Para terminar con el maltrato a los menores

Han provocado importante repercusión las declaraciones del juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Violencia de Género y Penal Juvenil de la Quinta Circunscripción Judicial, Andrés Peretti. Ante la consulta de este diario sobre la violencia contra los menores, tema que ha tomado vuelo nacional por el caso del pequeño Lucio Dupuy, el magistrado calificó al panorama en nuestra ciudad como "muy delicado".

Aseguró en este sentido que "hasta el año 2021, de cada 10 casos de maltrato en todas sus manifestaciones, uno correspondía a una víctima menor de edad. Desde ese momento el número de denuncias fue aumentando hasta ubicarse en 4 de cada diez casos. Esto significa que de cada 10 denuncias que tenemos por casos de violencia familiar, 4 corresponden a víctimas menores de 18 años". Este crecimiento exponencial en el último año quizás tampoco revele la realidad de la problemática, puesto que, según el juez, "el número de casos que se denuncia en la Justicia probablemente termine representando un 10 a un 15 % de todo lo que está pasando en torno a la violencia y abuso infantil".

Queda reflejado de este modo un paisaje oscuro en el que los menores de edad, especialmente los niños más pequeños, son víctimas de maltrato físico o psicológico por parte de sus progenitores especialmente. El caso juzgado en La Pampa se ha transformado en la punta del ovillo de una trama atroz e irracional que, por cierto, no se da solo en una ciudad. Es un flagelo mundial que escandaliza a cualquier ser racional y que exige respuestas contundentes de parte de la sociedad.

El juez Peretti ha sostenido que el abuso y la violencia contra menores ha generado una "situación crítica". Y que, en las situaciones de maltrato que se denuncian, los victimarios son, generalmente, personas que están a cargo de esos menores como familiares o allegados al grupo familiar como parejas". Si bien el abuso sexual tiene una incidencia menor en los casos que llegan al juzgado de nuestra ciudad, lo cierto es que la violencia verbal y física alcanza graves niveles, por lo que es necesario extremar los alcances de la legislación para actuar con firmeza y sancionar a sus responsables, así como también a quienes tienen la misión de proteger a los niños y no cumplen con esa función. En el caso de La Pampa están en la mira, entre otros, jueces, médicos y docentes.

En este marco, mientras la Ley Lucio sigue esperando su turno en un Congreso paralizado por las diferencias políticas, desde 2011 está vigente en la provincia de Córdoba la Ley N° 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es un texto muy completo en el que se detallan derechos y garantías de los menores de edad y los mecanismos para que se puedan hacer efectivos. En su artículo 32°, de modo taxativo, establece que "los miembros de los establecimientos educativos y de salud -públicos o privados- y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de los derechos de las niñas, niños o adolescentes debe comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión".

Esta disposición es conocida por quienes tienen las referidas funciones. Aun cuando no se contemple en la ley, todos los ciudadanos deberían asumir esta responsabilidad. Porque, como afirmó el juez Peretti a LA VOZ DE SAN JUSTO, "el caso Lucio nos tiene que dejar como enseñanza la necesidad de analizar nuestra tarea como funcionarios judiciales y esa obligación que tenemos de no mirar para otro lado. No sirve decir 'yo no me meto' porque permitir esto no hace más que perpetuar estas situaciones de violencia que deben ser evitadas en todo momento".