Perú: lo estable es la inestabilidad

"La inestabilidad se ha convertido en nuestro rasgo más estable", sostuvo un politólogo peruano cuando fue consultado por un medio de comunicación de ese país respecto de la crisis política que sobrevino luego del intento fallido de autogolpe de Estado protagonizado por el depuesto presidente Pedro Castillo. La frase resume los vaivenes que el país hermano sufre desde hace varios años en torno a los períodos de gobierno que sus presidentes no pueden completar debido a enfrentamientos con el Congreso, maniobras grotescas que dejan al descubierto una corrupción sistémica, interpretaciones interesadas y oportunistas de las disposiciones constitucionales y pretensiones autoritarias de algunos personajes, entre otros factores.

El sorpresivo anuncio de cierre del Parlamento formulado por el ex mandatario Castillo fue el último intento, un manotazo de ahogado, para evitar su destitución. En el tercer pedido que trataba el Congreso sobre el tema, todo estaba dado para que la votación le fuese contraria. Y, entonces, no tuvo mejor idea que repetir conductas de otros siniestros gobernantes que, tanto en Perú como en numerosas otras naciones de América latina a lo largo de la historia, desprecian la vigencia de las instituciones democráticas y pretenden arrogarse la suma del poder.

El diario El Comercio de Lima fue contundente al respecto: "El golpe no se gestó de la noche a la mañana. Hubo una seguidilla de mensajes que estaban allí para los que quisieran verlos y que ya advertían sobre la vena autoritaria de Castillo. Ciertamente, habrá muchos a los que la ley no alcanzará a juzgar, pero deberá ser el juicio de la Historia el que se encargue de recordar la manera cómplice y desvergonzada con la que apañaron cada una de las acciones de quien, desde su época como candidato, ya había dejado entrever su poco respeto por las instituciones, la prensa y las formas democráticas".

Es preocupante que en algunas regiones del interior peruano se hayan producido desórdenes con el lamentable saldo de un par de víctimas fatales. Al menos, hasta el momento de escribirse esta columna. Las nuevas autoridades deberán abordar con premura la situación y ordenar las medidas para que las cosas vuelvan a la normalidad. Asimismo, la misión de pacificar los ánimos tendrá que hacerse dentro de los márgenes de la ley, tal como ocurrió el proceso que destituyó a Castillo.

Podrá argumentarse que la Constitución peruana otorga demasiadas facultades al Congreso para destituir, con argumentos a veces débiles, a la cabeza del Poder Ejecutivo. Que las pugnas ideológicas, la grieta política y social originan aprovechamientos exagerados del marco legal. En todo caso, será tarea de la dirigencia del país incaico ofrecer a la ciudadanía alternativas de modificación de las normas allí establecidas para dar una respuesta que evite los permanentes sacudones políticos. No obstante, el proceso que derivó en la asunción de Dina Boluarte como presidente luego del golpe de Estado de Castillo cumplió con todas las normativas y en el marco de las instituciones democráticas.

Por ello, resulta descabellada la postura de los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y la Argentina, inmiscuyéndose en la política incaica y fijando una postura favorable a quien dispuso el cierre del Congreso. El argumento de que debe respetarse la voluntad popular queda sepultado frente a la acción temeraria y autoritaria del presidente removido de su cargo.

Aguardando que la situación se calme, es preciso señalar que la política en Perú es un río revuelto desde la época del fujimorismo. Por cierto, esto interpela a la clase dirigente y también a la ciudadanía. Porque, si existe una certeza en la política peruana, es que la inestabilidad es lo único estable.