Qué impacto tendrá en el municipio la reforma del Banco Central que anunció Milei

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el presidente Javier Milei enviará al Congreso abre un nuevo escenario para las finanzas públicas. Entre sus principales cambios, el proyecto busca reforzar la independencia del organismo, impedir el financiamiento del déficit mediante emisión monetaria y limitar la asistencia financiera al Estado, incluyendo provincias y municipios.

En ese contexto, surgen interrogantes sobre cómo podría modificarse el acceso de las administraciones locales al financiamiento y qué margen tendrán para afrontar inversiones, obras o necesidades de corto plazo. "Lo anunciado es la 'letra grande'; ahora hay que esperar la 'letra chica'", señaló a LA VOZ DE SAN JUSTO el secretario de Economía de la Municipalidad de San Francisco, Juan Carlos Sola, quien remarcó que solo cuando se conozca la reglamentación será posible determinar qué herramientas seguirán disponibles y cuál será el impacto real de la reforma sobre la economía municipal.

-          ¿Cuál es su primera lectura del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?

Lo anunciado es lo que podríamos denominar “la letra grande” o los lineamientos generales. Ahora hay que aguardar la “letra chica”, es decir, la reglamentación, para conocer con exactitud sus alcances. Actualmente existen normas del propio Banco Central que regulan las formas mediante las cuales los municipios podemos acceder al endeudamiento. Por eso, necesitamos saber si esas disposiciones continuarán vigentes, serán eliminadas o tendrán modificaciones. Recién a partir de allí podremos evaluar el impacto real que la reforma podría tener sobre la economía municipal.

-          ¿Y cómo cree que puede impactar en la relación financiera entre Nación, provincias y municipios?

En primer lugar, entiendo que antes de hablar del impacto deberíamos considerar lo expresado por el Gobierno Nacional respecto de que cuenta con superávit fiscal. Podríamos decir que se trata de una verdad a medias, porque existen impuestos y compromisos asumidos mediante normas y/o el Presupuesto Nacional que no se están cumpliendo. Por ejemplo, dentro de lo que percibe la Nación a través de los impuestos a los combustibles existe una parte destinada al mantenimiento de las rutas nacionales. Sin embargo, ante la falta de ejecución de esos trabajos por parte de la Nación, las provincias, velando por la seguridad de la población, deben solicitar las autorizaciones necesarias para realizarlos con fondos provinciales.

-          Si Nación reduce sus mecanismos de financiamiento, ¿podría aumentar la presión sobre las provincias y, en consecuencia, sobre los municipios?

Entiendo que, si trabajamos con eficiencia y con las cuentas equilibradas, no deberíamos hablar necesariamente de una mayor presión, sino de aplicar de manera eficiente las normativas existentes. Tanto en la provincia de Córdoba como en la Municipalidad de San Francisco, el equilibrio fiscal no es un tema de los últimos tiempos. Hace muchos años que se trabaja de esta manera, administrando los recursos con responsabilidad y respetando el equilibrio de las cuentas públicas.

- ¿Cómo está hoy la situación financiera del municipio que usted administra? ¿Tiene margen para tomar deuda?

En el caso de la Municipalidad de San Francisco, estamos trabajando con un equilibrio financiero total. No se trata solamente de una definición, sino de una situación que se refleja en la gestión cotidiana. No hemos detenido ninguna de las obras que fueron planificadas y anunciadas oportunamente por el intendente. Esto demuestra la importancia de sostener cuentas ordenadas y una administración responsable de los recursos municipales.

- ¿Los municipios deberían empezar a depender menos de transferencias y fortalecer sus propios recursos?

En nuestro caso, por instrucciones muy precisas de Damián Bernarte —situación similar a las instrucciones recibidas durante mi gestión anterior y a la política mantenida por los distintos intendentes que tuvo San Francisco prácticamente durante los últimos 18 años—, se trabaja bajo un principio de equilibrio fiscal. Esa continuidad en la administración responsable de los recursos es la que hoy nos permite mantener el nivel de las obras iniciadas y, al mismo tiempo, brindar, a través de la Secretaría de Salud asistencia médica y, en la mayoría de los casos, también la provisión de medicamentos a aquellas personas que, debido a la situación económica que atraviesa el país, no pueden afrontar un coseguro cuando requieren atención médica en el sector privado, ya sea para ellas o para sus familiares. También se brinda atención a quienes no cuentan con cobertura de obra social. Esa demanda es sostenida tanto por la Salud Municipal como por la atención que brinda el hospital provincial Iturraspe.

- Prohibición de financiar al Estado con emisión. La iniciativa plantea impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario. El Gobierno sostiene que esa herramienta fue utilizada durante décadas para cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria y que su eliminación busca evitar que vuelva a repetirse ese mecanismo.

Respecto de la emisión, el presidente Javier Milei ha manifestado que no desea financiar al Estado mediante este mecanismo. En este punto, debemos tener presente que el único que puede emitir moneda de curso legal es el Estado Nacional.

- ¿Qué cambia concretamente para un municipio si el Banco Central deja de poder asistir financieramente al sector público? ¿Los municipios dependen hoy, directa o indirectamente, de herramientas financieras vinculadas al BCRA?

Actualmente, las normas del Banco Central contemplan distintas modalidades de financiamiento a las que pueden acceder los municipios dentro del sistema financiero. Por ejemplo, existen herramientas destinadas a la adquisición de bienes de capital que cuenten con garantía prendaria, operaciones de locación financiera —leasing— y/o mecanismos vinculados con la cesión de fondos provenientes de la coparticipación. También existen fondos por plazos muy cortos destinados al pago de salarios, con condiciones y penalidades establecidas. Si esas condiciones no se cumplen estrictamente, durante determinado período no se puede acceder nuevamente a asistencia financiera destinada al pago de haberes. Por eso será importante conocer la reglamentación definitiva de la reforma para determinar concretamente qué herramientas continuarán disponibles y bajo qué condiciones.

- En este nuevo escenario, ¿hoy les conviene a los municipios endeudarse para comprar bienes de capital, maquinaria, vehículos o financiar obras? ¿En qué casos considera razonable que un municipio tome deuda y en cuáles sería un riesgo?

Es un análisis que debe realizarse de acuerdo con cada momento y cada situación. Hay que determinar si resulta conveniente endeudarse o utilizar fondos propios para la adquisición de bienes de capital. En ese sentido, el análisis no difiere demasiado del que realizan las empresas del sector privado. Frente a una necesidad de adquisición, debemos solicitar información a las distintas entidades y evaluar todas las alternativas disponibles. Una vez que contamos con esos datos, debemos buscar la opción que represente el mayor beneficio para las arcas municipales.

A pesar de que actualmente los índices inflacionarios son reducidos, si tuviéramos que adquirir, por ejemplo, un camión necesario para la prestación de servicios, muchas veces la compra debe concretarse con cierta premura. Esa situación puede hacer que no dispongamos del tiempo suficiente para reunir la totalidad de los fondos propios necesarios para la adquisición. En esos casos, puede resultar necesario recurrir al endeudamiento. La decisión, de todos modos, debe analizarse en función de la necesidad, las condiciones financieras existentes y, fundamentalmente, la capacidad del municipio para afrontar ese compromiso sin alterar el equilibrio de sus cuentas.

- ¿Es preferible comprar un bien de capital al contado con recursos propios o financiarlo a varios años si la tasa de interés es razonable?

Si pregonamos que trabajamos con eficiencia, primero debemos analizar la posibilidad de contar con recursos propios. Luego, antes de tomar una decisión, tenemos que evaluar qué ofrece tanto el mercado proveedor de bienes como el mercado financiero. Con toda esa información en nuestras manos, debemos definir cuál es el camino más conveniente para el municipio. El objetivo debe ser siempre utilizar los recursos públicos de la manera más eficiente posible y sin comprometer el equilibrio fiscal.

- Si mañana la municipalidad necesita comprar diez camiones o financiar una obra importante, ¿de dónde debería salir el financiamiento?

No es una pregunta que pueda responderse de manera absoluta, porque dependerá de las condiciones existentes en ese momento y de la necesidad concreta. Tratándose de bienes de capital, podríamos recurrir al sistema financiero o establecer un esquema mixto entre fondos propios y financiamiento. Lo importante es analizar previamente las alternativas y elegir aquella que resulte más conveniente sin poner en riesgo el equilibrio financiero municipal.

- ¿Qué indicadores miran antes de decidir tomar deuda?

Tasa, inflación esperada, ingresos futuros, coparticipación, capacidad de repago… son, en principio, los que debemos tener en cuenta. Pero además es fundamental negociar adecuadamente con los proveedores y, sobre todo, cumplir con los plazos de pago que asumimos. No corresponde hablar de un pago inmediato cuando sabemos que, por distintas situaciones, existe un período necesario para completar los procedimientos propios de la administración pública. Esa burocracia tampoco debe servirnos como excusa para ganar tiempo: tenemos que trabajar para que esos procesos sean cada vez más eficientes.

A veces se sostiene que el análisis que realiza el sector privado es completamente diferente del que debe hacer el sector público. Sin embargo, cuando se pretende administrar con eficiencia y equilibrio fiscal, existen muchas semejanzas. No digo que sean iguales, pero sí que hay criterios de administración que son comparables. En definitiva, cualquier decisión de financiamiento debe partir de una premisa básica: conocer la capacidad real de repago, evaluar las condiciones disponibles y preservar el equilibrio de las cuentas municipales.