Economía
Los servicios públicos ya consumen hasta el 20% de un salario en Córdoba
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que una familia tipo cordobesa destinó en junio entre el 13,3% y el 20,3% de sus ingresos al pago de servicios esenciales como luz, gas, agua y transporte. El impacto es mayor en los sectores de menores ingresos, que vieron subir sus costos un 54% en el semestre.
El pago de servicios públicos esenciales como energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte representa hoy una carga cada vez más pesada para los hogares cordobeses. Así lo demuestra el último relevamiento de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que advierte que en junio de 2025, una familia tipo debió destinar entre el 13,3% y el 20,3% de sus ingresos mensuales para afrontar estos gastos.
El informe pone el foco en los hogares de menores ingresos, donde la carga es más severa: allí, el gasto en servicios públicos pasó del 13,4% en diciembre a un alarmante 20,3% en junio, en un contexto de subas tarifarias continuas y salarios que no logran seguir el ritmo inflacionario. En paralelo, las familias de ingresos medios destinan el 16,3% y las de ingresos altos, el 13,3%.
Mientras los salarios crecieron un 25%, las tarifas lo hicieron hasta un 54% en los hogares más vulnerables
El transporte urbano encabeza la lista de los servicios más onerosos para todos los perfiles, con un gasto mensual que puede llegar a $154.520 en hogares de altos ingresos que combinan colectivos con taxis. Le siguen el gas natural (con consumos mayores en invierno) y la energía eléctrica.
En el caso del gas, los hogares sin acceso a la red (como muchas familias del Gran Córdoba) deben recurrir al gas envasado, lo que eleva significativamente los costos: un hogar tipo sin red de gas natural paga en promedio $103.400 mensuales, el triple que uno conectado a la red, que abona alrededor de $35.286.
Una familia del Gran Córdoba sin gas natural gasta el triple en calefaccionarse que una en la ciudad capital
Lo mismo sucede con el transporte interurbano, que en el último año y medio aumentó un 513,7%. Viajar todos los días desde localidades como Jesús María, Río Segundo o Carlos Paz hacia la capital puede costar entre $176.000 y $264.000 mensuales, cifras muy superiores al costo del transporte urbano en la ciudad ($69.520 mensuales por persona).
Las tarifas de energía eléctrica y gas natural también sufrieron incrementos importantes. Por ejemplo, una familia de nivel medio pagó en junio $40.519 por electricidad y $35.286 por gas natural, mientras que en el caso del agua potable, el impacto fue más visible en los sectores de mayores ingresos, que llegaron a pagar $68.570 mensuales por el servicio.
El problema se agrava si se considera que los ingresos salariales crecieron sólo un 25% en el mismo período, muy por debajo del aumento en los costos de servicios, especialmente en invierno, cuando se dispara el consumo de gas y luz por calefacción.
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Impacto dispar según el nivel de ingresos
El informe destaca que el aumento del peso relativo de los servicios fue más pronunciado en los hogares vulnerables. En solo seis meses, estos vieron subir sus gastos en servicios en un 54,2%, contra un 38,4% en los hogares medios y un 20,2% en los de mayores ingresos.
Este desbalance responde a varios factores: las fuertes subas en las tarifas, la quita de subsidios nacionales iniciada en 2024 y continuada este año, y el mayor consumo estacional de invierno. En contrapartida, los ingresos familiares, en especial en los sectores informales, no lograron recomponerse al mismo ritmo, lo que genera un desfasaje cada vez más preocupante.
Una presión creciente en el presupuesto familiar
De esta manera, el gasto en servicios públicos ya representa una quinta parte del ingreso mensual en muchas familias cordobesas, una proporción que pone en jaque su capacidad de cubrir otras necesidades básicas.
Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que esta tendencia genera una “presión silenciosa y constante sobre los presupuestos familiares”, especialmente en zonas periféricas donde los servicios llegan con menor cobertura y mayores costos.
El informe finaliza alertando sobre la necesidad de revisar los esquemas tarifarios y de subsidios vigentes, y garantizar que los aumentos futuros no profundicen aún más las desigualdades en el acceso a servicios básicos.
