Llaryora: “La ley de discapacidad no tiene nada que ver con el déficit fiscal, vetarla es un retroceso ideológico”

En una reunión realizada en el Centro Cívico de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora ratificó su rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia para personas con discapacidad, y expresó su apoyo explícito al reclamo de más de 150 organizaciones del sector que exigen sostener los derechos adquiridos y garantizar una vida digna.

Acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y los diputados nacionales de Hacemos Unidos por Córdoba, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, el gobernador aseguró: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Es una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.

El encuentro fue articulado por el Ministerio de Desarrollo Humano, tras el pedido de entidades como la Fundación Converger, Capredis, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI). La consigna que enmarcó el encuentro fue contundente: “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”.

Llaryora pidió ampliar el apoyo político al reclamo: “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea común sobre esta ley, para ayudar a ser una sociedad más humana e integradora”. A su vez, destacó que Córdoba sostiene políticas públicas en la materia, aún en medio de un contexto nacional adverso: “Nosotros apoyamos con fondos específicos proyectos que potencian la independencia laboral de las personas con discapacidad”.

En representación del bloque legislativo, García Aresca advirtió que “esto no es un gasto, es una inversión”, mientras que Alejandra Torres expresó su compromiso de “trabajar para convertir esto en una política pública estable”. Carlos Gutiérrez, por su parte, afirmó: “No debemos retroceder en estas cosas. Vamos a seguir luchando por ello”.

Las organizaciones presentes fueron enfáticas en sus intervenciones. Carolina Armeloni, de Capredis, cuestionó el argumento del equilibrio fiscal: “Esta ley no tiene impacto fiscal, y si lo tuviera, el Gobierno nacional debe presentar una propuesta superadora”. Federico Galíndez, de Fundación Bonino, destacó que la actualización de aranceles representa apenas el 0,01% del PBI y reclamó: “¿Por qué el ajuste cae sobre la discapacidad?”.

Desde la Mesa de Trabajo en Discapacidad, Martín Passini apuntó contra lo que consideró una quita sistemática de derechos y Julia Domínguez (ATI) remarcó que “no se trata de generar deuda, sino de saldar una deuda histórica con nuestro sector”. Finalmente, la activista Gianna Mastrolinardo cerró: “Queremos dejar de soñar una vida digna. Queremos tenerla”.

Al cierre, la ministra Montero sostuvo: “La discapacidad en Córdoba es una política pública”, y detalló que la Provincia invierte 127.000 millones de pesos anuales a través de distintos programas y organismos: Apross, educación especial, acción social, deportes adaptados y fondos específicos del Ministerio.

“Es fundamental que el Estado nacional no se desentienda de sus responsabilidades”, concluyó.