Llaryora reordena el Ministerio Público Fiscal y mueve a Néstor Gómez a la Fiscalía General

Martín Llaryora avanzó esta semana en una profunda reconfiguración del Ministerio Público Fiscal (MPF) y uno de los movimientos centrales de ese nuevo tablero tiene como protagonista al sanfrancisqueño Néstor Gómez, abogado de extrema confianza del gobernador.

Con el ingreso de los pliegos a la Legislatura provincial, el Ejecutivo formalizó una serie de enroques que apuntan a consolidar el control político sobre el sistema judicial. En ese esquema, Gómez dejará su cargo como defensor General Adjunto —función que había asumido en febrero de este año— para convertirse en fiscal General Adjunto, ocupando el lugar que dejará vacante Bettina Croppi.

El desplazamiento de Gómez no implica una pérdida de poder sino, por el contrario, una relocalización estratégica dentro del Ministerio Público Fiscal. El abogado fue designado en septiembre de 2023 en un cargo creado especialmente y, desde entonces, se consolidó como uno de los hombres de mayor confianza del gobernador en el área judicial.

La relación política y profesional entre Llaryora y Gómez se remonta a 2008, cuando el actual mandatario asumió como intendente de San Francisco y lo incorporó como asesor letrado municipal. Desde entonces, Gómez lo acompañó de manera ininterrumpida en la gestión pública, incluyendo su paso por la vicepresidencia de la Lotería de Córdoba, ya en el ámbito provincial.

El movimiento se inscribe en una estrategia más amplia. En las primeras horas del jueves 18 de diciembre, la Legislatura aprobó el pliego de Carlos Lezcano como próximo fiscal General, cargo que asumirá en marzo. Antes de esa votación, Llaryora ya había designado como fiscal General Adjunto a Alejandro Pérez Moreno, otro abogado de su círculo íntimo.

 De este modo, los funcionarios impulsados por el actual gobernador pasarán a ser mayoría dentro del MPF, desplazando el peso que hasta ahora tenían los sectores identificados con el delasotismo y el schiarettismo. En ese contexto, Lezcano reconoció públicamente que el gobernador le había encomendado una misión política concreta: “apaciguar la interna en la Fiscalía General”, una admisión que dejó expuesta la dimensión del conflicto interno.

La interna no es menor. Lezcano mantiene una histórica enemistad con Pérez Moreno, que se hizo pública durante la instrucción del caso por el asesinato de Blas Correas. En ese expediente, Pérez Moreno actuó como abogado de Soledad Laciar, mientras que Lezcano era juez de Control. Allí, el hoy fiscal General Adjunto llegó a referirse a Lezcano como “este abogado que ocupa el cargo de juez”, y lo acusó de que “de las 300 páginas (de la elevación a juicio), las que él hizo no alcanzan a 25; las otras las hizo el fiscal y él copió y pegó”.

En paralelo a la relocalización de Gómez, Llaryora abrió la puerta para designar a otro hombre de su confianza en el Ministerio Público de la Defensa. El nombre que suena con fuerza es el de Jorge Folloni, actual titular del Tribunal Administrativo Ambiental y exsecretario de Ambiente de la Municipalidad, un organismo creado por el Ejecutivo para efectivizar el cobro de multas por delitos ambientales.

La reconfiguración se completa con la creación de la Procuración Penitenciaria, un nuevo organismo que estará encabezado por Bettina Croppi y que tendrá rango equivalente a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Desde allí se controlará el funcionamiento del sistema carcelario provincial.