Prevenir el abuso sexual infantil: una tarea que nos involucra a todos

Por Virginia Panero y Nicolás Casas

El 19 de noviembre se estableció a nivel internacional como un día de reflexión y compromiso que busca visibilizar una realidad dolorosa que afecta cotidianamente a niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. En esta fecha, reforzamos la importancia de trabajar en prevención y concientización acerca de una forma de violencia que debe ser difundida y abordada en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño.

El abuso sexual infantil comprende toda conducta que involucre una actividad sexual con niñas, niños o adolescentes que no pueden brindar un consentimiento libre, pleno o informado. Se produce dentro de una relación desigual de poder, implica manipulación, silencio impuesto y daño profundo, muchas veces invisible.

En términos legales, una persona de 13 años no puede dar nunca consentimiento válido para ningún tipo de contacto de índole sexual, porque se considera que no tiene la madurez ni desarrollo suficiente para tales fines, todas las acciones de connotación sexual realizadas a niñas y niños menores de 13 años son consideradas abusivas.

Cuando la víctima es mayor de13, deben darse algunas circunstancias para que haya delito, tales como la violencia, amenaza o la diferencia etaria, aquellas en las que la persona no haya podido consentir libremente la acción.

A partir de los 16 años, las relaciones consentidas no son delitos, solamente habrá delito si existe violencia o por cualquier circunstancia donde el adolescente no haya podido prestar su consentimiento libremente.

Las acciones abusivas no necesariamente implican contacto físico. Pueden ser comentarios sexualizados, exhibición de genitales, exhibición de material pornográfico, inducción a que la persona se desnude o masturbe. Pueden implicar contacto sexual sin penetración, pueden ser tocamientos en las partes íntimas, inducción a tocamientos al agresor.

Las estadísticas son alarmantes: 6 de cada 10 casos ocurren dentro del ámbito familiar, es decir, son cometidos por algún pariente del NNyA, y 4 de cada 10 víctimas conviven con su agresor.

En cuanto al género, el 86% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, y el 15% son varones, según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Señales de alerta

Reconocer los indicios a tiempo es clave. Ningún signo aislado prueba un abuso, pero varios juntos deben encender la alarma. Los especialistas los agrupan en tres planos: conductuales, emocionales y físicos.

En lo conductual, pueden observarse evasión ante ciertas personas, miedos nuevos o regresiones, cambios bruscos de humor, conocimientos sexuales inapropiados para la edad o sobresaltos ante el contacto físico.

En lo emocional, tristeza persistente, ansiedad, culpa, vergüenza, frases o dibujos alusivos a secretos o sexualidad, caída del rendimiento escolar o dependencia extrema hacia adultos.

Y en lo físico, dolor al caminar o sentarse, ropa interior dañada o manchada, infecciones recurrentes sin causa médica, embarazos o enfermedades de transmisión sexual, o quejas difusas de dolor corporal.

Qué hacer ante una sospecha

Ante una posible situación de abuso, es fundamental escuchar sin presionar y contener sin interrogar. Se debe registrar lo que el niño o niña dice, con fecha y contexto, sin prometer secreto, explicándole que hay adultos que deben saberlo para protegerlo.

La escuela sigue siendo un espacio clave: fuera del entorno familiar, muchas veces es el lugar donde las infancias encuentran la confianza para hablar.

La denuncia debe realizarse de inmediato, puede hacerse en la Unidad Judicial o directamente en Fiscalía y debe realizarse sin perjuicio del tiempo transcurrido desde el hecho.

En este sentido, resultan fundamentales dos reformas legislativas:

Ley 27.206 (2015): modificó el artículo 67 del Código Penal, ampliando los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores. Antes de la reforma el delito comenzaba a prescribir a partir de cuando la víctima cumpliera la mayoría de edad, es decir, 18 años. Luego de la reforma, el plazo de prescripción se suspende hasta que la víctima realice la denuncia de los hechos. Por lo que se amplió el número de casos denunciados por víctimas que ya eran adultos.

Ley 27.455 (2018): modificó el artículo 72 del Código Penal, transformando el abuso sexual infantil en delito de acción pública. Esto significa que los fiscales pueden investigar de oficio, sin necesidad de que la víctima o su familia inicien la denuncia.

Prevenir es una tarea colectiva

La prevención requiere acciones sostenidas y coordinadas entre familia, sociedad y Estado. En el seno de la familia, se construye el primer entorno de confianza, donde las infancias aprenden que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir “no”, y que nadie puede imponer silencio bajo la excusa del amor o del secreto familiar. En la sociedad, cada colegio, club u organización que trabaje con niñas, niños y adolescentes debe contar con protocolos claros, personal capacitado y una aplicación real de la Educación Sexual Integral (ESI), herramienta fundamental para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de abuso. En cuanto al Estado, no hay excusas posibles. Aunque el marco jurídico es claro, las respuestas muchas veces se limitan a charlas esporádicas, campañas de ocasión o capacitaciones superficiales. Se necesita formación sistemática, recursos reales, protocolos evaluables y seguimiento efectivo. Solo así las normas se transformarán en protección concreta.

Actualmente, solo 15 de las 24 jurisdicciones del país cuentan con protocolos o guías de intervención ante violencia sexual infantil, y muchos de ellos requieren actualización para alinearse con los avances jurídicos y las perspectivas actuales.

El abuso sexual infantil es un flagelo silencioso que puede afectar a cualquier niña, niño o adolescente de nuestro entorno. Lamentablemente, nadie está completamente a salvo de los riesgos que implica.

Desde nuestro lugar, y habiendo intervenido en diversas causas penales en las que NNyA han sido víctimas de abuso sexual, bregamos por un compromiso estatal y social más profundo, con el objeto de concientizar y en definitiva, lograr eficacia en materia preventiva, porque cuando nos enteramos de una situación de abuso sexual en contra de un NNA, que se encuentra tramitando en sede penal, siempre nos queda y nos quedará la amarga y angustiante sensación de que se llegó tarde, el Estado, los organismos, la sociedad toda en general, llegaron tarde.

Tarde porque la invasión y el avasallamiento a la integridad psicofísica del niño ya se habrá consumado, porque los daños psíquicos, morales, al proyecto de vida, también quedarán consolidados. Luego de la denuncia y mientras se encuentre en curso la investigación penal, comienza un largo camino de acompañamiento y reparación, trabajo interdisciplinario, que, por más comprometido que sea, no puede borrar del todo las secuelas, y los daños que generan estos lamentables hechos. Lo ha expresado el Comité de los Derechos del Niño: el maltrato infantil, en cualquiera de sus formas, deja efectos duraderos que atraviesan la niñez, la adolescencia y la vida adulta.

Por eso, como sociedad debemos ocuparnos, no solo reaccionar. Promover charlas, debates, espacios de formación y visibilización. Aprovechar la legislación vigente y fortalecer los organismos de niñez. Para un abordaje verdaderamente serio, es indispensable una capacitación integral e interdisciplinaria, continua y actualizada, que alcance a todos los actores que trabajan en el sistema de protección de derechos. Actualmente sólo existen cursos o talleres que no se sostienen en el tiempo, no se actualizan y no se destinan a todos los actores que trabajan a diario en temáticas de derechos de NNA.

Hay mucho por hacer, mucho por visibilizar. Esperamos que pronto la niñez y el sistema de protección integral, ocupen un lugar de privilegio en la agenda pública y política.

(*) Abogados (MP. 5-977 y MP. 5-702)