Cortes del Suoem: Quinteros reclama una ley “antipiquetes” en Córdoba

Un día después de que el Suoem cortara durante la mañana del martes la avenida General Paz, una de las principales arterias del centro cordobés, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, lanzó duras críticas a la Justicia y reiteró su pedido de una ley que regule las manifestaciones en la vía pública.

El episodio que motivó su reacción fue el reciente fallo de la Cámara de Acusación que, en abril, sobreseyó a seis dirigentes del Polo Obrero acusados de interrumpir el tránsito durante una protesta en ese mismo cruce céntrico en abril de 2023. El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, consideró entonces que se trató de una “restricción tolerable” al tránsito y subrayó la ausencia de una legislación clara sobre los límites de la acción policial en manifestaciones.

Para Quinteros, esta decisión judicial dejó a las fuerzas de seguridad en una posición de debilidad operativa. “La Cámara de Acusación dejó claro cuál era su posición respecto a las marchas. Sobreseyó a las personas imputadas, planteó qué era una restricción tolerable de la circulación y también le marcó a la Policía cómo tiene que accionar, lo que la dejó en un marco de incertidumbre jurídica que debe ser zanjado”, afirmó el ministro en declaraciones a Cadena 3.

En ese marco, el funcionario pidió con énfasis una legislación que establezca un marco legal para las protestas. “Creo que hay que ponerle una ley antipiquete que deje absolutamente reglamentado el derecho a protestar. Porque el derecho a la protesta es constitucional, pero por arriba de ese derecho está el de la gran mayoría que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y vivir con normalidad”, señaló.

El conflicto se reavivó con la protesta del gremio municipal Suoem, que el martes pasado bloqueó el cruce de las avenidas Colón y General Paz, en rechazo a políticas del intendente Daniel Passerini. Esta manifestación volvió a poner en discusión el alcance del protocolo antipiquetes anunciado por el Gobierno provincial.

Quinteros expresó su preocupación por la falta de herramientas legales claras para fiscales y policías. “Imagine a aquel policía que intervino en esa acción (la del Polo Obrero), y al fiscal que decidió la imputación: ¿en qué posición quedan cuando tienen que volver a actuar en situaciones similares?”, planteó. Y sumó: “La pregunta que me hago, y que nos hacemos todos, es qué consideramos ‘tolerable’. Lo del martes, ¿fue tolerable o no? ¿Por una hora? ¿Por algunos minutos?”

En sus declaraciones, el ministro insistió en que la Policía no actúa por cuenta propia: “Ante una marcha, la Policía da aviso al fiscal de turno y es él quien determina qué hacer. Pero no podemos seguir con un protocolo del aire. Tenemos que debatir en serio una ley antipiquete”.

Quinteros también describió la seguridad como “una mesa de tres patas”, que requiere coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Hoy ese marco no existe. Queda todo a la discrecionalidad. Cuando el fiscal le dice al policía: ‘Déjenlos marchar’, ¿qué hace el policía? ¿Los detiene?”, cuestionó.

Pese al panorama que describió, el ministro aseguró que las fuerzas de seguridad intervendrán cuando lo consideren necesario. “Ante una situación flagrante, nuestra Policía va a actuar. Dentro del marco de la ley. Lo que no podemos permitir es que estas protestas, que no lo digo yo, tienen como objetivo hacer un ‘quilombazo’, molesten la vida a cientos de miles de personas”, dijo.

Y lanzó una advertencia final: “Si no hay leyes claras y no hay respaldo judicial, los que van a terminar imputados van a ser los policías. Y no sé si habrá una Cámara que los sobresea”.

San Francisco: tensión gremial y ajuste municipal

Mientras tanto, en San Francisco, el conflicto con el Suoem también sigue escalando. El sindicato mantiene asambleas de dos horas por turno y rechaza las medidas anunciadas por el intendente Damián Bernarte, que incluyen la fusión de secretarías, la reducción del 30% de los cargos políticos y el congelamiento de los sueldos de funcionarios por al menos 120 días.

“Sabemos que estas medidas pueden afectar los ingresos de trabajadores municipales, pero es nuestra responsabilidad evitar problemas mayores mañana”, justificó Bernarte al anunciar el paquete de ajustes.

La respuesta gremial fue inmediata. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario general del Suoem, Víctor Lescano, fue categórico: “Nosotros ya planteamos que el ajuste que él tenga que hacer no es responsabilidad nuestra. Si hay un déficit dentro de la municipalidad, esto no es un problema de los que ponen el lomo”.

Lescano también cuestionó duramente la gestión local: “Si una municipalidad hoy está con un déficit de 350 millones de pesos, es porque hay mala administración y un desorden. Esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo”.