“Mi hijo con parálisis cerebral depende de los profesionales”: el pedido de una madre en la marcha por la discapacidad

Los prestadores de servicios de discapacidad y familias volvieron a movilizarse por el centro de San Francisco para visibilizar un reclamo que se replica en todo el país. La protesta se enmarca dentro del paro nacional de 48 horas, y se suma al pedido por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados.

La movilización tuvo como eje la exigencia de una actualización de aranceles para los prestadores, el cobro en tiempo y forma de los servicios, y el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos por la ley.

Silvana Gatti, mamá de Martín —un niño con parálisis cerebral— participó de la manifestación y explicó los motivos a LA VOZ DE SAN JUSTO: “Mi hijo depende en todo de la ayuda de los profesionales médicos, de los terapeutas, del acompañamiento en el colegio, y últimamente se fue haciendo un recorte en el presupuesto destinado a discapacidad”.

Además, señaló que hay un fuerte retraso en los pagos a los prestadores, lo que pone en riesgo los tratamientos y la calidad de vida de las personas con discapacidad: “Hay chicos y personas grandes que necesitan mucho el apoyo porque es calidad de vida para ellos. Las rehabilitaciones, la asistencia a los médicos, el equipamiento... todo eso se está viendo afectado”.

Gatti remarcó que los costos de los insumos y del equipamiento necesario —como sillas de ruedas y férulas— son imposibles de afrontar sin el respaldo de las obras sociales y el Estado. Sin embargo, indicó que “hay muchos casos en los que las obras sociales no cubren lo que deberían, o los pagos se atrasan”, y que, a pesar de existir una ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, muchas veces no se cumple.

“Hace más de un año que la Superintendencia es la que regula los montos, pero no está regulando, no está aumentando, todo está aumentando menos eso. A los profesionales les está siendo muy difícil seguir haciendo su trabajo”, sostuvo.

La entrevistada subrayó que “es indispensable que haya una adaptación de los servicios, que haya control para las obras sociales y que se cumpla la ley”, porque lo que está en juego no es menor: “Tantos chicos como grandes necesitan asegurar una buena calidad de vida, y en muchos casos, significa que es de vida o muerte la necesidad”

Profesionales: “No se llega a vivir, no se llega a fin de mes”

Eliana Contreras, licenciada en psicopedagogía, y Macarena Granado, licenciada en psicología, también participaron de la movilización como parte del colectivo de profesionales de la salud que trabaja con personas con discapacidad. Ambas coincidieron en que el reclamo tiene fundamentos urgentes: “En primer lugar, no recibimos aumento de las prestaciones desde septiembre del año pasado. Es decir, en el 2025, 0% de aumento. Estamos cobrando muy poco. Una sesión la cobramos 12.000 pesos”, detallaron.

Contreras explicó a este diario que los gastos que deben afrontar como trabajadoras independientes son múltiples: “Matrícula, seguro de mala praxis, alquiler de consultorios, compra de materiales, más todo lo que uno se va capacitando también. Y con lo que cobramos realmente no se llega. No se llega tampoco a vivir, no se llega a fin de mes. Es muy, muy poco”.

Granado agregó que muchas veces la vocación se interpreta como resignación: “Elegimos profesiones que tienen que ver con la empatía, con el cuidado y el servicio. Y muchas veces eso se confunde y parece que nosotros no podemos exigir lo mismo que cualquier otro trabajador. Nosotras somos profesionales de la salud y trabajamos con discapacidad. Y también merecemos cobrar lo que cualquier otro trabajador requiere por su trabajo”.

Las profesionales remarcaron que la situación es insostenible y que, a pesar del compromiso con sus pacientes, debieron sumarse al paro: “Trabajamos con familias, es muy exhausto el trabajo. Es profundo y a nosotras no nos gusta dejar de trabajar, pero consideramos que no había otra opción para hacernos escuchar”.

También advirtieron que la falta de respuestas por parte del Estado pone en peligro la continuidad de la atención: “Las personas mismas con discapacidad se pueden quedar sin los servicios. Corren ese riesgo más allá de los días de paro porque hay consultorios y lugares que tienen que cerrar porque no alcanzan a solventar los gastos”.