Ocho años de cárcel al dueño de dogos que mataron a una chica: fallo que reaviva el debate por el registro

La condena a José Luis Nieto por la muerte de la adolescente atacada en Córdoba reavivó la discusión sobre la tenencia responsable. En San Francisco, un proyecto propone crear un registro municipal de perros potencialmente peligrosos.

El fallo fue dictado martes por la Cámara Primera del Crimen de Córdoba. Nieto fue condenado por la muerte de Trinidad, de 15 años, quien fue atacada por los animales el 9 de julio de 2023, mientras paseaba a su perro en barrio Estación Flores. Tras el ataque fue trasladada al Hospital de Urgencias, donde murió horas después.

El hombre había llegado al juicio en libertad, acusado de homicidio simple con dolo eventual. La pena impuesta fue de ocho años, el mínimo previsto para ese delito. La fiscal de Cámara Milagros Gorgas había solicitado nueve años, mientras que el abogado querellante Carlos Nayi reclamó 12. La defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda y, subsidiariamente, que el hecho fuera considerado homicidio culposo.

Durante los alegatos, Gorgas sostuvo que Nieto conocía el “peligro de sus perros” y que sabía qué medidas de seguridad debía adoptar a partir de denuncias anteriores.

El caso de Trinidad ya había generado consecuencias en Córdoba. A partir de lo ocurrido, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 13.321, denominada “Trinidad”, que creó el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos y estableció nuevas obligaciones para sus propietarios.

El antecedente vuelve a cobrar relevancia en San Francisco, donde esta semana el Concejo Deliberante tratará un proyecto para crear un Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos (RMPPP). La iniciativa fue presentada por el concejal de Juntos por el Cambio Luciano Stoppani y busca contar con información actualizada sobre los animales y sus tenedores responsables.

El proyecto establece la registración obligatoria de los perros comprendidos por las características previstas en la normativa municipal vigente. La información incluiría datos del animal y de su tenedor, además de su estado sanitario y el domicilio donde se encuentre alojado.

Según la iniciativa, el registro podría realizarse de manera electrónica, mediante una aplicación gratuita desarrollada por el Municipio, o de forma presencial, de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación.

Stoppani planteó que la propuesta no apunta a estigmatizar a los animales, sino a generar una herramienta de prevención y control. “El objetivo no es estigmatizar a los animales, sino contar con información que permita al municipio conocer cuántos perros de estas características hay en la ciudad y promover medidas de seguridad y responsabilidad por parte de sus tenedores”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que disponer de información permitiría fortalecer las políticas públicas. “Tener un registro permite prevenir. Conocer la cantidad de animales, sus características y dónde se encuentran facilita el control y permite generar políticas públicas vinculadas a la seguridad, la prevención y el bienestar animal”, agregó.

El proyecto también plantea reforzar la tenencia responsable y promover medidas para una convivencia segura en domicilios y espacios públicos.

La sentencia dictada en Córdoba vuelve así a instalar una discusión que excede el resultado judicial del caso Trinidad. El fallo establece una condena penal para el dueño de los animales y funciona como un nuevo antecedente para debatir qué controles existen, qué información tienen los municipios y qué medidas pueden adoptarse antes de que ocurra un ataque.