Los judiciales aceptaron la oferta, con promesa de reducción gradual del aporte

Los empleados del Poder Judicial de Córdoba aceptaron por amplio margen la oferta salarial que les presentaron en conjunto el TSJ y el Ejecutivo provincial. Con este acuerdo, termina un extenso conflicto salarial que incluyó 25 días de paro en Capital y 28 en el interior, y que afectó el funcionamiento del servicio de Justicia durante el último semestre.

Como en la oferta anterior, el eje central de la propuesta salarial fue el adelanto de las cuotas correspondientes a la equiparación gradual con la Justicia Federal.

Los incrementos que originalmente estaban previstos para julio de 2027 y julio de 2028, se percibirán con los salarios de septiembre y diciembre de 2026. Para las categorías de escribiente y auxiliar ayudante, las cuotas serían adelantadas al sueldo de septiembre.

Además, la propuesta contempla el pago del 50% del concepto permanencia para todas las categorías; un adicional del 1,9% no remunerativo y la promesa de una reducción progresiva del aporte extraordinario a la Caja de Jubilaciones del 8% al 6% para quienes actualmente tributan ese porcentaje.

Esa baja de aportes tendrá un impacto final de 2,8% en el recibo de sueldos y beneficiará a unos 1.400 empleados y a la totalidad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Ese compromiso no forma parte del acta firmada en la Secretaría de Trabajo, pero será parte de un anuncio oficial que se producirá en los próximos días y abarcará a todos los aportantes de la Caja que hoy aportan 8% extra.

La decisión del TSJ de no descontar los más de 20 días de paro que quedan pendientes también fue fundamental para destrabar el conflicto, que había llegado a su punto máximo a fin de julio, cuando se aplicaron quitas de entre $200 mil y $450 mil por cinco jornadas de paro. Tras esa medida, intervino la Secretaría de Trabajo con la conciliación obligatoria.

De acuerdo con las estimaciones del gremio, todas esas medidas representan en conjunto un 5,65% de incremento salarial por encima de la pauta de la Corte para la categoría más baja. Para el resto de las categorías, el incremento se ubicaría entre el 7,66% y el 14%, dependiendo de la categoría y otras particularidades.

Según lo informado por el Ministerio de Justicia, el costo salarial de esa propuesta aceptada por los judiciales es de $1.800 millones mensuales. Cuando se suma el impacto de la futura baja de los aportes previsionales extraordinarios del 8% al 6%, la cifra se incrementa hasta los $2.400 millones mensuales. La participación directa del Ejecutivo, a través del ministro Julián López y el secretario de Capital Humano, Gustavo Panighel, fue vital para destrabar el conflicto.

La votación

Aunque el resultado ya se anticipaba por las votaciones de los días previos en cada dependencia judicial, el proceso terminó en la asamblea general extraordinaria, donde el 70,7 % de los votos fueron por la aprobación de la oferta salarial. Fueron 810 los votos por la aceptación.

Esa moción fue impulsada por la conducción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, liderada por Federico Cortelletti, y fue impulsada por las agrupaciones Confluencia, Identidad Judicial, Lista Celeste y Blanca de Río Cuarto, y delegadas y delegados del interior y Capital.

En tanto, el 24,1 % de los votos (276) optaron por la moción de rechazo con posibilidad de solicitar la continuidad de la mesa de negociación, la postura de La Judicial, una de las agrupaciones de autoconvocados.

También votaron en contra, con el 5,1 % (59 votos), las agrupaciones que impulsaron el rechazo y la continuidad de las medidas de fuerza. Hubo una sola abstención.

Negociación con magistrados

Todo indica que, resuelta la discusión salarial con los empleados judiciales, el TSJ se abocará ahora al otro conflicto que creció en paralelo: el reclamo de los magistrados y funcionarios judiciales por el incumplimiento de la ley de Equiparación con la Justicia federal.

La proporcionalidad del 90% establecida por esa norma se desvirtuó por la suba de aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross y hoy los magistrados provinciales ganan el equivalente al 77% de los sueldos de sus pares nacionales. Cabe aclarar que esos salarios nacionales están muy afectados por el ajuste impuesto por Javier Milei a todos los sueldos que paga el Estado nacional.

La reducción de dos puntos porcentuales del aporte extraordinario a la Caja es el primer paso en esa negociación con la Asociación de Magistrados, y el pago del adicional no remunerativo de 1,9% también va en ese sentido.

No obstante, esas medidas están lejos de conformar las exigencias de los grupos autoconvocados de magistrados y funcionarios, que piden el pleno cumplimiento con la ley de equivalencia antes de fin de año y también reclaman la eliminación del tope de 30 años para los adicionales por antigüedad.

Esa conflictividad se expresa en cientos de acciones judiciales contra la ley de Equidad Jubilatoria, y en casi un millar de recursos administrativos presentados por magistrados y funcionarios en el mismo sentido.