Análisis
Protección a la discapacidad
Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social. El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal: una verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad.
Hace algunas semanas, este medio dio a conocer la crítica situación que atraviesa el Centro de Día de Apadim, en virtud de los recortes económicos que obstaculizan la normal prestación de servicios destinados a las personas discapacitadas. Esa nota tuvo amplia repercusión en diversos ámbitos, ya que visibilizó una problemática sistemáticamente desatendida por los poderes públicos.
Lo que se planteó en aquella nota periodística es un claro ejemplo de la profunda brecha que separa el discurso de la realidad concreta en materia de protección a la discapacidad. La preocupación no es solo de una institución, sino que atraviesa a todo el conjunto de actores involucrados en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad: prestadores de servicios, transportistas, terapeutas, docentes, familias, entre otros.
Durante la semana pasada, se sucedieron paros y movilizaciones por parte de trabajadores del sector, quienes reclamaron la urgente actualización de los aranceles por prestaciones y el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma. Estas deficiencias operativas y presupuestarias comprometen gravemente la calidad de vida de miles de personas que dependen de estos servicios para ejercer derechos básicos y llevar una vida digna.
Es verdad que, durante gestiones anteriores, la distancia entre el relato oficial y la realidad se profundizó hasta niveles dramáticos. Mientras se publicitaban políticas de inclusión y asistencia, se administraban de forma irresponsable recursos públicos que eran entregados sin los controles necesarios. Este manejo imprudente, rayano con la corrupción, derivó en abusos que, en algunos casos, alcanzaron niveles grotescos, y que justificaban una auditoría rigurosa.
Sin embargo, el necesario ordenamiento de ese escenario marcado por el despilfarro no puede traducirse en la parálisis del sistema. En este punto, resulta inquietante la pasividad y el silencio de los distintos niveles del Estado que tienen vinculación con esta problemática, incluso cuando sectores de la oposición -los mismos que fueron responsables del descontrol anterior- impulsan ahora una ley de emergencia para el sector de la discapacidad.
En este contexto, las protestas de la semana pasada están plenamente justificadas. La angustia frente a la demora crónica en los pagos y la congelación de los valores de las prestaciones es real y tangible. Las familias viven con desesperación la imposibilidad de garantizar condiciones de vida dignas para sus seres queridos.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas difundió las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. Son un conjunto de recomendaciones a los Estados para garantizar los derechos de los discapacitados y favorecer su integración en las distintas sociedades. Tanto los excesos demagógicos del pasado reciente como la actual parálisis administrativa constituyen dos caras de una misma moneda: ambas situaciones vacían de contenido esas directrices internacionales y las múltiples leyes nacionales que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
La vulneración de sus derechos, así como de quienes trabajan en su atención es un hecho social de gravedad. Atenta contra el tejido comunitario, erosiona el sentido de justicia y debilita los principios de convivencia. Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social. El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal: una verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad.
