Maltrato infantil en San Francisco: crecieron “sustancialmente” las denuncias en el segundo semestre
Durante 2021, la justicia local atendió por día un promedio de 4 denuncias por violencia familiar, mientras que en noviembre ese número trepó a 5. En 3 de cada 10 casos las víctimas son menores de 18 años. "El crecimiento es sustancial, nos preocupa y ocupa. No debemos naturalizar la violencia contra la niñez", afirmó el juez Andrés Peretti.
Por Cecilia Castagno | LVSJ
El crimen de Lucio Dupuy recibió la condena unánime de toda la sociedad y puso en la mira al sistema de justicia.
Frente al calvario del chiquito de 5 años masacrado a golpes por la madre y la novia de ella, todos se preguntan "¿cómo la justicia no hizo nada?". Sin embargo, que no haya más un Lucio no depende solamente de un juez.
Mientras este brutal asesinato conmociona, duele, irrita, cuestiona, sacude, porque de alguna manera a todos algo provoca, la realidad indica que el maltrato infantil, en sus diferentes variables, va en aumento.
Así lo reconocen desde el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco y lo confirman las estadísticas. Si hasta julio de un promedio de 4 denuncias diarias por violencia familiar, el 10 % tuvo como víctimas a niños y adolescentes, en la segunda parte del año, los menores de 18 años fueron el 30%, y diciembre no augura una mejoría.
"Advertimos un crecimiento sustancial de violencia doméstica contra menores a partir del segundo semestre de 2021, que nos preocupa y ocupa", aseguró el juez Andrés Peretti en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO.
En cuanto al tipo de violencia hacia los menores, la mayoría de los casos corresponden a maltrato psicológico, mientras que el resto, a agresiones físicas.
Para entender las causas del fenómeno, el magistrado explicó, entre otras cosas, que la violencia en el entorno de la familia es parte de una situación estructural de la sociedad.
"Las situaciones de violencia involucran a muchos actores sociales. Por supuesto que el Poder Judicial cumple una función central, pero es importante saber que actuamos a través de una denuncia. Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal de La Pampa de inmediato comunicó que no existían denuncias de maltrato", expresó Peretti sobre el caso que horroriza al país.
"En el caso concreto de Lucio, tengo conocimiento por los medios de comunicación. Nada más. Por ello, y sin ánimo de deslindar responsabilidades, es importante saber que la prensa informó que Lucio fue atendido 5 veces en 3 meses (entre diciembre de 2020 y enero de 2021) por centros de salud por presentar lesiones graves, tales como fracturas y traumatismos -siguió-. Si efectivamente no existieron denuncias, tal como informó públicamente el Ministerio Público Fiscal de La Pampa, y se comprueba que los profesionales de centros de salud intervinieron asistiendo a Lucio, tenemos una falla grave que debe ser revertida urgentemente".
Peretti recordó que "cuando las víctimas son menores de edad, tienen obligación de denunciar sus representantes legales, los obligados por alimentos, el Ministerio Público Fiscal, como así también quienes se desempeñen en organismos asistenciales, educativos (docentes y no docentes), de salud (profesionales y no profesionales) y de justicia, clubes, agrupaciones políticas, dependencias públicas y privadas, empresas, medios de comunicación y, en general, quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir".
"Decir 'mejor no me meto', 'no digas nada' o 'nadie puede hacer nada' no se condice con el compromiso social que debemos asumir para proteger a los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a una protección especial que siempre debe prevalecer para evitar situaciones como las de Lucio", agregó el juez.
A modo de ejemplo, citó que "durante 2020,del total de femicidios ocurridos en el país, existió denuncia previa por debajo del 20%, mientras que en la provincia de Córdoba, apenas el 10%. En mayor o menor medida, ello se replica en las situaciones de violencia contra niños".
- En relación a la cantidad real de hechos de violencia es bajo el número de denuncias, ¿por qué pasa?
¿Miedo? ¿temor a las represalias? ¿falta de privacidad en el lugar donde se toman las denuncias? ¿víctimas de violencia no se reconocen como tales? ¿desconfianza en el sistema? ¿desconocimiento que existen mecanismos de protección? Sin perjuicio que no existe una forma o un momento para denunciar y que deben respetarse los tiempos que manejen las víctimas, no debemos naturalizar laviolencia contra la niñez y para ello,es importante contar con la mayor cantidad de detalles o precisiones posibles para tomar las medidas de protección que mejor se adecúen a la realidad.
-Se conectó el caso de Lucio con la ideología de género, revelando la situación de varios progenitores que son privados de ver a sus hijos. El padre del niño denunció ante los medios que la Justicia nunca lo escuchó, "siempre favoreció a la madre" y que reclamaba la tenencia desde hacía mucho tiempo. Cuando los jueces resuelven respecto a la vida familiar de los niños, ¿qué es lo más difícil? ¿A veces se equivocan?
Por supuesto que podemos equivocarnos. Los jueces y juezas somos seres humanos, y como tales, no estamos exentos de cometer errores. Nuestra labor es resolverconforme la normativa, la prueba rendida, nuestras conviccionebs y la sana crítica racional, incluso cuando esas decisiones causen enojo o frustración.
Por eso, cuando las partes involucradas no comparten nuestra decisión, existen vías de revisión, distintas instancias disponibles para que otro magistrado o la Cámara estudie el caso y, de corresponder, revierta o deje sin efecto nuestras resoluciones.
Respecto a la situación de varios padres que por diferentes motivos son privados de ver a sus hijos y lo informado por el papá de Lucio, deben hacerse algunas aclaraciones. Primero, tal como comenté, no conozco los pormenores del caso, sino que sólo estoy informado por los medios de comunicación. En ese contexto, es difícil saber cuáles fueron los fundamentos por los cuáles la jueza de Familia otorgó el cuidado personal a la mamá de Lucio. Segundo, no integro un Juzgado de Familia, por lo que no somos nosotros quienes determinamos el cuidado personal -antes tenencia− de los menores ante la no convivencia de los progenitores. Nosotros, como Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, únicamente intervenimos ante situaciones de violencia, constituyan o no delito. Y en ese caso, nuestra función es adoptar las medidas de protección necesarias para terminar con la violencia.
De todas maneras, siempre debemos resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño, es decir, la máxima satisfacción integral de derechos, analizado en concreto cada caso en particular.
También, en relación a la creencia de que los niños, niñas y adolescentes tienen que estar con sus mamás y no con sus papás, es importante destacar que la Convención de los Derechos del Niño establece obligaciones comunes para ambos progenitores, sean varones o mujeres.
Tal como sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia reciente, siempre debe prevalecer la situación particular y a las necesidades personales de los menores, tarea en la que su opinión -derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta−, la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, así como su cuidado, protección y seguridad se presentan como elementos a tener en cuenta para evaluar y conformar el citado interés superior.
-¿Crecieron las denuncias por violencia doméstica contra niñas, niños y adolescentes?
Sí, es un tema que nos preocupa, pero también nos ocupa.
-¿En qué porcentaje y desde cuándo notan esta tendencia?
Desde el Juzgado hemos advertido un crecimiento sustancial de violencia doméstica contra menores a partir del segundo semestre de 2021. Durante la primera parte de este año, un 10% de las denuncias tenían como víctimas de violencia a niñas, niños y adolescentes, mientras que durante el segundo semestre, este flagelo aumentó hasta al 30%. Durante el mes de noviembre de este año, 3 de cada 10 denuncias de violencia familiar o doméstica tuvieron como víctimas a menores de 18 años.
Por ello, ante una realidad tan alarmante, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido.
-¿Y las denuncias por abuso sexual infantil?
No tenemos esa información completa porque nuestro Juzgado -a través de la Secretaría Penal Juvenil− únicamente interviene cuando el supuesto autor de abuso sexual es menor de edad, más allá de la edad de la víctima. En los casos donde el presunto autor es mayor de edad, intervienen exclusivamente las fiscalías. De todas maneras, las estadísticas nacionales apuntan a que más del 75% de los casos de abuso son intrafamiliares.
Ahora bien, cuando el supuesto autor de abuso sexual es menor de 18 años, la situación es distinta. En 2021 recibimos 21 denuncias de este delito y el 54% son familiares, mientras que en el resto de los casos (46%), los denunciados son amigos/as y/o conocidos/as que no forman parte del círculo familiar.
"La violencia en general, y aquella que se ejerce en contra de niños, niñas y adolescentes, es una cuestión sociocultural, muchas veces naturalizada".
Más que reaccionar, hay que accionar
-¿Qué puede llevar a algunos adultos a ejercer tanta violencia sobre un niño? ¿Las familias violentas son generalmente familias muy cerradas?
No, no necesariamente está vinculado con que la familia sea cerrada. La violencia en general, y aquella que se ejerce en contra de niños, niñas y adolescentes, es una cuestión sociocultural, muchas veces naturalizada. Un mundo libre de violencia implica respetar la dignidad humana y la libertad. Así pues, tenemos que accionar en lugar de reaccionar. El Poder Judicial interviene cuando la violencia tuvo lugar, es decir, reaccionamos, tomamos medidas de protección para las víctimas, ordenamos capacitaciones y tratamientos, entregamos botones antipánico, pero mientras no exista un profundo cambio cultural, seguiremos teniendo víctimas y victimarios.
-¿Y cómo se puede lograr esa transformación?
Para lograr ese cambio cultural y poder prevenir situaciones de violencia en general y contra niños, niñas y adolescentes en especial, necesitamos contar con políticas públicas por parte del Estado, es decir, diseñar, planificar e implementar un andamiaje externo que ayude a la concientización para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, sea física, sexual, psicológica, etc.
En esa misión, es fundamental educar en igualdad, capacitar en género en los establecimientos educativos −es un debate que nos debemos como sociedad, pero se recomienda desde el nivel inicial o primario−, aplicar firmemente la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), avanzar con campañas de difusión y prevención teniendo en cuenta quiénes son las víctimas, su edad, su condición económica, su accesibilidad a la tecnología y nivel de educación, mejorar los espacios y la tecnología para recibir denuncias y capacitar y sensibilizar al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes, entre otros, siendo esencial que la nación, las provincias y los municipios coordinen, articulen y se integren.
Si bien existieron muchos avances, nunca será suficiente. Es nuestra misión como sociedad terminar definitivamente con la violencia.
"Decir 'mejor no me meto', 'no digas nada' o 'nadie puede hacer nada' no se condice con el compromiso social que debemos asumir".
-¿Hay algunas situaciones desencadenantes del maltrato?
Por supuesto. La violencia en general es un círculo o un ciclo, un espiral que crece día a día. Este flagelo no se soluciona solo, por el mero transcurso del tiempo. Requiere un abordaje, ser trabajado.
El crecimiento sustancial de las denuncias por violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes puede tener muchas razones. Entre ellas, se destaca la pandemia, donde existieron medidas restrictivas a la libre circulación, dudas sobre si los mecanismos de protección seguían funcionado y si se recibirían las denuncias, lo que generó un temor lógico de salir a denunciar. Estas situaciones obligaron alas familias a vivir con sus agresores. Esto también afectó directamente a los menores en el desarrollo de sus actividades habituales -colegio, deportes y demás actividades recreativas, contacto con amigos, etc.−, pero a finales de 2020 y durante 2021, con mayor libertad de circulación, crecieron las denuncias.
A ello debe adicionarse la influencia del consumo problemático de drogas y alcohol. Lógicamente, el contexto pandémico y pospandémico implicó un crecimiento sustancial de personas que padecen este flagelo y que termina impactando -directa o indirectamente− en los niños, niñas y adolescentes.
También debe tenerse en cuenta la brecha generacional entre progenitores e hijos, cada vez más marcada como consecuencia de la forma de vincularse, el avance permanente de la tecnología y demás cuestiones que resultan difíciles de comprender y aprehender.
El trato que tenían nuestros abuelos y abuelas con nuestros padres no fue el mismo que ellos brindaron a nosotros, y nosotros no damos el mismo trato a nuestros hijos e hijas. Los cambios son cada vez más vertiginosos y es necesario estar preparados para acompañar a nuestros hijos en su proceso de desarrollo.
-¿La crisis económica aumenta el riesgo de violencia hacia los menores?
La situación socioeconómica que atraviesa nuestro país así como también el permanente reclamo social de "mano dura", contribuyen a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
-¿Hay meses peores que otros, en cuanto a cantidad de denuncias?
La violencia doméstica crece a finales de cada año como consecuencia de las celebraciones, el calor y las fiestas. Durante esta época pueden aparecer o resurgir conflictos familiares que pueden derivar en hechos violentos, más aún si pensamos que esta época es propicia para el consumo en exceso de alcohol y drogas.
En el caso concreto de nuestro Juzgado, durante este año, el promedio de denuncias diarias ascendía a 4, mientras que a lo largo de noviembre, creció a casi 5 denuncias por día y -lamentablemente− esperamos que ese número suba cuando transitemos el último mes de 2021.
Peretti: "No existe una forma o un momento para denunciar, deben respetarse los tiempos de las víctimas". (Fotos: Manuel Ruiz | LVSJ)
-¿Existe una disparidad entre los casos que se detectan y los que terminan en sentencia condenatoria?
No. En nuestro Juzgado, no existe diferencia alguna. Todas denuncias de abusos donde intervienen menores de 18 años son investigadas y resueltas. Cuando el autor tiene entre 16 y 18 años, realizamos el debate (juicio) correspondiente, mientras que cuando el joven denunciado tiene menos de 16, no puede ser sometido a juicio. De todas maneras, dictamos sentencias donde analizamos si el hecho denunciado existió y, en caso afirmativo, si el joven tuvo intervención. Ello otorga certeza y seguridad jurídica a víctima y victimario.
- Estadísticas revelan que se esclarecen alrededor de tres de cada cien casos denunciados de abuso sexual de menores en la Argentina. ¿Cuál es la causa de esa impunidad? ¿Es multicausal?
Es muy difícil de conocer las causas, más aun teniendo en cuenta las diferentes esferas donde actúa la Justicia. Dar una opinión sobre la actuación de los poderes judiciales de la nación, de la Ciudad A. de Buenos Aires y del resto de las provincias, e incluso dentro de cada sede judicial, sería no sólo aventurado, sino erróneo. Sin embargo, considero que la impunidad es multicausal, más aun tratándose de delitos de índole sexual, donde la prescripción de la acción penal tiene lugar en un plazo máximo de 12 años transcurridos desde su comisión o último acto interruptor.
-Cuando finalmente deciden denunciar, se topan con un obstáculo: la prescripción. ¿Hay una deuda pendiente con esas víctimas?
Para evitar la prescripción de estos delitos, en 2011 se reformó la ley penal para que el plazo comience a correr cuando la víctima hubiese alcanzado la mayoría de edad, mientras que en 2015 se votó otro cambio legislativo que estableció que no se compute hasta tanto la víctima sea mayor de edad y formule la denuncia correspondiente, o bien, ratifique la que hubiesen podido efectuar sus representantes legales cuando aún era menor de edad.
Si bien estas reformas son muy importantes para garantizar la tutela judicial efectiva de las personas abusadas, es muy importante saber que la víctima cumple una función central en este tipo de procesos −porque casi la totalidad suceden en la intimidad, sin testigos presenciales− y que más del 75% de los casos de abuso son intrafamiliares, es decir, cometidos por personas que son queridas por los niños, niñas y adolescentes, que no necesariamente van a dejar de querer porque lo haya tocado y que muchas veces no quieren o sienten culpa que manden a la cárcel a esa persona.
- ¿En la mayoría de los casos la palabra del menor es la única prueba?
No. Si bien la declaración de los niños, niñas y adolescentes es una prueba importante y debemos partir de sucredibilidad,más aún en el caso de los abusos sexuales porque suelencometerse en ámbitos de intimidad donde el autor trata de ocultar su accionar para no ser descubierto por terceros, el relato de la víctima debe ser corroborado por otras pruebas independientes para lograr una resolución condenatoria.
Por eso, la durante la investigación de estos hechos hacemos hincapié en el contexto, en los testimonios de las personas cercanas y resultan importantísimas las pericias que se realizan a las partes involucradas.
- ¿Cómo evalúa el uso de la Cámara Gesell como herramienta? ¿Es una prueba clave?
Es fundamental, pues brinda un espacio seguro para que las víctimas puedan prestar su testimonio. Asimismo, refuerza la idea que nuestra labor necesita permanentemente de una visión interdisciplinaria.
Para abordar los conflictos interpersonales, en especial aquellos vinculados con la problemática de la violencia familiar y de género, la ley y el derecho son insuficientes. Por ello, la colaboración que prestan los profesionales del Equipo Técnico de Tribunales, así como también la función que cumplen los peritos especializados propuestos por las partes intervinientes, permite el acercamiento a la verdad de los hechos que tuvieron lugar.
- Según su experiencia, ¿los niños no mienten? ¿Se dan situaciones excepcionales?
Más allá de mi opinión o experiencia, existen profesionales que determinan la veracidad o falsedad de las declaraciones de los menores de edad. Aquí intervienen psicólogos y psicólogas, y su labor es informarnos a los Jueces y Juezas si el testimonio es veraz o falso, influenciado o espontáneo.
- La toma de declaración y las evaluaciones periciales son fundamentales en el proceso, pero muchos niños y adolescentes lo viven como un calvario. ¿Eso influye a la hora de denunciar?
Por supuesto. Los miembros del Poder Judicial somos conscientes de las limitaciones que presentan el proceso judicial y la concurrencia a Tribunales. Por eso es tan importante la intervención de otros profesionales fuera del ámbito de Tribunales. La violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, creada, sostenida e implementada durante siglos, años y años de estereotipos que generan aferramiento a prácticas retrógradas y machistas.
Por ello, no resulta suficiente el abordaje unidimensional por parte del Poder Judicial en su carácter de órgano de aplicación de la normativa internacional. Es necesario el trabajo interdisciplinario, contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología, asistentes sociales, etc.
- ¿La justicia está preparada para el trabajo con víctimas?
Siempre podemos y debemos mejorar, pero estamos trabajando para acompañar a las víctimas en el proceso judicial. Más allá del abordaje interdisciplinario referido, debemos capacitarnos y acompañar a las víctimas, ofreciendo contención y herramientas para sobreponerse a una situación traumática.
Más allá de nuestra obligación de escuchar, es importante brindar a las víctimas y a los victimarios los instrumentos para erradicar paulatinamente la violencia doméstica y de género. En esa función, contamos con el apoyo del Polo de la Mujer y de la Uder de San Francisco. El trabajo interdisciplinario es esencial para que dejemos de hablar de víctimas y victimarios.
El acompañamiento, la escucha atenta, la capacitación, la especialización y el lenguaje claro son fundamentales, pero debemos avanzar con la empatía, poniéndonos en el lugar de esa persona vulnerable y vulnerada que asiste a la justicia pidiendo ayuda.
- Ud. es uno de los jueces que incorporó procedimientos de clarificación del discurso jurídico, utilizando un lenguaje claro en sus resoluciones que involucran a menores. ¿Eso es una avance, chiquito o importante? ¿Qué falta?
Es un avance muy grande, con resultados que siempre exceden nuestras expectativas.
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas internacionalmente por nuestro país, usar lenguaje sencillo y emplear términos claros y comprensibles -no sólo en nuestras resoluciones, sino en audiencias y demás− es una manifestación más de la igualdad y el acceso a la justicia, toda vez que permite a las personas involucradas comprender mejor nuestras decisiones.
-Una justicia más humana...
Una justicia más abierta y accesible a sus destinatarios. El lenguaje claro además garantiza el derecho de información y comprensión de los justiciables y a los ciudadanos en general.
El uso de términos claros y comprensibles implica un esfuerzo extra para aquellos que nos desempeñamos en el Poder Judicial, ya que es un conocimiento no adquirido en la universidad. De todas formas, debemos avanzar en ese sentido, capacitarnos y aplicar los conocimientos alcanzados a nuestra función diaria, no sólo para cumplir con los compromisos internacionales tomados por la Argentina, sino especialmente −y tal como sostiene el Dr. Leonardo Altamirano− para mostrar cortesía con el lector, pues el lenguaje claro es aplicar el concepto de empatía al trabajo discursivo y naturalmente ponerse en el lugar del otro partiendo de una simple premisa: quien no comprende no puede cumplir.
- Existe la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Nº 26.061) y por otro lado, el reclamo social de que una ley no cambia nada en sí misma si no se cumple el mandato que da a la sociedad.
Lógicamente, el crimen de Lucio reaviva la polémica e implica un cuestionamiento total al Sistema de Promoción y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La sociedad quiere saber qué falló, cómo pudo pasar lo que pasó y qué se podía hacer para evitar el triste y lamentable desenlace.
Sin perjuicio que siempre se puede mejorar, la vigencia de la Ley N° 26.061 implicó un avance mayúsculo. Desjudicializar, es decir, evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan que venir a Tribunales y transferir funciones hacia los órganos administrativos como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y la Uder es central para lograr el abordaje integral e interdisciplinario de personas vulneradas y vulnerables.
Asimismo, la intervención activa del cuerpo de asesores de niñez y juventud, la figura del abogado o abogada de los niños, niñas y adolescentes que venimos implementando desde el Juzgado, el contacto directo y personal de los jueces y juezas con los niños con escucha activa y atenta y la utilización de lenguaje claro y comprensible permite una mayor satisfacción del interés superior del niño.
- ¿Algún comentario final?
Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido, no sólo por su compromiso diario, sino también por colaborar desinteresamente en la obtención de los datos necesarios para hacer esta nota.
Dónde denunciar
En San Francisco, las denuncias pueden efectuarse en la Unidad Judicial (Libertador Sur esquina Libertad) y en el Polo de la Mujer (Avellaneda 648), así como también al 0800-888-9898. Todos los sistemas admiten denuncias anónimas.
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