Libertad de prensa y protección de fuentes

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó buscar grabaciones de cámaras de seguridad del Municipio de Vicente López en el marco de la causa denominada "de los cuadernos". El magistrado investiga como reaparecieron los cuadernos originales de Oscar Centeno en octubre de 2019, que son las anotaciones difundidas por la prensa y que permitieron iniciar la investigación más resonante por hechos de corrupción en la Argentina.

El dato saliente es que la decisión del juez procura dar con las fuentes de información del periodista que tuvo acceso a los cuadernos. Es decir, ante una denuncia interesada de un empresario involucrado en la causa, se procura ahora investigar a los informantes en lugar de poner la lupa en los graves hechos que denunciados por el periodismo.

Esta inversión de la lógica jurídica, según sostiene la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) configura "una advertencia sobre los riesgos que para los periodistas conlleva la tarea de investigar". En el mismo sentido, el Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) expresó que "se trata de un nuevo embate para criminalizar la actividad periodística. La medida viola el derecho constitucional de preservar el secreto de las fuentes de información y resulta intimidatoria para cualquier ciudadano que quiera colaborar con la prensa bajo la protección del sigilo de la fuente".

Es necesario recordar que la libertad de prensa se encuentra integrada necesariamente por el secreto profesional del periodista, que es un principio elemental en su función del comunicador. Además, está establecida taxativamente en el Artículo 43° de la Constitución Nacional: "No se podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodística", escribieron los convencionales constituyentes de 1994. Por lo tanto, no se puede obligar a los periodistas a violar el secreto que permite reunir y difundir datos que de otra forma no podrían obtenerse por las represalias que esto podría acarrear para la fuente.

La decisión del juez federal en cuestión pone en jaque este principio central de la vida en democracia. Y podría constituir otro eslabón en una escalada peligrosa para la libertad de expresión. Basta recordar que hace poco tiempo se creó un observatorio cuya función sería vigilar la aparición en los medios y las redes de supuestos "mensajes de odio" con el objetivo declamado de proteger a la población de las noticias falsas por ejemplo, pero con la sospecha de que existen otros fines que no pueden ser confesados públicamente.

En este punto, es importante entonces reafirmar que la libertad de prensa es condición primaria para que exista calidad de información. Si el poder limita y amenaza la actividad periodística, la verdad solo será la que emane de los despachos oficiales. Y la historia de la humanidad muestra que ese tipo de "verdades" han integrado casi siempre el universo de lo que hoy se denominan "fake news".