Política, justicia, gobierno y transparencia
Las denuncias contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia y el acuerdo entre el gobierno y una empresa propiedad del padre del presidente de la Nación para condonar una deuda, son dos hechos que no fueron explicados de manera correcta.
En las últimas semanas algunos hechos puntuales han comenzado a generar corrientes de opinión acerca de que el actual gobierno nacional no genera hechos que coincidan con el discurso inicial de que la transparencia en la gestión era una de las prioridades.
Incluso ciudadanos que reconocen el cambio de clima político y algunos aciertos que ha tenido a lo largo de los 14 meses transcurridos se están manifestando de manera crítica respecto a asuntos que no quedan aclarados de inmediato y que, como siempre ocurre, comienzan a formar parte de la batalla política. Mucho más en un año electoral como el que ha comenzado a despertar.
Dos ejemplos son muestra palpable de esta situación. Por un lado, las denuncias contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia en el sentido de que habría recibido fondos de una empresa brasileña involucrada en el escándalo denominado Lava Jato en sus cuentas bancarias. El otro, más reciente, ha sido la polémica disparada luego de un acuerdo entre el gobierno y una empresa propiedad del padre del presidente de la Nación para condonar una deuda que mantenía la firma que fue concesionaria del Correo Argentino años atrás.
En ninguno de los dos casos, las explicaciones fueron totalmente satisfactorias. El titular de la AFI no brindó demasiadas precisiones públicas aun cuando se allanó a la investigación judicial. Las dudas también aparecieron en la negociación con la empresa de la familia del presidente cuando una fiscal -que no pertenece al colectivo kirchnerista denominado Justicia Legítima y por ello no puede intuirse alguna otra intención que la meramente judicial- consideró que que el posible acuerdo sería "abusivo", ya que, en la práctica, implicaría "una condonación de la deuda" por más de $ 4277 millones. Si bien asoman cuestiones muy técnicas en la discusión, tampoco aquí el gobierno nacional aclaró de manera conveniente las cosas.
Los dos procesos son aprovechados por los ex funcionarios de la administración anterior -investigada judicialmente por certeras sospechas de corrupción en múltiples hechos- para arrimar agua a su molino y "demostrar" que todos son iguales en lo que a transparencia se refiere.
Precisamente esto último es lo que decidió a muchos argentinos a votar a este gobierno. Está en juego un discurso ético al que se apeló para instar a que el país cambie. La gestión pública y la vida individual del político no pueden ser contradictorias. La transparencia obliga a rendir cuentas de todos los actos. La mayor parte de la ciudadanía observa con atención este proceso porque votó un cambio drástico no sólo en los modos de gobernar sino también en la esencia de la actividad de gobierno, para alejar el flagelo de la corrupción y los negociados del poder que desde hace décadas sumen al país en el atraso. Lamentable sería que se lleve otra desilusión.