Maltrato infantil y cultura de la violencia
Hiere el alma conocer que en nuestra comunidad existan tantos casos de ataques violentos a niños y adolescentes. Irrita que el maltrato infantil sea un fenómeno en crecimiento en el que subyacen cuestiones que la sociedad debe debatir de forma urgente.
El 30 por ciento de las denuncias de violencia doméstica presentadas ante la Justicia en el segundo semestre de este año tuvo como víctimas a menores de edad. Hasta julio de 2021, "de un promedio de 4 denuncias diarias por violencia familiar, el 10 % tuvo como víctimas a niños y adolescentes, mientras en la segunda parte del año, los menores de 18 años fueron el 30%, y diciembre no augura una mejoría", se publicó en estas páginas. Este dato, aportado en una entrevista por el juez de Menores de nuestra ciudad, marca un crecimiento notable de ataques y agresiones contra niños y adolescentes. Es que, hasta mediados de año, el porcentaje de denuncias de este tipo llegaba al 10%.
Estamos en presencia de una realidad alarmante. Las consecuencias nefastas de la violencia doméstica crecen con el tiempo. El caso del niño asesinado en La Pampa puso en evidencia una realidad angustiante y dolorosa que tiene varias aristas: la "cultura" violenta y las acciones de la Justicia. Dos variables que hoy son colocadas en el centro de la escena. Principalmente la segunda, lo que implica una reflexión sobre por qué no avistamos aún la gravedad de los modos de comportamiento regidos por la violencia contra otros seres humanos.
Los conceptos del juez de Menores son concluyentes: "Durante el mes de noviembre de este año, 3 de cada 10 denuncias de violencia familiar o doméstica tuvieron como víctimas a menores de 18 años. Por ello, ante una realidad tan alarmante, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido". Agregó que "cuando las víctimas son menores de edad, existe obligación de denunciar tanto sus representantes legales, los obligados por alimentos y el Ministerio Público Fiscal, como así también quienes se desempeñen en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia, clubes, agrupaciones políticas, dependencias públicas y privadas, empresas, medios de comunicación y, en general, quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir".
Esta imposición legal implica una responsabilidad social que muchas veces no aparece. Refleja lo que puede definirse como una verdadera cultura en la que los conflictos se resuelven únicamente de modo violento. El diálogo y la tolerancia son inexistentes. No hay conciencia de la responsabilidad en el cuidado del otro y las conductas solo tienen a la violencia como patrón para responder, incluso, al más nimio de los desacuerdos. Además, imperan la ley del más fuerte, la ausencia de criterios, cierta impunidad para el victimario y creciente desprotección de la víctima.
Hiere el alma conocer que en nuestra comunidad existan tantos casos de ataques violentos a niños y adolescentes. Irrita que el maltrato infantil sea un fenómeno en crecimiento en el que subyacen cuestiones que la sociedad debe debatir de forma urgente. Causa hasta ira que la Justicia no accione en algunos casos como el de La Pampa. En una sociedad más justa, más fraternal, no deberían existir tantas denuncias de violencia en el hogar. Por lo que se observa, esas condiciones de la convivencia son, en el mejor de los casos, solo buenos deseos.
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