el llamado de las entidades agropecuarias y del gobernador de Córdoba deberían ser el puntapié inicial de un diálogo serio entre la Nación, las provincias y el sector agropecuario sobre el futuro de un organismo cuyo aporte supera con creces las urgencias de cualquier coyuntura económica o financiera.