Política
“Nos mandan cero pesos”: Llaryora fue a la Corte por la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones
La cifra que reclama el gobernador de Córdoba asciende a $300.000 millones, que podría llegar a un billón con intereses.
El gobernador de Córdoba criticó duramente al Gobierno nacional por no cumplir con los fallos judiciales que ordenan transferencias a la Caja provincial. La deuda reclamada asciende a $300.000 millones, pero podría alcanzar un billón con intereses.
En una jornada clave para el futuro de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora volvió a presionar al Gobierno nacional para que cumpla con sus obligaciones legales. Lo hizo este miércoles por la mañana, a su ingreso al edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizó una audiencia de conciliación entre representantes de la Provincia y funcionarios del Ejecutivo nacional.
"Hay situaciones que no dan para más, y esta no da para más institucionalmente", declaró el mandatario cordobés frente a los medios. "Vos estás violando las leyes, los acuerdos, los pactos persistentes. Nunca nos pasó lo que nos está pasando ahora. Hoy nos están mandando cero pesos", denunció.
Llaryora fue enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó. "Esto tendría que haber durado un minuto, nunca tendría que haber llegado yo a estar acá", agregó.
La audiencia, convocada por el máximo tribunal, tiene como telón de fondo una demanda iniciada en 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti. En ella, la Provincia exige a la Nación el cumplimiento del traspaso de fondos previsionales que le corresponden por ley. El reclamo principal asciende a $300.000 millones, aunque el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Guillermo Acosta, estima que con intereses podría llegar a $990.000 millones.
Durante la reunión estuvieron presentes, además de Llaryora y Acosta, representantes del Gobierno nacional, como José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y funcionarios de Anses.
La Provincia de Córdoba planteó la posibilidad de incluir la deuda en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, lo que permitiría recibir pagos mensuales a cuenta del monto total, hasta alcanzar un futuro acuerdo definitivo. También se discuten otras formas de compensación, como la cesión de propiedades nacionales, incluyendo terrenos del Ejército o la central nuclear de Embalse.
El reclamo cordobés cuenta con respaldo técnico. Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas de la Provincia y actual presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, aseguró en diálogo con Cadena 3 que “el reclamo de Córdoba es legal y legítimo”. Y añadió: “Todas las provincias aportan recursos al Anses, por lo que la compensación es un derecho, no una dádiva”.
Sin embargo, Giordano anticipó un panorama poco optimista respecto al accionar del Ejecutivo nacional: “La actitud del Gobierno va a ser seguir dilatando”, sostuvo, al tiempo que dejó en manos de la Corte Suprema la decisión de hacer cumplir la ley.
Este nuevo capítulo en la disputa por los fondos previsionales tiene antecedentes relevantes. En 2011, bajo la gobernación de José Manuel de la Sota, Córdoba logró un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la devolución de recursos a la Caja. Desde entonces, los conflictos por la financiación del sistema previsional cordobés han sido recurrentes.
“Si los que dirigen la Nación no cumplen las leyes, ¿para qué las vamos a cumplir nosotros?”, disparó Llaryora, dejando en claro que el reclamo no solo es económico, sino también político e institucional.
La Corte deberá decidir ahora si da curso a una solución inmediata o si el conflicto continuará su camino judicial. Córdoba exigió la restitución inmediata de los fondos adeudados y el regreso de los envíos periódicos. Si esto no se produce en términos razonables, la idea de la Provincia es ir por el pedido de una medida cautelar que obligue al Estado nacional a cubrir el déficit del organismo previsional cordobés. Es decir, que retituya los envíos mensuales, mientras siga la discusión judicial por la deuda.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la Caja y los fondos para jubilados cordobeses persiste.
