“No somos lo mismo que la Justicia Federal”, aseguró el titular del TSJ
Sebastián López Peña visitó San Francisco y aseguró que en la Justicia provincial no hay "puerta giratoria": Córdoba "hoy tiene el doble de población carcelaria que hace 10 años". Además, habló del impacto de la crisis económica sobre el delito: "Con un 40 % de pobreza no hay política punitiva que alcance".
Por Mauricio Argenti | LVSJ
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, Sebastián López Peña, analizó el funcionamiento de la Justicia cordobesa y en ese marco trazó una clara división con la Justicia Federal, más concretamente la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene su sede en Comodoro Py.
Tras hacerse cargo de una percepción negativa que la población tiene sobre el sistema judicial en general, resaltó que eso ocurre, en su mayoría porque "hay una dependencia mediática de la Justicia cuando se trata de causas o fallos que vienen desde Comodoro Py".
"Nosotros podemos ser mejores o peores que otra Justicia (en alusión a la órbita federal) pero que a nadie le quepa duda que no somos lo mismo, somos distintos".
Estas expresiones por parte del presidente del TSJ las dio en el marco de una entrevista periodística que brindó durante una visita realizada a los Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial de nuestra ciudad donde mantuvo una reunión de trabajo con los delegados de la administración de las sedes de Morteros, Arroyito y Las Varillas. También se reunió con el intendente Damián Bernarte.
"La idea es tomar un contacto directo para conocer la realidad de cada sector, sobre todo porque la problemática de cada circunscripción judicial es diferente. Nosotros vamos tomando contacto y los vocales que tienen su especialización en el fuero al que pertenecen, tratando de captar mejor la problemática, necesidades y planteos que se presentan", expresó López Peña.
"El contacto directo con cada circunscripción es muy importante porque a veces puede modificar la percepción que tenemos de algún lugar en particular. Esto de salir hacia los otros edificios judiciales nos pone en contacto más realista que el que tenemos en nuestros despachos!", agregó.
-Tras el lanzamiento del programa Referente Judicial Comunitario, ¿qué balance hace de este programa?
Esto nació en pandemia en el marco de una política de responsabilidad social como servidores públicos para poder devolver a la sociedad lo que el agente judicial recibe del Estado, independientemente de la tarea que tiene que cumplir. En un primer momento nos vimos sorprendidos por la respuesta porque Córdoba tiene una planta de 8.500 agentes judiciales y se anotaron 1.000 voluntarios en toda la provincia de las 24 sedes judiciales y en muchos de los 300 juzgados de paz. Se elaboró un marco de adecuación un trabajo de campo donde equipos de referentes se reúnen con representantes de la comunidad. Los primeros resultados empezaron a darse en las comunidades más pequeñas y empezaron a trabajar a su ritmo. Falta mucho por hacer, pero la primera respuesta la vimos no solo en las comunidades del interior sino en algunos organismos externos al Poder Judicial.
En los juicios por jurados populares se da una situación muy particular. Cuando se hace una encuesta a la gente que viene para ser jurado se advierte que el Poder Judicial tiene una imagen claramente negativa. Casi unánimemente esa percepción cambia cuando termina su tarea luego de haber visto cómo se trabaja desde adentro. Es importante destacar el profesionalismo y la vocación de servicio de quienes trabajan en el Poder Judicial. Nosotros como institución debemos tener las puertas abiertas para que la sociedad pueda observar mejor ese trabajo.
-Como hombre de la Justicia, ¿cómo toma esta percepción social sobre el Poder Judicial y qué debe hacerse para intentar cambiar?
La imagen negativa tiene que ver con múltiples propósitos, algunos tenemos que hacer un mea culpa interno. Hay una dependencia mediática de la Justicia cuando se trata de causas o fallos que vienen desde Comodoro Py y el ciudadano común no distingue si se trata de un Poder Judicial federal o provincial y eso parte de un error de comunicación nuestro al no saber comunicar que no somos lo mismo. Nosotros podemos ser mejores o peores que otra Justicia pero que a nadie le quepa duda que no somos lo mismo, somos distintos que otra justicia. Ese énfasis que uno reclama no es comunicado de todo bien. No somos lo mismo que la Justicia Federal así como tampoco somos iguales a la Justicia de las otras provincias.
-Si bien dejó bien en claro las diferencias existentes entre la Justicia provincial y la órbita federal, quisiera conocer su opinión respecto del proceso judicial que se está realizando en Comodoro Py contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Desde mi época de abogado penalista vengo sosteniendo que para opinar de un expediente, primero hay que conocerlo. Yo conozco la causa por los medios y estos no reflejan nunca la realidad exhaustiva del expediente. Para opinar de una causa, hay que conocerla y si no conozco el expediente, no voy a emitir una opinión. De todas maneras, me parece que las causas tienen que llegar a su fin de la forma legalmente establecida y por eso no se debe perder nunca la institucionalidad. Si se llegó a un juicio, debemos esperar la sentencia y dar la tranquilidad a los magistrados para que puedan cumplir sus funciones. Será la sentencia la que va a decir qué pasó en torno a la causa.
Los tiempos de la Justicia
-¿Cree que la Justicia debe hacer una autocrítica en lo relacionado a los tiempos en los que se desarrollan los procesos?
Sí, seguramente. Los procesos judiciales tienen dos grandes paradigmas. Uno es la seguridad jurídica y el otro, la celeridad jurídica. Las causas de mayor repercusión son las penales y en ese marco Córdoba tiene un Código Procesal que es netamente garantista donde el garantismo y la celeridad son conceptos que se tensionan invariablemente.
-¿No hay "puerta giratoria" en Córdoba que estimule el garantismo?
Institucionalmente no la hay. Si vamos a encontrar casos en los que una persona entró y salió tres veces de detención en el lapso de seis meses, usted seguramente va a decir que esto es por la "puerta giratoria" de la Justicia. Institucionalmente Córdoba hoy tiene el doble de población carcelaria que hace 10 años, que cuenta con miles de presos más que la provincia de Santa Fe con lo cual estos números macro parecen desmentir la idea de la "puerta giratoria". Yo creo que el Código Procesal quizá necesite de menor garantismo para lograr una mayor celeridad.
-¿Cómo evalúan el índice de reincidencia de delitos por parte de aquellos que cumplieron su condena?
Son políticas que exceden al Poder Judicial. De todas maneras, vemos que en algunos lugares específicos puede haber algún número excesivo de detenidos, pero también vemos un incremento sostenido de pabellones en las cárceles. En la pandemia ocurrió una baja sostenida de personas privadas de libertad por juicios abreviados y como eran penas cortas, produjo una merma que ahora parece haberse recuperado. Hay que tener en cuenta que con un 40 por ciento de pobreza no hay política punitiva que alcance. Tres de cada cuatro detenidos están presos por delitos contra la propiedad. Ningún país dentro del hemisferio occidental en un Estado de Derecho puede escapar al paradigma de mayor pobreza, mayor marginalidad, mayor delincuencia. La solución a esto está en las antípodas del Derecho Penal porque no soy yo quien deba opinar sobre política económica o social, pero digo que tiene una incidencia directa.
-¿Qué análisis hace de la existencia de bandas que continúan operando dentro de las cárceles tal como ocurrió entre otros lugares en el penal de nuestra ciudad lo que motivó la preocupación de fiscales de la Justicia provincial?
Si lo dice un fiscal y se produce un allanamiento, entonces la respuesta está. La Justicia hace lo que tiene que hacer. Lo grave sería que pasara eso y no hubiera respuesta institucional. Nunca deben cesar los mecanismos de funcionamiento de la Justicia. Por supuesto que sería ideal que eso no pasara, pero si la Justicia está interviniendo, está funcionando. Nosotros hemos implementado un grupo de asesores letrados que hacen unidades de defensa dentro de los establecimientos carcelarios lo que nos permite una inmediatez que muchas veces nos posibilita disuadir planteos jurisdiccionales o solucionar problemas antes que sean administrativos o que se judicialicen. Esto es algo novedoso y que además está dando muy buenos resultados.