Para evitar desgracias por ataques de perros

Varias noticias referidas a ataques de perros peligrosos llamaron la atención en los últimos días. En San Juan, una jauría acabó con la vida de un hombre joven que estaba en su puesto de trabajo. En Córdoba, un niño sufrió la desfiguración de su rostro luego de un ataque de un pitbull. También en la capital provincial, un perro de la misma raza se abalanzó sobre una mujer de 30 años y debieron reconstruirle la cara con una cirugía en el Hospital de Urgencias.

El ataque letal del grupo de perros callejeros en la provincia cuyana puso en debate un tema que es común a numerosas poblaciones de todo el país. La presencia de jaurías de canes hambrientos y agresivos es una realidad que aflige y preocupa. En primer lugar, porque constituyen una amenaza para la vida humana. El episodio de San Juan así lo certifica y, por cierto, no es el primero que ocurre. Pero también porque viola todos los principios que se han ido construyendo respecto de los derechos de los animales. Se trata de ejemplares abandonados por el hombre en su mayoría, situación que no debería ocurrir si existiesen conductas de tenencias responsables.

La penosa situación económica que vive la Argentina es nombrada como una de las razones por las cuales se ha incrementado la presencia de perros en las calles de las distintas localidades y ciudades. El trabajo ejemplar de las entidades defensoras de los derechos de los animales no parece dar abasto a los requerimientos de la actual realidad. Entonces, es común, también en San Francisco, observar grupos de canes que se desplazan por la vía pública, sin ninguna contención y mostrando, por momentos, actitudes muy agresivas.

Por otro lado, los sucesos de la capital cordobesa muestran otra faceta de la misma problemática: el de las razas potencialmente peligrosas y los inadecuados manejos de muchos propietarios respecto de su crianza. No es el objetivo ingresar en un debate sobre si la agresividad de estos perros es innata. Esta es una cuestión que, en medio de todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad, no ha sido suficientemente analizada. Y solo cuando ocurre algún hecho grave, las posturas encontradas se enfrentan, pero este juego no lleva a soluciones concretas que permitan terminar o, al menos, aliviar la incidencia de este tipo de ataques contra las personas.

Por ello, en estos casos, la apelación se repite. La responsabilidad de los propietarios es evidente e inexcusable. Pero también el Estado debe hacer su parte. En la provincia de Córdoba está vigente la ley 9685 que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Esta norma podría servir de marco para evitar episodios de este tipo, especialmente los más graves. No obstante, cada tanto surgen reclamos referidos a la falta de reglamentación de la norma. Lo mismo ocurre en muchos municipios. Algunos adhirieron a la ley provincial y otros establecieron sus propias ordenanzas. Pero no están clara la delimitación de funciones.

Tanto en el control de la formación de jaurías como en las disposiciones referidas a la tenencia de algunas razas, son los Estados los que tienen obligaciones ineludibles. También la ciudadanía debe ejercer responsablemente el acto de tener una mascota. Más allá de la discusión sobre la agresividad de ciertos perros, la crianza que se le brinda al animal, sus experiencias y el medio ambiente en el que se desarrolla tienen fuerte incidencia en sus conductas. En este punto, vale instar a un diálogo sereno, sin pasiones ni extremismos, entre las comunidades, los criadores, los comercializadores, los propietarios o tenedores de perros y las autoridades para encontrar soluciones que conformen a todos y exalten el cuidado de la vida humana por sobre todas las cosas.