Llaryora: “Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la presentación del proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que será tratada por la Legislatura provincial y que busca crear un régimen específico para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas y situaciones de abandono que representen un riesgo para la seguridad pública.

La actividad se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia de los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López; de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y del legislador Facundo Torres. La propuesta apunta a fortalecer la prevención del delito y la recuperación de espacios para la comunidad.

Durante el acto, Llaryora aseguró que la iniciativa constituye “una herramienta central” para profundizar la lucha contra el narcotráfico y afirmó que “Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico”. También expresó su expectativa de que la norma sea aprobada “con el consenso más amplio posible”.

El proyecto establece un régimen administrativo y judicial para actuar sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, además de edificios abandonados o deteriorados que favorezcan hechos ilícitos. Entre las medidas previstas se encuentran inspecciones, informes técnicos, cerramientos, clausuras provisorias, tapiados y bloqueos de accesos, respetando las competencias judiciales y el debido proceso.

El mandatario explicó que la iniciativa busca impedir que esos lugares vuelvan a convertirse en focos del delito. “La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir”, sostuvo.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, indicó que el proyecto surgió del trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y fiscales en situaciones vinculadas al narcotráfico y delitos comunes. El ministro explicó que evaluaron inmuebles y vehículos utilizados en delitos, muchos de ellos en estado de abandono o deterioro, que facilitaban la acción de asociaciones criminales.

López agregó que el gobernador pidió avanzar con un proyecto “sólido y, fundamentalmente, expeditivo”, para que las fuerzas de seguridad cuenten con una herramienta rápida y efectiva. En investigaciones vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la que podrá disponer desalojos, demoliciones o restituciones a sus propietarios.

Crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, para fortalecer la articulación entre organismos provinciales, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.

Quinteros sostuvo que la iniciativa “antes de ser una herramienta legal, fue una decisión política” y destacó el trabajo coordinado entre los poderes del Estado. Expresó que una política de seguridad requiere coordinación entre los tres poderes del Estado.

El proyecto establece que los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico tendrán un destino específico: el 60 por ciento será para fortalecer la FPA y el 40 por ciento restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

Municipios y comunas podrán adherir al régimen mediante convenios.

Por último, Llaryora repasó medidas impulsadas en materia de seguridad, entre ellas la creación de fiscalías antinarcotráfico en el interior, la incorporación de tecnología, el programa Cordobeses en Alerta y los narcotest a funcionarios. “Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo”, afirmó, y sostuvo que el proyecto “es un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses”.