No es un femicidio más

"Es un profundo dolor para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro pueblo. Repudiamos este hecho aberrante y bregamos por que el hecho se esclarezca y los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley". Las tardías palabras de ocasión del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pronunciadas luego de varios intentos de sus funcionarios por "bajar los decibeles" del tema, encuadran la reacción política frente a un crimen espeluznante del que fue víctima una joven mujer en esa provincia.

La desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski amenaza con convertirse en un escándalo político de magnitud. Antecedentes sobran como para tomar nota de que las repercusiones pueden llegar a afectar a lo más alto del poder chaqueño. Al mismo tiempo, dan cuenta de la impunidad con la que se mueven algunos grupos ultraideologizados, apañados por las estructuras políticas gobernantes ya que son funcionales a sus intereses.

La Justicia investiga a los líderes de una agrupación piquetera cuyo esquema de funcionamiento se transformó en un sucedáneo del Estado, al amparo de acuerdos oscuros con determinadas agrupaciones políticas. El manejo de la caja de asistencia social, el clientelismo y los negocios espurios son moneda corriente en este tipo de acciones que se repiten en varias provincias del país. El crecimiento de este tipo de organizaciones trajo consigo la sensación de que sus líderes están más allá de la Justicia que debe alcanzar a cualquier ciudadano.

Sobre este horrendo crimen, mucha agua corre por estos días en el tumultuoso río de la información pública. La proximidad de las elecciones y los ánimos encendidos por las disputas políticas exacerban algunos aspectos del caso. Son muchos los que comenzaron a compararlo con el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, recordado hecho ocurrido a principios de los años 90.

Sin embargo, los paralelismos no siempre discurren por líneas similares. Han transcurrido tres décadas y los cambios sociales han sido numerosos: la sensibilidad social frente a la violencia contra la mujer es mucho más profunda, por ejemplo. El condimento que le agrega el hecho de que los supuestos responsables son personas que gozan de mucho poder abre la puerta también a la confirmación de que ciertos grupos creen tener prerrogativas incluso para actuar fuera de la ley.

En marco fangoso, el caso de la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski en el Chaco tendrá todavía varios capítulos más. No debería perderse de vista, en definitiva, que se trata de un crimen espantoso que debe ser investigado a fondo para que sus responsables sean pasibles de la sanción judicial que corresponde. Pero no es un femicidio más. No puede evitarse señalar que los personajes detenidos se postulaban para ocupar cargos electivos y gozaban de las preferencias del poder político provincial. Circunstancia grave que revela, una vez más, un esquema de organización del poder que desvirtúa los valores centrales de la convivencia.