Los abogados volvieron a demandar la reapertura de Tribunales
La asociación que nuclea a los letrados se lo solicitó al TSJ. Piden, más tardar el 4 de mayo, volver a la actividad con los cuidados y limitaciones que implica la pandemia.
En el marco de las actividades que fueron exceptuadas para volver al trabajo en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por el nuevo coronavirus, once Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba, entre ellos el de San Francisco, le solicitaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cese el receso judicial extraordinario que rige en el marco de la emergencia sanitaria. Y pusieron plazo: entre el 27 de abril y el 4 de mayo, para autorizar a todos los operadores jurídicos a prestar sus servicios exceptuándolos del cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio considerando al servicio de justicia "una función esencial".
"Tenemos dicho que la justicia es una función esencial que debe brindar el Estado a sus habitantes, instituciones, empresas y organismos propios del Estado, por ello, entendemos que entre el bien jurídico 'salud' y el bien jurídico 'acceso a la justicia' debe buscarse su equilibrio y garantizarse a toda la ciudadanía el acceso a los tribunales de justicia para que en la práctica haya una tutela efectiva de los derechos con una respuesta jurisdiccional en tiempo razonable, sin excepción de fueros", expresaron a través de un comunicado.
"No podemos decir que en la situación actual y al día de hoy el servicio de justicia se encuentra garantizado -aseguraron-. Pese a los esfuerzos -que no desconocemos- el Poder Judicial siendo uno de los tres Poderes del Estado está funcionando en una mínima expresión y ello en un Estado de Derecho es inaceptable".
Entonces, "resulta absolutamente imprescindible se vuelva a prestar la función de Justicia, hoy cercenada, y para ello es necesario que cese el receso judicial extraordinario, bajo la tutela y observancia, por cierto, de todos los medios y recaudos de seguridad sanitarios, lo cual solicitamos que ocurra a partir del próximo lunes 27 de abril del corriente año, o en su defecto y a fin que resulte operativo el Protocolo Sanitario a dictarse a partir del lunes 4 de mayo de 2020, a más tardar".
"La medida del aislamiento social preventivo obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, no puede a esta altura ocasionar la inactividad judicial y por consiguiente la no prestación de la función de Justicia, actividad esencial y pilar fundamental de un Estado democrático donde deben funcionar en forma plena los tres poderes sin excepción pues ello hace a un Estado de Derecho".
Sugirieron medidas
Asimismo, dijeron que "la finalización del receso judicial extraordinario, con la consecuente habilitación de los plazos procesales, debe ir acompañada de un protocolo sanitario dictado por parte del TSJ".
En este sentido, los abogados sugirieron las siguientes medidas: dispensar de asistir a su puesto de trabajo y habilitar el teletrabajo para el personal incluido dentro de los grupos de riesgo en relación al Covis-19; disponer el uso obligatorio de barbijo o tapaboca para todos los empleados, funcionarios y magistrados mientras compartan espacios comunes, así como también para todas aquellas personas que necesiten ingresar a los edificios de Tribunales u otras dependencias del Poder Judicial; reglamentar y ordenar que en las esperas ante las barandillas se respete el distanciamiento social aconsejado entre personas de 1,5 metros".
También, "habilitar durante la duración de la emergencia sanitaria una o más mesas (únicas) de entrada por cada sede (dependiendo del tamaño de cada edificio) en la cual, respetando las medidas preventivas de uso de barbijos o tapabocas y distanciamiento social, se realicen todas las devoluciones de expedientes papel y se presenten todos los escritos relacionados a ese tipo de expedientes, bastando como constancia la firmada y sellada por el personal asignado a esas mesas donde conste la fecha y número de SAC del expediente restituido, cuya cancelación del recibo obrante en el SAC se hará a medida que el personal retire los expedientes para repartir en el tribunal donde tramite".
Otro tanto, "recomendar a los empleados y funcionarios a brindar información y evacuar consultas telefónicas referidas a las causas, así como también por otros medios de comunicación (mail o Whatsaap), para evitar la concurrencia de personas, abogados y auxiliares como peritos a los estrados del Tribunal; la suspensión de audiencias presenciales, reduciéndolas sólo a los casos impostergables y en aquellos casos donde ineludiblemente se requiera la inmediatez del magistrado actuante con uno o todos los involucrados, tomando en éstos últimos casos todas las medidas preventivas sanitarias que se consideren necesarias".
Además proponen "sustituir hasta la finalización de la emergencia sanitaria de la necesidad de compulsa de la documentación adjuntada en los expedientes electrónicos por una declaración jurada realizada por el abogado presentante con firma electrónica, debiendo cotejarse esos documentos en su oportunidad, de ser necesario. Y dotar a cada sede de autonomía para acondicionar el protocolo sanitario a cada edificio y sus necesidades".
"Entendemos se ha contado con un mes ya para preparar una salida progresiva a la medida que no permite la prestación de la función de justicia en plenitud. No se puede sostener indefinidamente las puertas de los tribunales cerradas, ello no se condice con un Estado de Derecho, que debe velar y proteger al justiciable que espera acceder a una tutela efectiva de sus derechos".