Reelecciones: solo interesan a los afectados

Varios intendentes y jefes comunales del departamento Río Cuarto se reunieron hace poco en la localidad de Holmberg. Según los medios periodísticos de aquella región del sur cordobés, los funcionarios trataron la limitación que les impone la legislación vigente en la provincia, establecida por la ley 10.406, Código Electoral, para acceder a un nuevo mandato.

De acuerdo a lo que se ha difundido, la propuesta de los jefes comunales, pertenecientes a distintas fuerzas políticas, es que la Justicia haga una reinterpretación de la norma vigente "y se les otorgue la posibilidad de un mandato más al frente de sus municipios". Vale recordar que la citada norma legal prohíbe la re-reelección de los jefes comunales luego de que hayan completado dos períodos de gobierno. En efecto, el artículo 4° de la Ley Provincial N° 10.406 modifica el artículo 39 de la Ley N° 8.102 -Orgánica Municipal- y establece que un intendente dura cuatro años en sus funciones y puede ser reelegido en forma consecutiva por un solo período. Si ha sido reelecto, puede ser nuevamente candidato, mediando un intervalo mínimo de un período.

El tema viene preocupando a numerosos intendentes no solo del departamento Río Cuarto. Son casi 300 los jefes comunales que no podrán presentarse a la reelección el año próximo si no se modifica o se reinterpreta el artículo citado. La presión que están ejerciendo sobre los legisladores no distingue color partidario y es posible que siga forjando discusiones políticas, muchas por lo bajo y algunas pocas de elevado tono. Es que la cuestión lejos está de ser una de las preocupaciones de la ciudadanía cordobesa y ningún dirigente "no afectado" por esta normativa estaría en condiciones de abordar el asunto. Es que los costos políticos se miden siempre antes de adoptar decisiones.

Es manifiesta la contradicción de los jefes comunales que reclaman la reinterpretación de la ley para aspirar un nuevo período al frente de sus gobiernos locales. Mientras son enfáticos al sostener que no tienen ninguna intención de perpetuarse en sus cargos, reclaman que se los vuelva a habilitar porque, de otro modo, estarían impedidos de ir por otra reelección y que se privaría a los vecinos de la posibilidad de definir a través del voto a sus gobernantes.

Precisamente, el espíritu de la ley aprobada en diciembre de 2016 ha sido el de desactivar los "mandatos eternos" de numerosos intendentes. Esta práctica conspira, sin ninguna duda, contra los más básicos principios de la democracia. Además, es una falacia que la medida restrinja la capacidad de elección de la ciudadanía en los Estados locales.

Teniendo en cuenta que el tema solo reviste trascendencia para quienes lo impulsan, suena atinado que desde algunas fuentes del gobierno provincial se haya señalado que la cuestión no figura en agenda. En verdad no es una prioridad. Ni siquiera debería ser motivo de discusión. Sin embargo, de modo frecuente, cuando la política se hace endogámica y discute asuntos que, a esta altura de nuestra democracia, tendrían que estar definitivamente resueltos, es capaz de emanar tufillos poco transparentes que solo son motivo de discusión entre quienes privilegian intereses personales o sectoriales por sobre los de toda la población.